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Actualizado: hace 2 horas 8 min

Covid-19, la militarización de una pandemia

fai 21 horas 43 min

Pandemias a mí, dice el Gobierno, pero, ¿cuál de ellas, porque tenemos tantas y tan variadas? Expertos somos en el arte de mirar para otro lado, solo que todo deviene en retorcer, más aún, al autónomo. Sí, porque ahora, en cualquier caso, todos somos eso, autónomos, ya que cada uno ha de resolver los problemas que le tocan como mejor pueda, pero sin contar para nada con sus elegidos representantes a los que para mayor guasa no se sabe bien quién ni por qué han convenido en llamar progresistas. Ellos encantados y sacando tanto pecho como personal provecho. De una nueva hornada de neoliberales se trata, no otra cosa.

Pero quisiera ir más allá porque hay cosas, muchas, a las que no le encuentro explicación, empezando por el silencio mediático que, de hecho, implica resumir y explicarlo todo a base de cifras, datos, curvas, porcentajes, etc., cuya primera interpretación es que se trata de cortinas de humo para que nadie entienda nada, ni siquiera ellos mismos, porque hasta acaban creyéndose su propio montaje. Eso sí, atemorizando. Con miedo se gobierna mejor, nada ni nadie osará moverse y, por si esto no fuera suficiente, se movilizaron más medios de control policial y militar (represivos y coactivos) que recursos sanitarios. Es fácil deducir que el nuevo modelo sanitario de moda para atajar al Covid-19 se basa en curar con porras, no con sanitarios de bata blanca, así es la nueva legalidad neoliberal.

Y lo penúltimo, que todavía no lo último por ver, es al ejército haciendo de sanitarios, mientras que éstos o han emigrado o están en el paro. ¿Estamos ante una epidemia relacionada con la salud o, más bien, ante una simulación que trata de paralizar cualquier insurgencia social? No lo sé, motivos para la insurgencia sí los hay y parece que temor a que se produzca también.

Tanqueta del ejército patrullando en las calles de Gijón durante el confinamiento de marzo-abril de 2020

El Gobierno mal no, peor, y los medios de comunicación tradicionales, cómplices en primer grado. Es decir, todos a una, como en Fuenteovejuna, a ver quién recorta más y más las prestaciones sociales y, además, como en la rula, subastando las asignaciones hacia abajo.

No hay reglas de juego, no les convienen a ellos, así todo vale, porque si no estás de acuerdo te pones y si no a reclamar al maestro armero.

Lideramos las ratios de cada una de las pandemias que nos asolan: número de contagiados y muertos por el Covid-19, precio de la vivienda, desahucios, paro, precariedad en el empleo, falsos autónomos, emigración de titulados y hasta de médicos y demás profesionales de la salud, etc. Sin olvidar el Ingreso Mínimo Vital, la joya de la corona, que han distribuido como si de una lotería se tratara, ya que bien entrado el verano aún no había llegado al uno por ciento los que lo habían percibido. Y eso que lo han considerado como "vital". De vergüenza, si la tuvieran.

Y no echemos la culpa al Covid-19, porque esto de la precariedad, la pobreza y la exclusión social viene de lejos. Y aumentando.

La miseria, como todas las miserias, vienen de atrás, es acumulativa. Colapsos en la sanidad hay ahora y ya había cada año, de modo que las listas de espera y la saturación hospitalaria y en atención primaria siempre estaban disparadas y, el carro delante de las vacas como norma, un año tras otro. Aunque esto nos preocupa, parece que lo más inquietante es el misterio que rodea la ineficacia y la ineptitud de los que se califican como autoridades, de los responsables. Que el arribismo, junto con la ineptitud que tanto abunda en los clanes de la política, no parece suficiente para tanta torpeza y dejadez. Que tarden una semana en resolver un test de cualquier sintomático de Covid-19, que entonces sus contactos estrechos comiencen a ser controlados días después –si se controlan-, que los seguimientos, cuarentenas, y que medios y disposición para cumplirlas, queden en el aire o sujetas a las posibilidades de cada cual, va más allá de la presumible torpeza de las autoridades, llámense Simón, Illas o el misterioso equipo de "expertos" que dicen que los asesoran. Va más allá de la prepotencia del Gobierno y del postureo de la oposición que para otra cosa no están ni por asomo.

Tanta falta de planificación parece que está bien planificada. Conocimiento y medios hay, pero como el buen paño está en el arca. La pregunta sigue siendo por qué.

Cualquier infectado o cualquiera que haya estado en contacto estrecho, si deambula sin más, días y días sin control alguno, entra en la cadena de una transmisión de la infección exponencial. Y esto es lo que está sucediendo. Así no hay modo de erradicar ni esta ni ninguna otra pandemia.

Mientras los ambulatorios de atención primaria estén prácticamente cerrados nos encontramos como en una ciudad incendiada en la que las autoridades han diezmado a los bomberos. ¿Entienden esto nuestras insignes autoridades? Claro que sí y esta es la cuestión, ¿qué pretenden y hasta dónde quieren llegar cuando tan poco o nada están haciendo para erradicar la epidemia del Covid-19?

Las autoridades imponen que la responsabilidad es de los ciudadanos, exclusivamente, y si algo falla es nuestra culpa. Fíjense, todo su discurso se centra en cuatro cosas mal contadas, lavado de manos, mascarilla, distancia, nada de grupos y en aburrirnos con cifras y más cifras sin contextualizar y siempre como amenaza, atemorizando. Puede que algo de todo esto sea condición necesaria, pero, desde luego y en absoluto, para nada condición suficiente, ni de lejos.

Solo discursos vacíos y de contenido nada de nada. Ni hablar siquiera de dedicar una mínima inversión a mejorar y a ampliar los centros de salud primaria, hospitales, plantilla de sanitarios. Claro, ellos sí tienen plaza hospitalaria garantizada, seguro, los demás ya veremos, en el aire.

Mientras y de momento a gobernar a golpe de restricciones, pero no de más medios sanitarios, si no al contrario, cerrando centros de salud de atención primaria para que los hospitales se colapsen.

Controles policiales, toques de queda, alarmas y miedo, pero nada de más recursos sanitarios. Así nos va.

Foto: m.a.llana

www.asturbulla.org

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Actualidad africana: De la lucha contra la violencia policial a la innovación literaria

fai 21 horas 43 min

Mientras en Nigeria una protesta contra la brutalidad policial ha acabado cuestionando los pilares del sistema, las elecciones en varios países del continente ponen a prueba las costuras de la democracia; y en paralelo coinciden festivales literarios que ponen de manifiesto la efervescencia de las letras en África, sus innovación y la defensa de las lenguas nacionales en la producción cultural.

Carlos Bajo Erro

Ya sea por amplios procesos de protesta, por la voluntad de aferrarse al poder o por la combinación de la amenaza terrorista y la violencia desencadenada en su respuesta, las construcciones institucionales se tambalean en varios países africanos. Se tambalean ante los latidos de las calles llenas de ciudadanos y ciudadanas exigiendo poder decidir más. Al mismo tiempo, la cultura recibe la vibración de ese mismo pulso y la convierte en una lucha por preservar los rasgos más particulares a la vez que propone fórmulas innovadoras para su desarrollo y su difusión.

Contra la violencia policial

Comenzó de una manera casi espontánea y ha acabado convirtiéndose en la mayor movilización social de las últimas décadas, según algunos analistas. Una recurrente queja sobre la brutalidad policial ha encendido los ánimos en las calles de Nigeria y está planteando un pulso insospechado a las autoridades. El 3 de octubre un mensaje en Twitter denunciaba el enésimo atropello de los miembros del SARS, un comando especial de la policía nigeriana que fue creado para luchar contra robos, asaltos y secuestros y ha acabado fuera de control. Las organizaciones de defensa de derechos humanos, acusan a sus miembros de amenazas, de extorsiones constantes, de sustracciones e, incluso, de asesinatos. Las denuncias son recurrentes desde hace años y la población nigeriana acumula agravios y experiencias de abusos.

El mensaje del pasado 3 de octubre ha generado la tormenta perfecta en torno al lema #EndSARS. Primero avivó la actividad en las redes sociales. Más experiencias. Más víctimas. Más casos de violencia policial. Esta protesta sorda, recibió el apoyo de algunos de los personajes públicos más populares del país. La flor y nata del mundo espectáculo, de la música y el cine nigerianos y también de las redes sociales.

Estrellas con millones de seguidores en Twitter e Instagram hicieron de altavoz de la indignación que hace quince días se trasladó a las calles de las principales ciudades. Las autoridades se apresuraron a anunciar la disolución inmediata del SARS, un domingo a mediodía en una rueda de prensa improvisada. Pero la queja ya había derivado en una reforma de la policía que acabase con la corrupción y la violencia policial que no se agota en la unidad señalada. De ahí, los manifestantes, que han mantenido las movilizaciones en las calles, han pasado a identificar esa violencia policial como una muestra del mal gobierno al que hay que poner fin.

En los últimos días las autoridades ha abandonado la apariencia conciliadora, toques de queda, movilización del ejército y acciones policiales contundentes. Tanto que el martes, presuntamente, agentes de las fuerzas de seguridad dispersaron con fuego real un bloqueo masivo del peaje de Lekki, una de las principales entradas a Lagos, la ciudad más importante del país. Con al menos 15 muertos durante las protestas, ante esta escalada, la reivindicación de #EndSARS ha pasado a ser #EndBuhari con la que se reclama la dimisión del presidente del país, como responsable de ese mal gobierno.

En defensa de la democracia

Las elecciones del pasado 18 de octubre se produjeron en un clima de relativa calma que era poco previsible, teniendo en cuenta el nivel que había alcanzado la tensión durante los últimos meses en la República de Guinea. La participación del presidente Alpha Condé, que opta a un tercer mandato, gracias a una modificación in extremis que él mismo ha introducido en la Constitución, era la clave de las desconfianzas en torno a las votaciones. Una parte del espectro político y social había llamado al boicot de la elección y otra parte se había preparado para lo peor. Sin embargo solo hubo durante la jornada electoral algunas denuncias de fraude e incidentes puntuales.

Las informaciones difundidas durante la misma noche electoral por algunos medios de comunicación y una gran parte de los mensajes difundidos en las redes sociales apuntaban a la derrota de Condé y hacían a los y las ciudadanas guineanas contener la respiración. El precario equilibrio se quebró definitivamente cuando el principal candidato opositor Cellou Dalein Diallo salió al paso de una posible manipulación de los resultados y se proclamó vencedor de la contienda en la primera vuelta, antes de que se hiciesen públicos los resultados oficiales. A partir de ese momento se han desencadenado celebraciones en las filas de sus partidarios, pero también movimiento intimidatorios, como el bloqueo de Diallo en su propia casa y enfrentamientos en diferentes lugares del país.

En los últimos días, la tensión ha estado yendo en aumento a la espera de que la CENI (la comisión electoral independiente) termine de desvelar las incógnitas sobre el recuento. De momento se han registrado varios muertos en enfrentamientos entre los partidarios del candidato opositor y la policía.

Incertidumbre electoral

En las próximas semanas hay previstas otras dos elecciones que se celebrarán en un clima de considerable incertidumbre. Por un lado, los comicios en Tanzania donde el voto está previsto para el 28 de octubre y donde la clave es el severo retroceso del espacio cívico que se ha producido durante el gobierno de John Magufuli. El principal baluarte de la oposición, Tundu Lissu, regresó recientemente al país después de pasar por una serie de acusaciones penales y de recuperarse parcialmente de las secuelas de un atentado contra su vida en 2017. Además de los ataques directos contra la oposición y organizaciones de la sociedad civil, el régimen de Magufuli ha tenido especial inquietud en los últimos años por acallar las voces críticas en los medios de comunicación y por controlar el uso de las redes sociales y del entorno digital.

El segundo escenario de elecciones es Costa de Marfil, previstos para el próximo 31 de octubre que se celebran también bajo la sombra del tercer mandato. A pesar de haber anunciado que no comparecería a la renovación, el actual presidente Alassane Ouattara está entre los candidatos, lo que ya ha provocado manifestaciones y enfrentamiento en las calles. En los últimos compases de la carrera hacia las urnas, los candidatos de la oposición han coincidido en llamar a sus militante al boicot de las elecciones, lo que incrementa aún más la incertidumbre. Ouattara llegó al poder en 2011, precisamente después de una grave crisis poselectoral que se saldó con la intervención de tropas francesas y la detención del hasta entonces presidente Laurent Gbagbo.

Las víctimas de la violencia

El norte de Mozambique sigue siendo escenario de una violencia poco visibilizada. La emergencia y la rápida expansión de grupos extremistas que han intensificado su actividad en la provincia de Cabo Delgado ha desencadenado una espiral de violencia y de silencio. A medida que se ha hecho evidente la presencia de estos grupos armados, que en primer momento fue negada, se ha hecho más difícil documentar la actualidad en la zona e incluso prestar asistencia a las poblaciones afectadas.

Además de las noticias sobre la presencia de empresas privadas de seguridad (o mercenarios, según las denominaciones) en la zona. En los últimos meses se han extendido las denuncias en torno a las actividades de las propias fuerzas de seguridad en las operaciones antiterroristas. En septiembre, Amnistía Internacional alertó sobre la veracidad de algunos vídeos en los que se evidenciaban torturas y malos tratos en el escenario de un conflicto que según la organización se ha cobrado ya más de 2.000 víctimas. La Comisión Nacional de Derechos Humanos se unió después a la petición de una investigación independiente para poder descartar cualquier abuso en la zona. Mientras los medios y los periodistas tienen dificultades para obtener informaciones de primera mano, continúan llegando a diario desplazados a Pemba, la capital de la provincia, desde zonas más remotas donde se producen los enfrentamientos. Cabo Delgado, además de la provincia más alejada de la capital, es el escenario de la mayor explotación extractiva del país, con la minería de piedras preciosas, el gas y el petroleo.

La fiesta de las letras

Ayer comenzó el Ake Arts & Book Festival, una de la mayores citas literarias del continente africano y una auténtica celebración de las letras, que se prolongará hasta el próximo domingo. El festival prevé la participación de 700 artistas en más de 60 actividades, que este año se celebran virtualmente de manera que son accesibles desde cualquier lugar del mundo. En el programa aparecen presentaciones de libros como la conversación que mantendrán Maïmouna Jallow con Yvonne A. Owuor, autora de The Dragonfly Sea; o la esperadisima Maaza Mengiste, que hablará sobre su novela The Shadow King con Rémy Ngamije. Además el festival reserva un espacio privilegiado para los debates con un elevado contenido crítico. Desde los paneles sobre “Por qué África necesita gigantes feministas” o “Descolonizar África en el tiempo feminista”, hasta reflexiones sobre los nuevos liderazgos y la canalización de la ira para el cambio, pasado por el uso de las tecnologías y el papel de las redes sociales o la literatura queer, sin escatimar un espacio para la reflexión sobre el afrofuturismo, que se está haciendo un espacio artístico y político. La mayor parte de las actividades son gratuitas y se pueden reservar entradas en la web del festival.

A partir del lunes se celebra también un festival más modesto por sus dimensiones pero con un enfoque evocador. El AfroLit Sans Frontières, que fue una de las primera citas virtuales que se organizaron durante los confinamientos motivados por la pandemia, celebra su sexta edición desde marzo. Durante una semana se han programado dos sesiones diarias que se desarrollan a través de los perfiles de redes sociales del festival. En esta ocasión, el hilo conductor de los encuentros son las lenguas africanas, de manera que cada uno de los ocho días estará consagrado a un idioma diferente: Kiswahili, hausa, lingala, ewe, isiZulu, amharic, yoruba y shona.

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/actua...

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Covid-19, autoritarismo e izquierda confinada

30 October, 2020 - 00:01

José R. Loayssa
Médico de familia. Trabaja en urgencias del Servicio Navarro de Salud. Ha tenido amplias actividades y responsabilidades docentes e investigadoras.

Ariel Petruccelli
Profesor de Historia en la Universidad Nacional del Comahue (Argentina). Autor de “Ciencia y Utopía” y “El marxismo en la encrucijada”

En muchos países se ha establecido, con distinta intensidad, una censura a cualquier opinión crítica ante la gestión de la pandemia del Covid-19 y de las medidas tomadas por los gobiernos. Las personas críticas con estas políticas son a menudo acusados de negacionistas y pseudocientíficos. Esos términos han sido repetidos en los medios como formula para hurtar un debate necesario, tanto a nivel científico como político. Se llega a acusar de negar no solo la gravedad del SARS-COV 2 sino la propia existencia del virus. A esto se añade otro calificativo: “cospiranoicos”. Tomando como prueba manifestaciones aisladas de algunas personas, se generalizan imputaciones a quienes se oponen a las restricciones autoritarias, como si uniformemente defendieran que el virus ha sido creado en laboratorio, o que la pandemia es en realidad el resultado de una conspiración dirigida por élites internacionales y en la que participan, según las versiones, diferentes agentes del mundo de los medios de comunicación, los gobiernos y las élites económicas. Todo a través de una acción coordinada y secreta.

Por razones de espacio y de los limites lógicos de la paciencia del lector, no vamos a abordar en detalle el atractivo y la profusión de las razones del negacionismo o de las teorías conspiracionistas. El, en ocasiones, mal llamado negacionismo se apoya en la abundante evidencia de la manipulación informativa en que incurren con frecuencia Gobiernos y medios de comunicación. Divulgan informaciones poco exactas y ello hace que tanto gobiernos como medios gocen, en general, de poca credibilidad. Por otra parte, las teorías conspiracionistas tienen un evidente atractivo: presentan explicaciones sencillas, claras y contundentes a fenómenos complejos y difíciles de entender, y conectan con el modo de razonar en la vida cotidiana y en nuestro marco explicativo habitual. Tenemos una tendencia atribucionista y achacamos la responsabilidad de los eventos a la acción de las personas, obviando el decisivo papel de los contextos sociales e institucionales. Por otra parte, también existe una tendencia hacia el funcionalismo: lo que causa algo es aquello que se beneficia de su existencia (el criminal es quien se beneficia del delito).

Máscaras que llevaron los médicos durante la peste negra que arrasó Europa en el siglo XIV. Foto: WIKIPEDIA.

Acusar de conspiración no implica ningún compromiso con la demostración de su existencia, porque el propio hecho de que exista esa conspiración supone que los “conspiradores” tienen los medios necesarios para evitar que sus maniobras queden expuestas. Las imputaciones quedan como sospechas e insinuaciones que contaminan el debate, pero no lo favorecen. La conspiración no invita a la búsqueda de argumentos y datos empíricos que respalden las aseveraciones, ya que se apoya en pruebas circunstanciales y coincidencias fortuitas, y no se acompaña con análisis de su verosimilitud, confrontación de pruebas, ni contraste con explicaciones alternativas.

Pero, sobre todo, no subscribimos esas posturas aplicadas al Covid-19 porque creemos que no hay razones suficientes para pensar que el virus fue artificialmente creado, que la respuesta a su difusión estuviera diseñada y constituyera un plan previo de ninguna camarilla poderosa. Creemos que todo fenómeno político social se tiene que analizar como tal, tomando en cuenta la fuerzas y factores que lo originan, condicionan su evolución y lo transforman. Por supuesto que hay personas, grupos e instituciones con intereses y objetivos propios, pero creer que pueden controlar el desarrollo de acontecimientos tan amplios como la pandemia del Covid-19 y las medidas que toman la casi totalidad de los gobiernos es insensato... y solo se puede traducir en impotencia. Esto no significa que haya que olvidar la capacidad de los poderes económicos y políticos para aprovechar cualquier situación, no solo para vender mascarillas, sino para establecer climas intimidatorios y autoritarios, o propiciar reconfiguraciones de gran calado en las relaciones sociales, laborales, sanitarias o escolares.

Un autoritarismo más contagioso que el virus

Nuestra impresión es que, inicialmente, los gobiernos entraron en la lógica del autoritarismo, la represión y la desinformación alarmista debido a su propio pánico. Los políticos no quisieron aparecer como responsables por omisión, e interpretaron que los excesos para “salvar vidas” serían juzgados con benevolencia. Luego fueron devorados por el propio discurso que habían articulado: no hubo forma de modularlo o modificarlo, bajo la presión de unos medios de comunicación de masas dispuestos a hacer negocio con el lado truculento de la pandemia. ¿Qué responsable político o sanitario se atreve a decir “exageramos un poco la dimensión de la pandemia”, cuando las medidas tomadas ya han tenido consecuencias terribles? Como ha dicho Ioannidis: la reacción de los Gobiernos se puede describir con la imagen de un elefante que, asustado porque confunde un gato doméstico con una pantera, salta a un precipicio. Es verdad que no estamos ante un gato doméstico, pero tampoco ante una pantera.

Cuatro factores parecen haberse conjugado para que la inmensa mayoría de los países adoptaran medidas de confinamiento, de una intensidad y magnitud sin antecedentes históricos, ante un problema sanitario importante pero en modo alguno catastrófico. El primero es que las medidas adoptadas inicialmente por China sentaron un precedente. Pero se obvió que China ya ha recurrido a cuarentenas en epidemias pasadas, y se omitió que el confinamiento no fue en todo el país, sino en un única provincia (no implica el mismo esfuerzo ni se requieren los mismos recursos para confinar una parte que una totalidad). El segundo es el tremendismo sin parámetros ni parangón con que los medios masivos de comunicación manejaron la información, y que fue replicado y amplificado por las redes sociales. El tercero es que una serie de textos, sobre todo el de Neil Fergusson y el de Tomas Pueyo, presentaron previsiones modeladas que entrañaban un escenario de catástrofe con millones de muertos, y convocaron implícitamente a una estrategia de supresión del virus que carecía de precedentes. El cuarto es que, desbordadas por la situación dramática en Lombardía, las autoridades italianas, que no sabían muy bien qué hacer, decidieron confinar a todo el mundo, desencadenando de allí en más un efecto cascada: los gobiernos asumieron que pagarían políticamente caro dar muestras de indecisión o tibieza, y que cualquier exceso en nombre de la salud pública les sería perdonado. Y era una buena manera de ocultar, en nombre de lo inmediato, la decadencia de los sistemas sanitarios públicos, víctimas de recortes presupuestarios implementados, en mayor o menor medida, por autoridades de todos los signos políticos en los últimos lustros.

Pero ha habido una enorme desproporción entre la amenaza y la reacción. Y una confianza infundada en la eficacia de las cuarentenas indiscriminadas, así como una ceguera ante las consecuencias de las mismas. Pero, sobre todo, ha faltado un debate público sereno e informado. Un manto de irracionalidad cubrió la discusión de la pandemia, tanto entre los pronosticadores de catástrofes apocalípticas partidarios de confinamientos de un alcance y magnitud sin antecedentes, como entre los “conspiranoicos” negacionistas de la existencia del virus. Las autoridades se cubrieron las espaldas con comités de expertos, a la vez que actuaba dominadas por un pánico irracional. En uno de los documentos que ha tenido mayor impacto político, Ferguson previó hasta cuarenta millones de muertos en el mundo y abogó por una estrategia de supresión del virus asentada en estrictos confinamientos. En ese mismo texto, estimaba que el confinamiento debería producirse por unos 18 meses, tiempo mínimo en el que estimaba podría estar disponible una vacuna, aunque alertando que posiblemente al principio no fuera del todo efectiva. Los gobiernos asumieron el escenario de catástrofe y se plegaron a la medida (cuarentena), pero omitieron —en un reflejo de perversa inteligencia— decir que el encierro debería durar quizá un año y medio. La población podía aceptar un encierro por dos o tres semanas, ¿pero hubiera aceptado esa medida sabiendo que debería durar acaso 18 meses? Y aún queriendo: ¿era viable sostener un encierro por un tiempo tan prolongado y en el mundo entero? En medio del pánico, estas incómodas preguntas fueron dejadas a un lado, y quienes criticaron la viabilidad de las medidas draconianas y alertaron de las consecuencias nocivas de las mismas fueron ignorados o despachados con descalificaciones ad hominem: “eso es lo que dicen Trump y Bolsonaro”.

Su reacción desmesurada —y no asumir ninguna autocrítica— vino de la mano de la negación de cualquier debate y de cualquier contraste sobre la interpretación y las consecuencias prácticas que los datos que la evolución de la pandemia iban aportando (así como los conocimientos sobre el fenotipo y el genotipo del virus y su dinámica de transmisión). La deslegitimación de las críticas por “conspiranoicas y negacionistas”, ha servido, y sirve, para evitar la discusión científica. Así se han arrinconado las discusiones sobre la morbilidad y letalidad del virus, o la importancia epidemiológica del contagio por asintomáticos.

La efectividad de los confinamientos y cuarentenas, cuestión relacionada con la morbimortalidad del virus, debería también estar sujeta a debate. No existen pruebas de que las medidas tomadas en la primavera boreal hayan sido efectivas, aunque haya trabajos que lo afirmen. Podríamos añadir otros aspectos en los que existe debate científico, pero nos limitaremos a añadir uno más, de gran importancia por su repercusión: el uso de la mascarilla al aire libre. En realidad, las pruebas en este caso se inclinan claramente en contra de su efectividad. Su potencial de evitar contagios es irrisorio, teniendo en cuenta además que toda la información disponible reafirma que los contagios se producen básicamente en espacios cerrados.

En cualquier caso, a estas alturas ya está claro que la estrategia de supresión ha fracasado: el virus continúa circulando tras siete meses de restricciones. La mismísima OMS ya considera que el SARS-COV 2 podría volverse endémico. Sólo en un sitio en que el virus circuló comunitariamente pudo ser suprimido: Wuhan. Pero, incluso en China, comienzan a aparecer nuevos contagios. Hay países que han logrado aislarse del virus, o que no circule profusamente, pero en tales casos, la clave ha residido en la detección temprana y el aislamiento selectivo de enfermos, y no en el encierro generalizado (que en algunos casos no se aplicó, y que en otros ya se suspendió en gran medida, como en Uruguay).

No olvidemos que se ha evitado la entrada del virus gracias al cierre de fronteras. ¿Qué sucederá en esos países cuando se abran? Para que la supresión realmente funcione como estrategia es necesario que todos los países (y no sólo algunos) sean capaces de eliminar la cadena de contagios. Un objetivo imposible ante un virus de alta contagiosidad, porque es imposible mantener a la totalidad de la población casi sin contactos entre sí (incluso por períodos breves). Incapaz de suprimir el virus, el gran encierro devino, de hecho y sobre la marcha, en estrategia de mitigación. Pero como tal se reveló funesta: entraña todas las consecuencias negativas de las acciones draconianas en términos psicológicos, políticos, laborales y educativos, sin alterar significativamente (a largo plazo) la cantidad de contagios y decesos producidos por el Covid-19. Demora el proceso sin modificarlo radicalmente. Más aún: puede empeorar la situación sanitaria, por tres razones. La primera es la desatención de otras enfermedades. La segunda es que la prolongación excesiva del proceso disminuye las defensas de la población: ni la falta de sol ni el estado generalizado de stress ayudan al sistema inmunológico, y cuanto más dure la pandemia menos probable es proteger eficientemente a la población vulnerable, que sí debería mantener cierto aislamiento importante (pero voluntario). La tercera es que un encierro demasiado estricto facilita ulteriores rebrotes, al quedar demasiada población susceptible de ser contagiada. Esto es algo que muestra muy bien la comparación actual de España con Suecia, por ejemplo. Pero, curiosamente, en su estudio comparativo de las medidas adoptadas por diferentes ciudades estadounidenses durante la pandemia de 1918, el propio Ferguson había mostrado que los mejores resultados los obtuvieron aquellas ciudades que adoptaron medidas moderadas, y no aquellas que tomaron medidas más radicales, sólo para verse expuestas a segundas olas.

Invocar a la ciencia, traicionar su método

Desde el principio de la pandemia, los responsables políticos han afirmado una y otra vez, que las medidas se tomaban en función de las recomendaciones científicas y de lo que proponían los “científicos”. Lo hicieron con un tono y de una manera que eran una apuesta implícita por la tecnocracia, por el gobierno de los “expertos”. Apelación peligrosa, porque implica negar la esencia de la propia política, que supone conflictos de perspectivas e intereses. Estas peticiones de “gobernanza” de los técnicos sintonizan con el desprestigio de los partidos del sistema y de los políticos, y favorecen salidas autoritarias, cuando no fascistas. Los políticos estimulan esa reacción, cuando se cubren bajo el paraguas de los técnicos para decisiones que, como luego veremos, son más explicables desde sus propios intereses. Que personas críticas con el capitalismo hayan asumido acríticamente la sumisión ante las “expertas” (pieza basal del neoliberalismo), es todo un signo de los tiempos.

Pero es que, además, se invoca la opinión de la comunidad científica cuando hay notorias faltas de consenso. Desde el primer momento, hubo variedad de análisis y propuestas —de instituciones o de científicos individuales—, a la que la mayoría de la ciudadanía no accedió debido al bloqueo informativo. En consecuencia, la mayoría de la población ha aceptado la versión gubernamental de la pandemia, asumiendo los sacrificios y consecuencias de unas medidas draconianas que han destruido la economía y la vida social en buena parte de los países del globo, y que han producido daños ingentes en la salud física y mental que supuestamente trataban de proteger.

Porque si algo necesita la ciencia, es debate y dialogo. La información científica no son dogmas religiosos ni verdades indiscutibles. Sus conclusiones se basan en datos que pueden tener diferentes grados de veracidad. Su interpretación no es unívoca: requiere análisis, criticas y discusión. A pesar de que tenga todavía credibilidad ante la mayoría de la población, las contradicciones afloran, y cada vez es más difícil ocultar que hay científicos discrepantes a los que difícilmente cabe acusar de negacionistas. Es verdad que todavía se silencian las voces criticas, como ha ocurrido con 300 profesionales y científicos franceses cuyo llamamiento ha sido censurado en un periódico de gran tirada y que solamente Mediapart ha difundido. Sin embargo, empiezan a trascender opiniones críticas. Estos días hemos conocido un nuevo manifiesto encabezado por tres autoridades de Salud Pública y Epidemiología. Revistas prestigiosas han hecho llamamientos a la necesidad de un debate científico sobre las medidas a tomar. Y la apuesta por una estrategia dirigida a la protección de la población vulnerable tiene cada día más seguidores, una estrategia que ya en mayo fue propuesta en el BMJ por epidemiólogos como David Spiegelhalter.

Pero nuestros Gobiernos no aceptan la necesidad de ese debate científico. Ni quieren cambiar de guión, ni aportan argumentos sólidos. Así, los responsables gubernamentales se han convertidos en “negacionistas”. Tras las proclamas de que se han salvado miles de vida, no hay evidencias contrastables. Niegan una y otra vez un balance costo-beneficio de las medidas tomadas y no justifican su proporcionalidad. Se reconocen las consecuencias económicas del confinamiento y de la paralización económica y social pero no se quiere discutir si realmente eran inevitables. Se soslayan las consecuencias del clima social que se ha creado, los enfrentamientos entre la población y los progromos contra jóvenes que, en muchos casos, han perdido un año de sus estudios, han tenido la vida educativa, social y cultural clausurada durante meses, y ahora se mueven en la penumbra vital.

Las verdaderas razones de una gestión autoritaria

En un repaso a las medidas tomadas por los diferentes Gobiernos y su grado de impacto, se ha sugerido que existe una asociación entre el alcance de las restricciones impuestas y el grado de deslegitimación de la “clase política” y las teóricas instituciones representativas de la ciudadanía. Se ha pretendido restaurar la aceptación de los representantes políticos subrayando su papel como “salvadores de vidas”. Se ha promovido que la población acosada por el miedo buscara resguardo bajo el paraguas de la autoridad.

El autoritarismo se ha apoyado también en los argumentos de que no se puede confiar en la responsabilidad individual o colectiva: la ciudadanía necesita ser guiada con palo y la zanahoria, y acepta el castigo si se “porta mal”. Precisamente, la negativa al debate público se justifica en que la población no está preparada y necesita instrucciones. Esta visión infantilizada de la ciudadanía exige que el Gobierno no muestre debilidad, que no muestre dudas o incertidumbres. En el caso de España, enlaza con esa cultura franquista basada en que el pueblo necesita mano dura. No faltan comentarios racistas sobre el sentido de la responsabilidad en la Europa meridional, supuestamente menor que el de otras latitudes.

En suma, se ha mantenido el discurso del miedo a pesar de su enorme costo y de que genera un estrés psicológico masivo que mata directa e indirectamente. La desinformación es constante, se ocultan los datos y opiniones contrarias a mantener el “estado de excepción”. Se difunden informaciones sobre la probable transmisión del virus por aerosoles (sólo segura en circunstancias muy concretas, como los ambientes cerrados y hacinados), con el animo de crear sensación de vulnerabilidad. Se juega constantemente con las palabras y sus significados. Se habla de contagios refiriéndose a los PCR, cuando sabemos que existe un porcentaje no despreciable de falsos positivos. En los primeros momentos de la pandemia, se hablaba también de contagios cuando se trataba de casos, es decir de personas con síntomas y además significativos, lo suficientemente graves como para acudir al hospital (único lugar de España donde se realizaron pruebas de PCR durante los meses de marzo y abril). En consecuencia, los contagios de ahora (personas asintomáticas o con síntomas leves) no son los mismos que entonces, cuando representaban la punta del iceberg.

La realización indiscriminada de PCR sirve para justificar la idea de que estamos en la misma espiral, y de que nos acercamos al precipicio de la saturación de servicios. Hay que recordar que en España ni siquiera en primavera existió un desbordamiento inusual (la temporada gripal llena las UCIs y los pasillos de camas en muchas ocasiones), salvo en momentos puntuales y en lugares concretos. Lo mismo puede decirse de Argentina, aunque la cronología es un poco posterior.

Hasta hace no hace mucho, Argentina era ejemplar para los defensores del “talibanismo sanitario”: confinamiento severo y muy temprano. Aunque la pobreza se disparara, el desempleo aumentara y los niños se quedaron sin clases, por un tiempo, Argentina ofreció cifras de contagio y de mortalidad absolutamente menores que, por ejemplo, España o Brasil. Pero ya no. O no tanto. Los muertos por millón se aproximan a España y a Brasil, el “vecino irresponsable” con el que se la comparaba cuando la comparación era favorable. Hace tres meses Argentina tenía 15 veces menos de muertos por millón que Brasil; hoy alcanza las dos terceras partes de los guarismos brasileños, y acercándose. El gobierno argentino responsabiliza a la población, que ya no respeta el aislamiento. ¿Pero a quién se le puede ocurrir que la población entera de un país puede permanecer encerrada en sus casas durante siete meses? A los estrategas del confinamiento se les olvidó pensar que un encierro total sólo puede ser breve. Afrontaron, contra toda lógica y probabilidad, una epidemia de virus respiratorio como si fuera una tormenta de arena.

No obstante, aunque en cifras de muertos por millón atribuidos al Covid-19 Argentina posea cifras parecidas a las de España, en exceso de mortalidad no es así. De hecho, hasta el momento, la suma de decesos por Covid-19 y por otros virus respiratorios no supera a la del año pasado, cuando no había pandemia. En buena medida, los decesos por covid-19 de este año han reemplazado a los de Enfermedad Tipo Influenza y neumonía. La población argentina vive aterrorizada por una epidemia que dista de haber incidido severamente en su mortalidad, y que se halla lejos del impacto que tuvo en España, en parte porque la población mayor de 65 años es mucho menos numerosa. Uruguay, con restricciones ya muy leves y casi sin casos ni fallecimientos por covid-19, permanece sin embargo todavía presa del miedo. Recientemente, un grupo de padres y madres de una organización en defensa de la escuela pública, conocida por apoyar las reivindicaciones y huelgas docentes, se ha movilizado en favor de la plena presencialidad en las escuelas (en España también se ha percibido un estado de animo similar entre muchos padres y madres). Pero muchos trabajadores y trabajadoras de la educación son reticentes, a pesar de que todos los estudios indican que los niños se contagian poco, casi no contagian a otras personas y, en general carecen de síntomas o los tienen muy leves: el pánico no sabe de razones ni proporciones.

las consecuencias y la ceguera de la izquierda

La gestión política de la pandemia ha mostrado que los poderes económicos no pueden definir de forma precisa e inmediata la acción de las instituciones públicas, aunque si condicionarla decisivamente a medio y largo plazo.

Entre tanto, las élites empresariales han jugado su papel. Tanto en España como en Argentina han bloqueado iniciativas progresistas y han puesto límites para garantizar sus intereses frente a los gobiernos. Y, en paralelo, las fuerzas del “capitalismo digital” y del “capitalismo de la vigilancia” han dado pasos firmes. Mientras la población del planeta continúa aterrorizada por una pandemia cuya amenaza ha sido exagerada hasta lo indecible, las corporaciones digitales colonizan a paso redoblado la educación, el ocio, el comercio, y las relaciones sociales. Raquel Varela no exagera cuando afirma que el teletrabajo es contrarrevolucionario.

En España, las nacionalizaciones están fuera de la agenda, y el plan de reconstrucción encaja en una óptica neoliberal. El PSOE es el gran beneficiado, de momento, en términos de apoyo de la opinión pública, Unidas Podemos ha sufrido un eclipsamiento notable. En Argentina, luego de un breve momento de gloria, el Gobierno de Alberto Fernández se muestra cada vez más débil, con una economía en severa recesión, millones de puestos de trabajo perdidos según las propias cifras oficiales, el colapso educativo y sin poder mostrar buenos índices en el manejo de la pandemia. A su vez, el macrismo ha impuesto el aislamiento social allí donde gobierna, aunque hace rato que sectores de la derecha se movilizan contra de las restricciones. Las fuerzas de izquierda, por su parte, aunque críticas de los excesos autoritarios del confinamiento y de los abusos patronales, no han sido capaces de oponer otro abordaje a la crisis sanitaria.

Desde el momento en que las fuerzas de izquierda no supieron oponerse frontalmente a la estrategia sanitaria dominante, y asumieron el discurso de que estamos ante una epidemia cataclismática frente a la que hay que adoptar medidas extraordinarias, la defensa de las libertades ciudadanas fundamentales se vio debilitada. No faltaron voces que, como el secretariado unificado de la IV internacional, apoyaron sin reservas una imposible estrategia de supresión del virus y llamaron genocidas y “socialdarwinistas” a quienes planteaban que había que aceptar que no “todas” las vidas son salvables sin condenar a otras muchas a sufrir y a morir por otras causas. Bolsonaro y Trump fueron tomados como coartada para alinearse con la mayoría respetable de los representantes políticos del capital internacional, del que ambos son bufones útiles. Se practicó una suerte de campismo: el enemigo principal son esas figuras odiosas, no el establishment político en conjunto. De manera sorprendente, no faltaron quienes acusaron a los que denunciábamos las consecuencias sociales y económicas que entrañaría el confinamiento de anteponer la economía a la vida. Pero no se puede confundir las consecuencias económicas con la defensa de los beneficios del capital. Se trata, más bien, de poner en consideración la tragedia que representa poner en riesgo el sustento material de las clases populares. Porque al final, es probable que el confinamiento salve unas pocas vidas de la clase media, pero hundirá aún más a los sectores desfavorecidos: muchas otras vidas se perderán, aunque sea sin el certificado de defunción del covid.

La amenaza real del virus no justificó nunca tamaño tremendismo. Con tanto horror difundido día y noche parece difícil de creer, pero lo cierto es que el 99,8 % de los infectados por el SARS-COV 2 sobreviven, como revela un reciente estudio de John Ioannidis. La propia OMS, aunque continúe insuflando temor a diestra y siniestra, reconoce que sus mejores estimaciones indican que ya pudo haberse contagiado el 10% de la población del planeta. En tal caso, la tasa de letalidad del covid-19 sería del orden del 0,14 %, a años luz del 3,5 % que postuló la misma organización allá por marzo.

Que salvo contadas excepciones (Suecia sobre todo) la inmensa mayoría de los estados hayan implementado severas restricciones puede dar algún consuelo a quienes analizan los sucesos en clave nacionalista (“nos equivocamos, pero todos hicieron lo mismo”)... y no ven más allá del capitalismo. Pero para quienes quieran mirar más allá del actual sistema, y hagan un análisis de clase, la gran uniformidad de la respuesta de las autoridades de los estados capitalistas dice otras cosas y no proporciona ningún consuelo. Puede entenderse que la burguesía y las clases acomodadas se sintieran especialmente vulnerables ante un virus que las afectaba de manera directa y difícilmente controlable. Hace años que los amos del mundo sueñan con vencer a la muerte. Sus médicos-ideólogos se empeñan en considerar a la muerte como un “problema técnico”, que la ciencia podrá arreglar en breve, y sus filósofos de cabecera especulan con que en un futuro inmediato la inmortalidad será una posibilidad para los ricos.

Quienes lean estas líneas podrán pensar que la búsqueda de la inmortalidad es una tontería. Y sin duda tendrán razón. Pero es una búsqueda en la que está empeñada mucha gente de la clase dominante. Son los nuevos alquimistas. Quizá parezca extravagante y, sin duda, lo es, lo cual no quita para que sean creencias influyentes en círculos económica y políticamente poderosos. En una conversación pública de 2015 entre Yuval Harari y Daniel Kahneman, que no son precisamente dos ignotos “conspiranoicos”, sino un escritor de Best Sellers y un Premio Nobel de Economía, el primero dice con pesaroso fatalismo que para la gran mayoría, la mejor opción ante una vida sin valor y sin sentido, será una combinación de drogas y videojuegos. Para las elites, en cambio, el futuro es la inmortalidad.

A esas elites que se creían a las puertas de solucionar el “problema técnico” de la muerte, la aparición de un virus como el SARS-COV 2 las enloqueció. Literalmente. Pero que su perspectiva haya sido asumida por las clases trabajadoras (expuestas regularmente a problemas sanitarios más graves que el covid-19) muestra la hegemonía de los valores y creencias burgueses y la escasa autonomía de las clases populares. En los últimos meses se denunciaron negacionismos y negacionistas de todos los colores. Pero hubo un negacionismo del que casi nadie ha hablado: el negacionismo de la muerte, el horror a morir.

Que la izquierda radical haya sido en general presa del pánico al igual que la derecha, el centro y la izquierda reformista, asumiendo además la hipótesis de la eficacia y viabilidad del encierro, es un indicio de falta de autonomía ideológica. Que se haya descartado la posibilidad de proteger a la población vulnerable como cosa imposible, creyendo al mismo tiempo que sería posible proteger a toda la población, habla bastante a las claras de la pobreza intelectual franciscana y de la carencia de toda lógica en el debate público contemporáneo. Que la creencia en que la vacuna será la solución a la pandemia se haya impuesto con tan pocas críticas muestra la eficacia de la propaganda de los laboratorios, la expropiación de la salud por el capital y la escasa independencia de la izquierda en términos de política sanitaria (indispensable el reciente escrito de Juan Gérvas). Que algunas fuerzas de izquierda defiendan abiertamente la política de confinamiento resulta especialmente incomprensible: los segmentos más pobres de la población carecen de viviendas adecuadas para confinarse; los “trabajadores esenciales” deben continuar con sus labores (a diferencia del grueso de las clases alta y media). La pérdida de clases afecta más a los pobres que a los ricos, y el encierro aumenta el desempleo, la miseria y las desigualdades.

Aunque sería exagerado decir que las organizaciones de izquierda apoyaron sin reservas la estrategia de “supresión del virus” y las cuarentenas masivas, lo cierto es que, en general, no se opusieron de manera frontal. Criticaron sus excesos o algunas facetas, no su naturaleza. El hábito tacticista de tratar de acompañar las demandas de las masas, dejó al grueso de las organizaciones de izquierda desarmadas cuando lo imperioso fue cuestionar el “sentido común”. Y el retroceso generalizado de la cultura de izquierda dificultó la elaboración de una comprensión propia e independiente de los problemas sanitarios: en el fondo, son problemas en los que nunca habían pensado demasiado. Por ello, se optó por lo que parecía la “vía más segura”. Pero en las grandes crisis, las vías “más seguras” suelen ser contraintuitivas.

Nos jugamos mucho. Porque contrariamente a lo que pudiera parecer, la ideología no se sustenta en el adoctrinamiento de los medios de comunicación sino en las prácticas sociales que reflejan la forma de ver el mundo (eso es el fetichismo de la mercancía de Marx). En esta pandemia la población puede “aprender” que necesitamos gobiernos y estados fuertes, que el ejército está para proteger la salud de la población, que cualquier semejante puede ser un peligro y un largo etcétera. La desconfianza y las tendencias individualistas y anticomunitarias se pueden reforzar. La élites dominantes no van a dejar de tomar notas de las potencialidades del uso de la biopolítica (la pulsión a aferrarse a la vida como mero pálpito biológico), el estado de excepción y la manipulación del miedo colectivo.

Y si la izquierda consecuente no saca lecciones de su incapacidad para postular un modelo alternativo en la gestión de esta grave crisis, el futuro será desolador.

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/coron...

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Fita històrica del pacifisme: Ja tenim aquí el Tractat per a la Prohibició de les Armes Nuclears!

30 October, 2020 - 00:00

Más abajo, en castellano

Fita històrica del pacifisme: Ja tenim aquí el Tractat per a la Prohibició de les Armes Nuclears!

El gran moment finalment ha arribat: el Tractat de l'ONU sobre la Prohibició de les Armes Nuclears (TPNW) acaba d'assolir les 50 ratificacions necessàries per a la seva entrada en vigor!

Aquest passat 24 d'octubre, Hondures va ratificar el Tractat, només un dia després que Jamaica i Nauru presentessin les seves ratificacions, el que va suposar una fita històrica per al moviment pacifista de tot el món. En 90 dies, el 22 de gener de 2021, el Tractat entrarà en vigor i es convertirà en llei internacional vinculant.

El Centre Delàs d'Estudis per la Pau, com a membre actiu de la campanya internacional ICAN (Campanya Internacional per a l'Abolició de les Armes Nuclears), celebra aquest gran pas cap a un món lliure de l'amenaça de les armes nuclears. Al seu torn, des del Centre Delàs, s'insta al Govern espanyol de coalició a complir amb el seu compromís de signar el tractat i així contribuir a la pau mundial amb una veritable mesura de construcció de pau com és donar passos cap a l'eliminació de l'amenaça nuclear.

Ves a la nostra web per saber-ne més:
http://centredelas.org/actualitat/f...

Hito histórico del pacifismo: ¡Ya tenemos aquí el Tratado para la Prohibición de las Armas Nucleares!

El gran momento finalmente ha llegado: ¡el Tratado de la ONU sobre la Prohibición de las Armas Nucleares (TPNW) acaba de alcanzar las 50 ratificaciones necesarias para su entrada en vigor!

Este pasado 24 de octubre, Honduras ratificó el tratado, solo un día después de que Jamaica y Nauru presentaran sus ratificaciones, lo que supuso un hito histórico para el movimiento pacifista de todo el mundo. En 90 días, el 22 de enero de 2021, el Tratado entrará en vigor y se convertirá en ley internacional vinculante.

El Centre Delàs d'Estudis per la Pau, como miembro activo de la campaña internacional ICAN (Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares), celebra este gran paso hacia un mundo libre de la amenaza de las armas nucleares. Al mismo tiempo, desde el Centre Delàs, insta al Gobierno español de coalición a cumplir con su compromiso de firmar el tratado y así contribuir a la paz mundial con una verdadera medida de construcción de paz como es dar pasos hacia la eliminación de la amenaza nuclear.

Lee más sobre la entrada en vigor del Tratado aquí:
http://centredelas.org/actualitat/f...

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Democracia

30 October, 2020 - 00:00

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We are not your soldier!

29 October, 2020 - 00:00

Hola, mi nombre es Hallel Rabin. Soy una objetora de conciencia de 18 años de un kibbutz israelí y mañana seré enviada a prisión por el ejército israelí. Justo antes de que Rosh Hashanah, el Año Nuevo Judío, me negué a unirme al ejército israelí y fue retenida en prisión militar durante las vacaciones. Ya llevo 14 días encarcelada, porque no quiero ser soldado de la ocupación de Palestina. Traté de pedir exención por motivos de conciencia, pero el ejército se negó a concederla. En cambio, me han enviado a prisión una y otra vez para romper mi espíritu. Mañana me encarnaré por tercera vez en el transcurso de un mes.

Estamos viviendo en un período de cambio y lucha. En todas partes del mundo, los jóvenes están luchando por la democracia real y están utilizando la desobediencia civil para combatir el racismo y la injusticia. Pero para los palestinos las injusticias del pasado siguen prevaleciendo. En los territorios ocupados por Israel, se niegan constantemente los derechos humanos y las libertades básicas, mientras que los palestinos están privados de la libertad de vivir libremente.

Me educaron en los valores de la libertad, la compasión y el amor. Luchar para mantener a otra nación esclavizada contradice estos valores. Durante demasiado tiempo, el pueblo bueno de Israel ha aceptado participar en las atrocidades cometidas por la ocupación. Aunque sé que mi negativa es pequeña y personal, deseo ser el cambio que quiero ver en el mundo, y mostrar que otro camino es posible. La gente pequeña hace grandes cambios. Es hora de gritar: No hay tal cosa como una buena represión, no hay tal cosa como el racismo justificable y no hay más espacio para la ocupación israelí.

Fuente: http://www.wearenotyoursoldiers.org...

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Los antidisturbios y el resto del mundo

29 October, 2020 - 00:00

Pablo Elorduy

El recuerdo de lo que pasó aquella tarde sigue siendo nítido. Tardamos más de la cuenta en subir la cuesta que llevaba a la esquina de la calle del Oso, íbamos leyendo mensajes y escuchando audios. Cuando llegamos, los agentes de la Unidad de Intervención Policial ya estaban dispuestos en las dos salidas de la calle. Una carpa del Samur estaba unos metros antes de la esquina de la calle Embajadores. Se iba sumando cada vez más gente. Alguien comenzó por el principio. Se había producido una macrorredada en la Plaza Mayor. Mame Mbaye —el nombre lo supimos solo una hora más tarde— había llegado corriendo hasta ese punto del barrio de Lavapiés y allí cayó desplomado.

Una fuente de la que nunca pudimos escribir lo corroboró con un relato detallado que, hasta el día de hoy, no ha aparecido en ningún medio. Lo había visto desde su comercio, que estaba a escasos 20 metros del lugar en el que nos encontrábamos. Los detalles de ese relato, que no escribimos para no comprometerla, sí se han ido difuminando en nuestra memoria. La impresión de veracidad, no.

La persecución policial había producido una carrera que el corazón de Mame Mbaye no resistió. Era la primera versión de la Policía Nacional, que había intervenido después de que la redada de la Policía Municipal “se complicase” con la carrera y el infarto de Mame Mbaye. Posteriormente, un periodista de agencia nos confirmó que su primer titular fue cambiado durante la tarde. En aquel momento, la cuestión principal, no obstante, no era si la información que habíamos publicado contenía alguna inexactitud. Se trataba de esperar a ver cómo se desarrollaba lo que tenía que pasar. Decenas de compañeros de Mame Mbaye protestaban frente a la fila de escudos de los antidisturbios. Y así pasaron algunas horas, dos, quizá tres, hasta que, por el otro extremo de la calle del Oso llegó un coche fúnebre para retirar el cuerpo. La chispa saltó cuando ya era de noche.

Los agentes de la UIP trataron de retirarse hacia sus furgonetas. Pero Lavapiés se había convertido ya en una caldera. Las personas que protestaban, no más de 200, hicieron una sentada para ganar algo de tiempo. Detrás, comenzaron a volar algunos objetos. Y se desataron las cargas. Duraron varias horas, dos, quizá tres; la calle se llenó de contenedores volcados, de llamas. El ruido de las bocachas y de los pasos apresurados del dispositivo policial fue recorriendo calle a calle el barrio, hasta que algo parecido a la calma se impuso de madrugada. Al día siguiente, la bronca siguió en la visita del cónsul de Senegal a la plaza de Nelson Mandela. La concentración de la tarde, sin embargo, terminó sin incidentes.

El caso se fue alejando de Lavapiés, del día a día y de las denuncias de racismo institucional de los vendedores ambulantes, para convertirse en otra cosa. El contexto era la descomposición del Gobierno municipal de Ahora Madrid. En 2016, 300 agentes de servicio habían preparado una encerrona al concejal de Seguridad que no tenía precedentes. De todos los cuerpos de funcionarios, el de policía fue el más hostil a la llegada de los nuevos al Palacio de Cibeles. El Gobierno municipal no quiso abrir otras vías de enfrentamiento con la Policía Municipal. Precaución, táctica, incapacidad o puro miedo, a estas alturas ya no importa.

La prensa fue retirando la condición de sujetos políticos a los manteros y el objetivo fue el Gobierno municipal, convertido en un pelele en los medios de la derecha. Una asociación de policías denunció a una concejala, al portavoz del Sindicato de Manteros y a Juan Carlos Monedero —que pasaba por allí— por supuestos delitos de incitación al odio. La cosa dio un último giro cuando publicamos que la entonces portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento era administradora del despacho que trabajaba en la denuncia de la Unión de Policías Municipales. Paradójicamente, todo se fue calmando desde ese día.

Como el caso estaba definitivamente fuera de Lavapiés, la víctima dejó de ser el senegalés muerto en Lavapiés y pasaron a serlo los agentes de policía —en abstracto, nunca se identificó públicamente a quienes participaron en la macrorredada— que eran difamados por el entorno de Ahora Madrid. Mientras el Gobierno municipal zozobraba con distintas versiones, nosotros mantuvimos lo escrito inicialmente. Así que nos tocó una pequeña campaña en contra. Un programa sensacionalista de televisión vio la ocasión de hacer un programa sobre fake news basándose en nuestra cobertura de aquellos días. Tras una hora y media hablando, retorcieron un par de frases que convenían al relato que traían puesto desde casa. Que se coman con dos rebanadas su relato.

Las tres “p” del sistema —políticos, periodistas y policías— llegaron a un acuerdo tácito para enterrar el caso. El ritmo acelerado y el seguir cada quien con su vida, acabó de sepultarlo. Un año después, sus compañeros y amigos colocaron una placa en el lugar en el que Mame Mbaye cayó muerto. La placa fue vandalizada y retirada por quienes piensan que a los trabajadores de la manta no se les debe permitir velar a sus muertos.

El caso Mame Mbaye aparece transformado para la ficción en Antidisturbios, la serie de Isabel Peña y Rodrigo Sorogoyen estrenada el 16 de octubre de 2020 en Movistar. El punto de partida es distinto —la muerte de un senegalés se produce como consecuencia de un desahucio— y la repercusión política se desvía o aparece solo muy difuminada en un caso clásico de enfrentamiento entre policías buenos y 'maderos' corruptos. Pero la serie acierta al presentar el marco en el que se produjo la reacción de Lavapiés tras la muerte de Mbaye. Los policías antidisturbios aparecen como un violento cortafuegos en una situación que supera a sus escasas competencias para la política pero que forma parte del propio hueso de su papel social: actuar cuando se decide unilateralmente detener cualquier tipo de negociación o diálogo.

La serie introduce también la existencia de la red parapolicial que en la realidad articulaba José Villarejo y en la ficción interpreta alguien con atributos similares llamado, por una permutación de sílabas, Revilla. Si bien presenta a una Dirección Adjunta Operativa limpia de corrupción, al contrario de lo que ha sucedido en torno al Caso Tándem y la DAO de Eugenio Pino.

El punto de partida de ‘Antidisturbios', que apenas enuncia esa red de intervención política de la policía a través de los medios de comunicación y la justicia, sí supone un párrafo aparte en cuanto ha provocado una respuesta victimista y dolida por parte de los hombres duros y a prueba de provocaciones que forman parte de ese cuerpo. Una reacción que indica que la serie, sin ir mucho más allá de una denuncia genérica de manzanas podridas y policías complejos, al menos no es una oda acrítica a los cuerpos policiales.

Las protestas de los sindicatos policiales han sido una repetición de sus argumentos durante aquella historia de Lavapiés del año 2018. Las agrupaciones sostienen que la serie “desborda los límites de la creación artística” y contribuye a “transmitir al espectador una imagen que denigra su derecho a la imagen y al honor”. Los sindicatos no inciden tanto en las imágenes sobre el empleo de la violencia sino que critican que se plantee que esta surge de los individuos —sin excepciones, machos alfa— en momentos de pérdida de control, y no del cumplimiento proporcionado de las órdenes que reciben “de arriba”.

La crítica principal de los sindicatos, sin embargo, es que se presenta a policías alcohólicos y con problemas de adicción. Gente con problemas con sus familias, con dolores de espalda, que viven su vida cotidiana en una normalización absoluta de la violencia. El SUP, en su denuncia, no refiere otra característica del retrato de los antidisturbios que hacen Sorogoyen y Peña, el machismo y su nefasta gestión de las emociones, que retroalimentan la incapacidad para relacionarse de manera no violenta.

Son aspectos que dan relieve a la serie —ninguna producción hoy sobrevive sin mostrar el lado sórdido pero también la humanidad de aquello que pretende reflejar— pero que plantean una cuestión sin resolverla completamente: ¿Tienen derecho estos policías, como seres sociales pero también como gestores últimos del conflicto, a deshumanizarse y humanizarse cuando les da la gana? Si aceptamos que son personas como todas, con sus resacas y sus juanetes, se abre la puerta a juzgar su comportamiento en el trabajo —en un desahucio o en una persecución desmesurada— desde un punto de vista ético y moral, no como engranajes sin responsabilidad, algo que se pretende con la presentación canónica de los agentes antidisturbios.

La cuestión cobra más importancia en el contexto de extensión de la miseria en el que entramos. Pronto serán once millones las personas que viven bajo el umbral de la pobreza, los desahucios no se han detenido, y la UIP seguirá siendo reclamada como cortafuegos en una guerra contra el pobre que no tiene fin. Que tengan problemas de espalda, de dependencias o para comunicarse entre ellos y con el resto de la sociedad es, principalmente, su problema. El problema de la sociedad es que se pretenda que funcionen al margen de cualquier consenso ético para cortar de raíz cualquier negociación, precisamente en un momento en el que atender a las diferencias entre la legitimidad y la legalidad va a ser imprescindible.

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/la-semana-pol...

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El presupuesto español de defensa 2021

28 October, 2020 - 22:41

Juan Carlos Rois
Tortuga

A falta de conocer el desglose de los presupuestos que se han publicitado el miércoles 28 de octubre, día en que se escriben estas líneas apresuradas, y valiéndonos de las noticias que «desglosan» lo asignado a cada ministerio, llama la atención el importante incremento que va a alcanzar el ministerio de Defensa para el ejercicio de 2021.

He consultado la página web donde el ministerio de hacienda suele colgar el desglose presupuestario y, de momento, no hay nada colgado sobre el nuevo presupuesto, lo que nos impide, a su vez, estudiar dónde se encuentran las partidas que tradicionalmente se ocultan en los presupuestos de otros ministerios y que hacen que la cifra que Defensa reconoce como gasto militar no coincida ni con la que estima el SIPRI, ni con la que estima el FMI, ni con la que estima la propia Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), ni con las que podemos desmenuzar nosotros o cualquier otro que se ponga a ello con la idea de considerar gasto militar todo lo que el Estado utiliza, esté en el ministerio u organismo que esté, para financiar actividad, logística, inversiones o cualesquiera otra cuestión relacionada con el sistema de defensa y con la estructura construida para éste.

Tradicionalmente se esconde casi lo mismo que se aflora, y la cifra se aumenta más aún cuando consideramos la deuda que arrastramos por compromisos militares e inversiones en armas, las partidas ocultas para financiar nuestra injerencia militar en operaciones en el exterior o las constantes variaciones al alza que sufre el dinero destinado a lo militar, pues por una extraña ley de hierro y de la fatalidad, los que elaboran el presupuesto de defensa siempre se quedan cortos y fallan y siempre hay que suplementar el gasto militar.

Vayamos al meollo.

Arrastramos unos presupuestos prorrogados que asignaban a defensa 8.737,39 millones de euros para el desarrollo de sus actividades y que subían hasta los 9.400 millones de euros, que pasarán a 10.500 si incorporamos los organismos autónomos militares (el INVIED, que se encarga de gestionar y sacar réditos del patrimonio militar, el ISFAS, que se encarga de las prestaciones sociales y sanitarias de los militares y guardiaciviles y de sus familiares, y el INTA; que desarrolla la investigación militar y participa múltiples empresas del polo militar industrial).

Quiere decirse que el ministerio de defensa gozará de un aumento presupuestario de 662,6 millones de euros sobre el inicialmente presupuestado y prorrogado para 2020, lo que supone cerca del 8% de aumento, o de 300,4 millones si nos referimos a la diferencia del presupuesto de 2020 referida a Defensa + organismos autónomos militares en relación con la misma cifra para 2021, lo que implica un aumento de un 3,4%.

A ello se une un dato sorprendente: 25 millones de euros de los fondos de defensa, irán destinados al ministerio de defensa.

La cifra llama la atención, pero no es la única, porque otra que suele ser muy estable, la referida a las clases pasivas militares, que aparecen en el capítulo destinado a clases pasivas (tanto militare como civiles) también aumenta levemente, lo que incrementará otro poco más el gasto militar, al igual que aumenta el presupuesto destinado al ministerio del Interior, donde está incluida la guardia civil y las políticas securitizadoras cada vez más militarizadas.

Todavía no sabemos si estos aumentos van a suponer un aumento importante del gasto militar (es posible que sí, como mínimo por el impacto de la deuda generada por lo militar, pero debemos esperar a que presenten el desglose del presupuesto para hacer una estimación más afinada) o un afloramiento de gasto militar hasta ahora no reconocido.

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Delegada del gobierno y consellera valenciana de interior azuzan a la gente a vigilarse unos a otros y a llamar a la policía

28 October, 2020 - 00:00

"No tengan miedo a denunciar y llamar a la policía si un vecino incumple las normas"

El Consell se reúne con las fuerzas de seguridad y apelan a la responsabilidad ciudadana

Teresa Domínguez

La delegada del Gobierno, Gloria Calero, y la consellera de Justicia e Interior, Gabriela Bravo, han apelado a la "responsabilidad" de los ciudadanos ante una "minoría insolidaria" y les han pedido que "no tengan miedo" a denunciar y "no duden en llamar a la policía" si un vecino celebra una fiesta que incumple las normas. Así, representantes del Consell y de las fuerzas de seguridad apelan a la responsabilidad individual y a la solidaridad en el cumplimiento de las normas así como a la denuncia vecinal para hacer cumplir las normas anticovid. Así lo han acordado en una reunión con los responsables de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

"No tengan miedo" a denunciar y "no duden en llamar a la policía" si un vecino celebra una fiesta en el domicilio que incumple las normas, han comentado Bravo y Calero. En este sentido han agradecido, además el "buen comportamiento" que han tenido los valencianos ya que en el primer fin de semana solo se han impuesto 300 actas de propuesta de denuncias en toda la Comunidad Valenciana, que cuenta con una población de 5 millones de habitantes. "Una tasa muy pequeña", ha indicado Gabriela Bravo, quien ha querido recordar que de todos los brotes detectados desde el levantamiento del pasado estado de alarma, el pasado 21 de junio, el 60 % tiene origen social.

En la reunión han participado la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Gloria Calero; la consellera de Justicia, Gabriela Bravo; la comisaria de la Policía Autonómica valenciana, Marisol Conde; el subdelegado del gobierno, Rafael Rubio; jefe de la guardia civil de la Comunidad, el general jefe José Hermida; el comisario principal de la Policía Nacional, José Piris y en representación de los policías locales, José María Ángel, director general de Emergencia.

Respecto a cómo afectarán estas medidas a las Navidades, época del año en la que las reuniones familiares son la esencia de las fiestas, se ha vuelto a recordar que la medidas estarán en vigor hasta el 9 de diciembre y lo que se pretende es buscar un equilibrio entre salvar la economía y el derecho a la reunión. "Si cumplimos y somos responsables podremos volver a cierta normalidad en Navidad", han indicado, aunque las autoridades han querido dejar claro que si Sanidad entiende que las cifras no van bien, "se endurecerán las penas".

Diario Información

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El Estado de Alarma permite prohibir manifestaciones cuando ‘no quede garantizada la distancia personal' a criterio de la autoridad

28 October, 2020 - 00:00

Por Kaos. Antirrepresión

El Decreto aprobado el domingo por el Gobierno por el que se instaura el Estado de Alarma en todo el territorio del Estado Español, dice literalmente en el apartado tres del artículo siete:

«Las reuniones en lugares de tránsito público y las manifestaciones realizadas en ejercicio del derecho fundamental regulado en el artículo 21 de la Constitución podrán limitarse, condicionarse o prohibirse cuando en la previa comunicación presentada por los promotores no quede garantizada la distancia personal necesaria para impedir los contagios». Es decir, que se restringe todavía más el derecho de manifestación cuando así le parezca a la autoridad correspondiente.

Habrá quien quiera o le convenga pensar que de lo que se trata es de impedir las manifestaciones ultras de los negacionistas y sectores reaccionarios. Pero conviene no olvidar que sigue en vigor la Ley Mordaza, una promesa electoral incumplida por los partidos gobernantes, que ya limitaba el derecho de manifestación y no precisamente para aquellos que defienden sus privilegios de clase.

Cuando se avecinan -ya empezaron a producirse en barrios obreros y sectores laborales- protestas en defensa de los derechos sociales, contra los despidos colectivos o contra los recortes de derechos, he aquí una ‘nueva mordaza', con la excusa de la pandemia: ¿no se debería reforzar, por ejemplo, la inspección y sanción en empresas y sectores laborales donde no se cumplen las condiciones sanitarias adecuadas, reducir las ratios en los centros educativos, o aumentar la frecuencia en el transporte público para desmasificarlo? ¿No serían medidas elementales y más eficaces si de lo que se trata es de proteger la salud pública? Casualmente nada dice el decreto al respecto…

Fuente: https://kaosenlared.net/el-estado-d...

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Elecciones EEUU

28 October, 2020 - 00:00

Categorías: Tortuga Antimilitar

El portavoz de Defensa de Unidas Podemos busca mercados internacionales para vender armas

27 October, 2020 - 00:00

Sus desafortunadas declaraciones hacen notar como, la socialdemocracia lejos de apostar por la desmilitarización, sigue dando salida al negocio de la muerte.

El militarismo está inscrito en el ADN de la democracia española; de eso se encargó el franquismo durante la transición, gracias a medidas como la Ley de Amnistía. De esta manera, muerto Franco quedó garantizado que todo cambiaría para que en el fondo no cambiase nada. Así las cosas, las élites nacional-católicas, devenidas en demócratas, establecieron un pacto atroz con una socialdemocracia tibia además de complaciente. Y mientras, la derecha, gobierno tras gobierno, quedaba confrontada por toda clase movimientos sociales; y cuando le tocaba el turno a la “izquierda”, veíamos cómo avanzan realmente las políticas militaristas y neoliberales. Ejemplo de esto es el referendum sobre la OTAN que tuvo lugar bajo el gobierno del socialista Felipe González, y que llevó al estado español a formar parte de dicha alianza criminal. En este sentido, y paradójicamente, la conocida mili obligatoria contra la que tanto luchó el movimiento por la insumisón y por la objeción de conciencia, fue eliminada finalmente por Aznar.

El nuevo episodio del militarismo socialdemócrata podría estar en marcha. Roberto Uriarte, portavoz de Defensa de Unidas Podemos, durante su participación en el Foro de Infodefensa en el Congreso de los Diputados, así lo ha dejado entrever. Tal y como ha informado al respecto Insurgente, Uriarte dijo:

“la industria de defensa debe basar su crecimiento en la diversificación de sus soluciones y en la búsqueda de nuevos mercados en el exterior, para que el Ministerio de Defensa no sea el único cliente de la industria que fabrica armas”

De esta manera se abre el paso a la internacionalización de la empresas radicadas en el Estado español. Una práctica que tampoco es desdeñable, siendo así que un 80% del material es exportado, pero más de la mitad a través de proyectos y actividades en que el comprador único resulta ser el Ministerio de Defensa. El objetivo de esto es evidente, hacer ganar dinero a las empresas dedicadas a este siniestro negocio. Que esto ocurra siempre es preocupante y denunciable, y que se dé en un momento como este, de grave crisis sanitaria y económica, lo es incluso más. Hasta la fecha, problemas como el paro o la caída de la economía han sido resueltos por los gobiernos y las élites a través de soluciones tan lamentables y salvajes como la guerra. Que quienes supuestamente se definen como socialistas traten de buscar salidas a negocios como este es causa de bochorno y de censura. El hecho de que el estado no parezca tener ningún enemigo mas allá de sus fronteras lleva a buscar nuevos mercados y a externalizar la guerra, recaudando los beneficios de las demandas armamentísticas y los conflictos, cosa que no es ninguna solución a los problemas del planeta, sino mas bien una villanía.

Uriarte continuó su exposición con diversas intervenciones destacables:

“Que no vendamos como solo lo hacemos en monocultivo a las monarquías del golfo pérsico”

“La investigación aplicada es la base de la prosperidad de los países“

“La industria militar no tiene una receta diferente a la civil o a otro sector”

Una de cal y otra arena. El estado ha vendido de manera sistemática material militar a países muy alejados del ideal democrático que se supone defiende la constitución. No obstante, en lugar de tratar de minimizar una industria execrable, lo que se busca es diversificar la producción (romper con los oligopolios) y adquirir mejores compradores. En este sentido, no queda mucho más que señalar, salvo que en lugar de ir a la raíz del problema, se vuelve una y otra vez al intento de tratar de reconducir a una bestia (la militar), cuyas logias operan al margen de los valores que se supone que pretendían ser defendidos. Tema aparte sería la relación que se establece entre industrias civiles y militares; si bien es cierto que interseccionan en materias como la investigación aplicada, esta depende siempre en definitiva de la investigación básica, una materia que el autodenominado “gobierno más progresista de la historia” no ha mejorado en absoluto. Al margen de esto, resulta engañoso pretender hacer creer que la venta de buques, tanques y demás vituallas armamentísticas guarde alguna relación con el trasiego cotidiano de mercancías en la industria civil.

Por todas estas razones, las declaraciones de Uriarte no son menores, y deben suscitar la alerta de aquellas personas que continúan albergando la esperanza de que la promesa socialdemócrata, la universalidad del diálogo dentro del marco de producción capitalista, es posible. Desde luego, no lo es mientras los gobiernos (como en el que participa UP) continúen actuando en función de lo que necesita la industria militar, aunque con ello aparenten querer modernizarla.

Fuente: https://kaosenlared.net/video-el-po...
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Antonio Machado y la poesía

27 October, 2020 - 00:00

Por aquellos años, Rubén Darío, combatido hasta el escarnio por la crítica al uso, era el ídolo de una selecta minoría. Yo también admiraba al autor de Prosas profanas, el maestro incomparable de la forma y de la sensación, que más tarde nos reveló la hondura de su alma en Cantos de vida y esperanza. Pero yo pretendí [...] seguir camino bien distinto. Pensaba yo que el elemento poético no era la palabra por su valor fónico, ni el color, ni la línea, ni un complejo de sensaciones, sino una honda palpitación del espíritu; lo que pone el alma, si es que algo pone; o lo que dice, si es que algo dice, con voz propia, al contacto del mundo. Y aun pensaba que el hombre puede sorprender algunas palabras de un íntimo monólogo, distinguiendo la voz viva de los ecos inertes; que puede también, mirando hacia dentro, vislumbrar las ideas cordiales, los universales del sentimiento.

(Antonio Machado)

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Los suicidios de 235 guardias civiles y 160 policías en los últimos 20 años son "materia reservada"

26 October, 2020 - 00:00

DANILO ALBIN

La lista sigue aumentando. Cada año, sin interrupción, hay policías y guardias civiles que deciden acabar con su vida. Tantos como los que aparecen en un documento del Gobierno, en el que se señala que entre 2001 y lo que va de 2020 ha habido 395 suicidios entre miembros de ambos cuerpos armados. De ellos, 235 eran guardias civiles y otros 160, policías. Nada más se sabe: el resto, según sostiene el Ejecutivo, es información clasificada como "reservada" bajo el amparo de la Ley de Secretos Oficiales del franquismo, aún en vigor.

Los datos numéricos y las limitaciones oficiales en torno a lo que implican tales cifras aparecen en una respuesta remitida por Interior al diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, quien había formulado sendas preguntas para tratar de determinar el número de agentes que se habían suicidado en los últimos 20 años, indicando "fecha, provincia, edad y género del agente". Además, el representante abertzale preguntaba también que "cuántos de ellos estaban en tratamiento psicológico o psiquiátrico"; "cuántos de ellos se suicidaron con su arma de servicio" y "cuántos con otro arma para el que contaban autorización".

En una respuesta enviada el pasado día 15 de este mes, el Gobierno ofrece un cuadro en el que aparecen las cifras de guardias civiles y policías nacionales fallecidos por esa causa desde 2001. De acuerdo a esos datos, en lo que va de 2020 ha habido seis suicidios en la Guardia Civil y otros dos en la Policía Nacional.

El año con más muertes de este tipo fue 2002, cuando se registraron 21 suicidios entre miembros de la Benemérita y otros 12 en filas policiales, mientras que en 2017 se produjeron, en total, 28, de las cuales 15 tuvieron lugar en la Guardia Civil y 13 en la Policía Nacional. En 2019 hubo otros 19, lo que significó dos más que en 2018.

Respecto a las "distintas circunstancias de los suicidios", Interior alega que no puede ofrecer ningún tipo de información porque estos datos se encuentran "clasificados como materia 'Reservada' con arreglo a lo dispuesto en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de noviembre de 1986". Se refiere así a la decisión adoptada entonces por el Gobierno de Felipe González de clasificar determinados asuntos y materias "con arreglo a la Ley de Secretos Oficiales" de la dictadura franquista, aún vigente.

Suicidios en las Fuerzas Armadas

Sin embargo, el ministerio de Defensa no realiza las mismas consideraciones en una respuesta remitida a Iñarritu sobre los suicidios entre miembros de las Fuerzas Armadas. En ese documento, remitido también al diputado de EH Bildu el pasado día 15, se indica que entre 2011 y 2020 –no se especifica hasta qué mes– hubo nueve casos de este tipo.

La tabla incluye el género (ocho hombres y una mujer) y la graduación de las personas fallecidas (un marinero, dos soldados, un cabo, un cabo primero, un sargento primero, un subteniente, un teniente y un teniente coronel). Del mismo modo, la respuesta indica que "en dos casos se empleó un arma oficial y en una ocasión un arma no oficial".

Estos datos ofrecidos por Defensa son precisamente algunos de los que Interior se negó a aportar por estar clasificados como "reservados". "Contradicciones de la transparencia", señala Iñarritu a Público. El diputado soberanista sostiene que "Interior declara secreto todo, por lo que es difícil dilucidar" el alcance de esta problemática. "Estamos hablando de personas armadas que pueden ser un peligro para ellos, para sus compañeros y para la ciudadanía", destacó.

A la espera del protocolo

Precisamente, la Dirección General de Policía trabaja desde hace tres años en el denominado "Plan de promoción de la salud mental y prevención de la conducta suicida". Según han señalado fuentes policiales a Público, el próximo miércoles 28 a las 11.00 está convocada una reunión en la sede de la Dirección General de la Policía para tratar de avanzar en la "revisión y modificación" de ese plan.

En septiembre pasado, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) reclamó la "aprobación urgente" de ese protocolo, cuyo borrador contempla retirar el arma de forma cautelar a aquellos policías "que presenten patologías de índole psíquico, hayan protagonizado una tentativa de suicidio o mostrado indicios de voluntad autolítica", además de "procurar una adecuada valoración de la capacidad laboral".

"Se trata de un proyecto que venimos impulsando desde 2017 con la constitución de un grupo de trabajo en la Comisión de Seguridad y Salud Laboral policial y que está ultimado desde hace meses, sin que haya visto la luz todavía", denunció mediante un video el secretario nacional de riesgos laborales del SUP, Carlos Prieto. En ese contexto, la Agrupación Reformista de Policías (ARP) también elaboró una propuesta que fue entregada al ministerio del Interior.

Una muerte cada 26 días

Por su parte, la Benemérita cuenta con un protocolo antisuicidios que la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), principal organización de ese cuerpo, ha calificado en distintas ocasiones como "insuficiente" para evitar este tipo de muertes. El pasado 10 de septiembre, coincidiendo con el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, la AUGC advertía sobre el alcance de "una tragedia que promedia una muerte cada 26 días, muy por encima de la media de la sociedad española y de otros cuerpos policiales".

"Frente a esto, desde la Dirección General se ha optado tradicionalmente por negar el problema, quitarle importancia o, en cualquier caso, evitar afrontarlo con medidas concretas, tal y como reclama AUGC: externalización del servicio de atención psicológica, de manera que los facultativos no pertenezcan a la escala de mando; dotación de armeros en todas las unidades; y garantía de que las bajas psicológicas no repercutan en la vida laboral del guardia civil, entre otras medidas", criticaba esa organización. En esa misma declaración criticaban al presidente Pedro Sánchez por haber lamentado el suicidio del preso de ETA Igor González Sola.

El mismo día en el que la AUGC advertía sobre ese drama, la Comisión de Interior del Congreso aprobaba una Proposición No de Ley de Ciudadanos en la que se reclamaba la aprobación urgente del protocolo antisuicidios de la Policía Nacional, así como la actualización del plan que está vigente a día de hoy en la Guardia Civil. Un día antes de esa votación, otro miembro de la Benemérita había decidido acabar con su vida.

Público

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Peligrosísima banda

26 October, 2020 - 00:00

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Bancs, asseguradores i fons de pensions financen la indústria armamentística

26 October, 2020 - 00:00

Alba Marino

El Centre Delàs, en col·laboració amb FETS, identifica per primera vegada les companyies d'assegurances i els fons de pensions que col·laboren amb el sector militar d'armament.

Sempre es parla de la banca com a font de finançament militar a l'Estat, però no és l'única. Les asseguradores i fons de pensions també estarien finançant a grans fabricants d'armament militar. Així ho confirma, per primera vegada, l'informe ‘Bancs, asseguradores i fons de pensions financen el negoci de la guerra a Espanya', del Centre Delàs d'Estudis per la Pau en col·laboració amb FETS -Finançament Ètic i Solidari-.

Emmarcat en la campanya ‘Banca armada', el Centre Delàs publica aquest nou informe on retrata les companyies d'assegurances i els fons de pensions que també col·laboren amb el sector d'armament.

Els bancs actuen com a inversors de les accions de les empreses armamentístiques, sobretot mitjançant crèdits, entre els quals destaquen el BBVA, Santander, ING, Deutsche Bank, Banc Sabadell, Bankia i CaixaBank. Durant el període del 2014 al 2019, les entitats financeres que operen a Espanya van aportar 11.969 milions d'euros al sector militar.

Ara, Delàs confirma que vint-i-sis asseguradores acumulen 29.767 milions d'euros en finançament d'armes. Cardiff Assurance, AXA, BBVA Seguros, Santander Seguros, Allianz, BancSabadell Seguros i Vida, VidaCaixa i SegurCaixa, Adeslas, AIG, Mapfre, Liberty Seguros o Línea Directa són algunes d'elles. A més, són dinou els plans de pensions de CaixaBank, BBVA, Ibercaja, Bankia, Banc Sabadell o Mutua Madrileña, entre d'altres, els que destinen 30.354 milions d'euros a la indústria.

El BBVA i el Santander financen el 62% del total de la banca espanyola. I si se suma la Societat Espanyola de Participacions Industrials (SEPI), s'arriba al 89%. Segons un informe anterior del Centre Delàs, entre el 2013 i el 2018, la banca espanyola hauria aportat més de vuit mil milions d'euros a 39 empreses militars, el 60% d'aquest finançament el concentren també el BBVA i el Santander.

"No només financem les empreses d'armes a través dels nostres comptes corrents, dels nostres dipòsits a termini de la compravenda d'accions i bons, sinó que també estem ajudant de manera determinant a l'expansió del sector armamentista amb la contractació d'assegurances personals (de vida, salut, ...), de danys (vehicle, robatori, incendis, ...), o de prestació de serveis (d'assistència en viatge, de decessos, ...) i amb els plans de pensions", sentencia el coordinador del Centre Delàs, membre de la campanya i autor de l'informe, Jordi Calvo.

El sector armamentístic

El 75% de la producció que compra el Ministeri de Defensa prové de cinc empreses militars: Airbus, Navantia (SEPI), General Dynamics, Indra i Expal (Maxam), sent les dues últimes les majoritàries.

Indra, empresa dedicada al desenvolupament de productes i serveis tecnològics per a míssils i avions de guerra, entre altres productes de control i vigilància fronterera, i Maxam, dedicada a la munició amb una “clara relació comercial amb Aràbia Saudita, un dels principals clients d'armes del món que lidera la coalició en la guerra contra el Iemen” serien les apostes primordials de la banca, segons el Centre Delàs.

Expal, filial de Maxam, que es dedica exclusivament a fabricar i vendre armes, ha estat el principal fabricant espanyol de mines antipersones i bombes de dispersió fins que es van prohibir. Bombes, míssils, municions o artilleria són els materials que es venen a Colòmbia, Sàhara Occidental, República Centreafricana, Ghana, Turquia, Israel, Aràbia Saudita o Emirats Àrabs Units. Des de Delàs, asseguren que el comerç d'armament es regeix per motivacions polítiques, perquè Espanya no ven a l'Iran, Líban, Palestina, Síria ni Iemen.

A Catalunya trobem les filials Nitricomax, a Tarragona, que produeix àcid nítric, i un polvorí -edifici on s'emmagatzema la pólvora- al Bruc amb més de 200.000 quilos d'explosius. Va ser aquesta dinamita fabricada per Maxam la utilitzada als atemptats d'Atocha el 2004, segons el comissari cap dels tècnics en desactivació d'artefactes explosius de la Policia Nacional, Juan Jesús Sánchez Manzano.

Indra, per la seva banda, forma part de l'Ibex 35, i és l'empresa que lidera a Espanya la construcció del FCAS, el Sistema Aeri de Combat Futur, que estan desenvolupant conjuntament França, Alemanya i Espanya.

Espanya, exportadora d'armes

Espanya seria el segon país europeu exportador d'armes a Turquia, i l'Aràbia Saudita es consolida com el principal client de les exportacions d'armament del país. El desembre de 2018 es van autoritzar tres programes militars més per valor de més de set mil milions d'euros per la construcció de tancs i fragates per a l'avió de combat Eurofighter, el mateix que s'utilitza per bombardejar el Iemen.

Tot i les acusacions cap a Espanya del Tribunal Penal Internacional de la Haia o les de l'ONU, se segueix violant la Llei espanyola del 2007 que no permet la venda d'armament que “pugui ser emprat en accions que pertorben la pau, l'estabilitat o la seguretat en un àmbit mundial o regional”.

A més, el Tractat sobre el comerç d'armes del 2014 de l'ONU, ratificat per Espanya, prohibeix exportar armes a altres països per cometre violacions greus dels drets humans. Però l'acord del Govern estatal, vigent des de 1987, decreta la confidencialitat de les autoritzacions de venda d'armament.

La banca ètica com a alternativa

Per fugir de la banca tradicional i del finançament d'armes, existeix la banca ètica, que té com a objectiu la compatibilitat entre la rendibilitat econòmica i el respecte amb els drets humans i el medi ambient. La banca ètica només inverteix en projectes de valor afegit per la societat des d'un punt de vista social, mediambiental, cultural i educatiu.

Segons el FETS, la banca ètica ha de complir cinc principis: l'ètica aplicada, la coherència, la participació democràtica, la transparència i la implicació. Les nou opcions que trobem a Espanya són: FIARE (Fundació d'Inversió d'Estalvi Responsable), Triodos Bank, Coop57, Enclau, IDEAS, IUNA, GAP-Madrid, Oikocredit i FIDEM (Fundació Internacional de la Dona Emprenedora).

"Hi ha opcions ètiques per al sector assegurador, tot i que encara estan limitades a algunes corredories d'assegurances i a nou entitats mutualistes o d'assegurances que compleixen amb els criteris ètics del segell Ethsi", expliquen des del Centre Delàs. Aquest segell garanteix la qualitat de les gestions de les empreses certificades en solidaritat i sostenibilitat.

La campanya ‘Banca Armada'

A la campanya hi participen actualment nou organitzacions: Centre Delàs d'Estudis per la Pau, SETEM, Justícia i Pau, ODG, Col·lectiu Rets, AA-MOC, FETS, Fundació Novessendes i la Fundació Finanzas Éticas.

Tenen com a objectiu denunciar els vincles de les entitats financeres amb la indústria de l'armament per sensibilitzar la societat sobre la relació d'aquestes pràctiques financeres amb les tragèdies humanes i els conflictes internacionals. Mostren el volum i importància de les relacions entre bancs i empreses d'armament per identificar les entitats financeres responsables de la fabricació i exportació d'armes.

Identifiquen cinc maneres de finançar la indústria armamentista. La participació en les accions de les empreses d'armament, el finançament de les exportacions d'armes, l'emissió de bons i pagarés, els fons d'inversió d'estalvis i pensions, i els crèdits i préstecs a la indústria militar.

Font: https://xarxanet.org/internacional/...

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Indra: Líder del negocio antimigratorio por tierra, mar y aire

25 October, 2020 - 00:00

Salvador Carnicero / por Causa

Indra es la única española en el ranking de las 100 mayores compañías armamentísticas del mundo. A pesar de no ser una de las empresas más conocidas, su presencia en el día a día de quienes viven en España es constante. Por ejemplo, Indra es la empresa detrás de la web de Renfe y de la aplicación Radar Covid. También gestiona la red móvil del metro de Madrid, y los lectores de pasaportes y otros dispositivos habituales en Barajas, El Prat y otros grandes aeropuertos. En este último ejemplo reside uno de sus negocios más pujantes: es la quinta empresa que más dinero público recibe con contratos del Gobierno en materia de control migratorio, según la investigación de la Fundación por Causa. Su presencia es también constante en las rutas de quienes migran a España sin alternativa segura.

La Industria del Control Migratorio (ICM) es un entramado de empresas (constructoras, aerolíneas, tecnológicas…) que se lucran con las políticas antimigratorias. Indra lidera uno de los sectores más rentables de este mercado: la vigilancia de fronteras, especialmente las marítimas. Su posición privilegiada en este negocio está relacionada con su estrecha relación con las instituciones públicas: el Estado es su principal accionista, y por sus órganos de dirección han desfilado al menos 26 puertas giratorias.

Indra está presente en todo el perímetro fronterizo español: en los sensores en las vallas de Ceuta y Melilla, en la reparación de equipos de patrulleros y buques de la Guardia Civil y de la Armada, y en el sistema de radares que vigilan el Mediterráneo, el Estrecho y el tráfico aéreo. Su negocio antimigratorio estrella está en la vigilancia marítima, en concreto en el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) que gestiona la Guardia Civil. La instalación del SIVE ha costado más de 230 millones de euros entre los años 2002 y 2018.

El SIVE fue desarrollado con subvenciones públicas y después, instalado a través de contratos públicos. Ahora es uno de los productos más vendidos a gobiernos extranjeros, tanto democráticos como autoritarios, desde Rumanía hasta Hong Kong. A través principalmente del Ministerio del Interior, esta herramienta sigue granjeando contratos públicos millonarios a Indra. Los cinco últimos, adjudicados en 2018, superan el millón de euros cada uno, según la base de datos de por Causa.

Siguen aumentando las muertes en el Estrecho

Indra presume de la capacidad tecnológica del SIVE para detectar cualquier objeto de más de un metro de superficie en el Estrecho y parte del Mediterráneo, lo que no explica por qué siguen siendo constantes los naufragios de pateras y embarcaciones similares. También asegura que sus sistemas de vigilancia marítima «salvan vidas», que «de no existir, morirían muchas más personas en el mar» y que «tienen un uso mucho más amplio que el control de la emigración ilegal«.

Según la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, desde la puesta en marcha del SIVE la cifra de muertes en el Estrecho ha seguido creciendo, y desde 2015 ha marcado récords anuales, superando las 500 en 2019. Más del 80% del dinero que España invierte en control migratorio está dirigido a vigilar el Estrecho, pero solo es la puerta de entrada de menos del 10% de la inmigración irregular.

Indra es también una de las grandes corporaciones que hacen presión ante las instituciones europeas: ostenta una vicepresidencia en la junta de EOS, el lobby más poderoso de seguridad y defensa en Bruselas. Varios de sus negocios están directamente financiados por la UE, como el sistema de redes Seahorse, que permite la cooperación entre países europeos y africanos clave en materia migratoria, como Marruecos, Mauritania y Senegal.

Con frecuencia, Indra se une a otras grandes del negocio antimigratorio. Junto a Dragados (ACS) y Ferrovial –principalmente– acometieron las obras en las vallas de Ceuta y Melilla. También va de la mano de El Corte Inglés para suministrar “elementos físicos y lógicos” en los pasos fronterizos del puerto de Algeciras y en los aeropuertos españoles.

Además de suministrar servicios electorales, esta tecnológica tiene acceso a una ingente cantidad de información sobre pasajeros por ser la adjudicataria del sistema de identificación Passenger Name Record. Esta herramienta europea, creada en principio para luchar contra el terrorismo, cruza los datos de las redes sociales del pasajero con los de su billete de embarque.

En respuesta a La Marea, la compañía afirma que «el principio de respeto y protección de los Derechos Humanos está integrado en la cultura de Indra” y aporta información sobre su código ético. No detalla qué mecanismos emplea para evitar que sus productos y servicios violen la integridad de quienes migran sin alternativa segura. Tampoco se pronuncia sobre el doble uso de la tecnología que vende a países como Arabia Saudí, donde la violación de los derechos humanos es sistemática, según Amnistía Internacional.

Fuente con enlaces: https://www.yoibextigo.lamarea.com/...

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La empresa armamentística Navantia recibió un flotador de 772 millones de dinero público entre 2017 y 2018

25 October, 2020 - 00:00

Javier Rodríguez

La empresa pública Navantia ha sido la más beneficiada del apoyo económico ofrecido por el Estado entre 2017 y 2018. Así se desprende del informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre ambos ejercicios. Los astilleros recibieron en esos dos años un flotador de 772 millones de euros. Curiosamente, los dos años analizados ahora por el Tribunal de Cuentas coinciden con el periodo de mayores pérdidas de la compañía naval. En 2017, Navantia sumó pérdidas por valor de 296 millones y en 2018 por un importe de 224 millones. Al año siguiente, en 2019, la empresa logró recortar sus números rojos hasta situarse en un déficit de 173 millones de euros.

El Tribunal de Cuentas ha avalado el sistema de apoyo financiero de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a las empresas integradas en es grupo público, si bien ha recomendado evitar que el número y volumen de operaciones de crédito y préstamo no canceladas crezca de manera continuada en el tiempo.
Este importante respaldo económico del Estado a los astilleros coincide con los años de mayores pérdidas

El informe económico analiza las causas por las que la SEPI ha otorgado apoyo a sus filiales y valora la idoneidad de sus instrumentos, la racionalidad de los procedimientos y de su gestión. Concretamente, recomienda a la SEPI que cuente con normas internas aplicables a las operaciones de endeudamiento aprobadas por su Consejo, con el fin de evitar que el número de las operaciones de crédito y préstamo no canceladas crezca de manera continuada, ya que ello facilitaría la gestión y podría obtener ahorros en los costes financieros.

En estos dos años, el volumen de las operaciones de apoyo financiero realizadas por la SEPI ascendió a 1.269 millones de euros, a través de aportaciones a fondos propios de las empresas (501 millones), aumento en saldos de préstamos participativos (623 millones), aumento de préstamos para I+D+i (37 millones) y cesión de fondos del sistema Inter-SEPI (115 millones).

Beneficiarios

El mayor beneficiario de todos fue Navantia, con 772 millones, seguida de Hunosa, con 367 millones, y ya con menor importancia Izar (65 millones), Efe (36 millones), el Hipódromo de la Zarzuela (10 millones) y Cofivacasa y Sepides, con 8 millones de euros, cada una. El resto de entidades recibieron aportaciones financieras de importe inferior a dos millones de euros.

En estos dos ejercicios, SEPI se endeudó hasta el máximo permitido en los Presupuestos, aunque sus necesidades de tesorería fueran menores, con el fin de disponer de fondos para iniciar el siguiente ejercicio como medida de prudencia ante los retrasos al aprobar las cuentas públicas.

El Tribunal aconseja al Gobierno evitar el crecimiento de los préstamos no cancelados

El Tribunal considera las aportaciones a fondos propios para empresas con déficit recurrentes y sin un horizonte de beneficios una opción económicamente menos costosa para el grupo, ve adecuado el uso de préstamos participativos para financiación temporal o continuada, si se prevé su devolución y también aprueba el sistema Inter-SEPI para gestionar excedentes de tesorería.

Una década en pérdidas

Las pérdidas de los astilleros públicos han ido a más en la última década. Navantia perdió 78, millones de euros en 2012 y recortó hasta los 57,7 millones en 2013 y los 29 millones en 2014, sin embargo, los efectos de la crisis y la inactividad le pasaron factura en 2015 con un déficit de 160 millones de euros, que se disparó en el ejercicio de 2016 con 303 millones de euros en pérdidas.

Posteriormente, sumó pérdidas por valor de 296 millones en 2017 y de 224 millones en 2018 hasta situarse ahora en 173 millones. Esta es la trayectoria de una empresa que tiene sus esperanzas puestas en su plan estratégico. Navantia firmó con sus representantes sindicales el 21 de diciembre de 2018 la aplicación de un plan industrial que supone la prejubilación escalonada de 2.200 trabajadores, de los que 645 corresponden a la Bahía de Cádiz, 900 a las plantas gallegas y el resto a la factoría de Cartagena y oficinas. Este plan implica a su vez la contratación de 1.658 nuevos empleados hasta el 2022.

Fuente: https://www.lavozdigital.es/cadiz/p...

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Varios muertos en las protestas contra la brutalidad policial en Nigeria

24 October, 2020 - 00:01

Agencias, Abuya

Un número indeterminado de personas murió la pasada noche en Nigeria en las protestas desatadas contra la brutalidad policial en el país, informó Amnistía Internacional (AI) y medios locales, si bien se teme que puedan ser decenas los fallecidos.

El epicentro de las manifestaciones se situó en el estado de Lagos, en el que se asienta la ciudad homónima de Lagos, la mayor urbe de África y corazón económico de Nigeria, donde las autoridades impusieron ayer un toque de queda para contener las manifestaciones.

Ese decisión se tomó después de que este lunes Lagos viviera otra jornada de protestas masivas de #EndSARS (“Acabar con SARS”), un movimiento formado miles de personas que cada día se han manifestado desde hace casi dos semanas y ha logrado llamar la atención internacional sobre las acusaciones de arrestos arbitrarios, torturas y asesinatos de la Unidad Especial Antirrobo (SARS, por sus siglas en inglés) de la Policía nigeriana.

A raíz de las protestas masivas, el Gobierno nigeriano ordenó el pasado día 11 la disolución de la unidad de élite antirrobos, una directiva que materializaba por fin las repetidas promesas del presidente de Nigeria, Muhammadu Buhari, de acabar con la brutalidad policial y las conductas no éticas de las que se acusa a SARS desde hace años. La disolución de la unidad, sin embargo, no ha frenado las protestas, que han evolucionado para abarcar en general el malestar de la población contra las autoridades.

La pasada noche, varias personas resultaron muertas por acciones de las fuerzas de seguridad en la zona de la barrera de peaje de Lekki, en la citada ciudad, de unos 21 millones de habitantes, según la sección nigeriana de AI. “Amnistía Internacional ha recibido pruebas creíbles pero alarmantes de que el uso excesivo de la fuerza provocó la muerte de manifestantes en el peaje de Lekki en Lagos”, afirmó la organización pro derechos humanos en su cuenta de la red social Twitter.

“Mientras continuamos investigando los homicidios, Amnistía Internacional desea recordar a las autoridades que, según el derecho internacional, las fuerzas de seguridad sólo pueden recurrir al uso de fuerza letal cuando sea estrictamente inevitable para protegerse contra una amenaza inminente de muerte o lesiones graves”, agregó la organización que hasta ayer había contabilizado 15 fallecidos desde el inicio de las protestas. .

Testigos citados por el diario Premium Times aseguraron que al menos siete personas murieron en esa zona después de que el Ejército abriera fuego contra los manifestantes, que habían violado el toque de queda, que entró en vigor a las 16 horas de ayer y debería durar, en principio, 24 horas.

“Comenzaron a disparar con munición real hacia la multitud. Dispararon contra la multitud”, relató a Reuters Alfred Ononugbo, un agente de seguridad de 55 años después de que los soldados abrieran fuego. “Vi que las balas alcanzaron a una o dos personas”, añadió. Amnistía Internacional ha dicho que al menos 15 personas murieron desde que comenzaron las protestas.

El diario The Punch, citando igualmente testigos presenciales, indicó que 29 personas (27 civiles y dos policías) fallecieron en Lagos, pero las autoridades no han confirmado, de momento, ese extremo.

De acuerdo con The Punch, al menos 49 personas (43 civiles y seis policías) perdieron la vida en todo el país, aunque, una vez más, esos datos no han sido confirmados oficialmente por ahora.

Las protestas, en las redes internacionales

Las protestas han acaparado la atención de personalidades internacionales como la exsecretaria de Estado de EE. UU. Hillary Cinton, que esta madrugada instó en su cuenta de Twitter al presidente Buhari a “dejar de matar a los jóvenes manifestantes de #EndSARS”. La cantante Rihanna también condenó esta madrugada en Twitter la violenta represión de las protestas. “Mi corazón está roto por Nigeria”, dijo la vocalista de Barbados.

En las últimas semanas, otras personalidades como el rapero Kanye West o el cofundador de Twitter, Jack Dorsey, mandaron mensajes de apoyo a los manifestantes través de las redes sociales.

Huida de 2.000 presos

Las autoridades nigerianas informaron el martes que casi 2.000 presos habían escapado de la cárcel después de que grupos multitudinarios atacaran dos centros penitenciarios el mismo día que se anunciaba el toque de queda.

Las protestas contra el escuadrón policial comenzaron hace dos semanas después de que circulara un video que mostraba a un hombre siendo golpeado, aparentemente por agentes del SARS.

La Vanguardia

Categorías: Tortuga Antimilitar

“El grito no es el patria o muerte del che guevara. El grito es deseo, nuestra venganza es ser felices”

24 October, 2020 - 00:00

María Galindo (La Paz, Bolivia, 1964) es una activista anarcofeminista, cofundadora del colectivo Mujeres Creando y codirectora de Radio Deseo. En esta entrevista hablamos con ella, entre otras cosas, de los desafíos políticos abiertos por la pandemia, de los retos actuales de los feminismos y de la alegría como forma de subversión.

Marisa Pérez Colina

La pandemia mundial ha desnudado (más si cabe) las vergüenzas del neoliberalismo: las desigualdades Norte/Sur, las consecuencias del desmantelamiento de lo público, la mercantilización de nuestros recursos de vida y la naturaleza cada vez más fundamentalmente represiva del Estado. ¿Cuál es la situación de las personas más afectadas por el patriarcado, en estos tiempos de pandemia, en Bolivia?

Yo hablo de 5 pandemias que se están dando simultáneamente: el coronavirus, la fascistización, la pobreza, la corrupción y la pandemia de la violencia machista. Si pensamos en esos términos la Pandemia ha agudizado o despertado otras problemáticas sociales. Sin embargo, al mismo tiempo hay un despertar de sensibilidades, de búsquedas y de respuestas muy radicales. En Bolivia empezamos con una militarización cerrada de las ciudades más importantes y con una inflamación muy fuerte de miedo. Luego poco a poco la gente fue logrando reaccionar y producir formas de respuesta y revuelta muy importantes, al punto que en el mes de agosto hemos tenido un importante bloqueo generalizado de caminos y no hay día en que las luchas sociales no estén activándose.

Bolivia ha sido uno de los países con la tasa de mortalidad más alta de la región, sin seguro universal de salud, con una infraestructura hospitalaria de hace casi 60 años, sin industria farmacéutica y sin investigación. Se ha pretendido de forma colonial aplicar los protocolos europeos que han consistido en militarización, confinamiento, mascarilla y miedo. Se ha llegado a prohibir el uso de la medicina tradicional que está muy extendida y es con la rebeldía y la desobediencia, que no han sido un lujo sino una herramienta extendida, como estamos reaccionando poco a poco.

En España durante los tres últimos años “el feminismo” se ha vuelto mainstream. Esta fuerza tiene unas potencialidades tremendas pero está siendo asfixiada por los intereses de un feminismo blanco y de clase media que, bajo las banderas de la igualdad hombres-mujeres y la lucha contra la violencia de género, solo pone el foco en los intereses de las mujeres de clases pudientes. En otras palabras, las feministas únicamente preocupadas por el techo de cristal están haciendo la vida imposible a las putas, a las trans y a las personas racializadas.

¿Qué nos tocaría hacer para desbancar al feminismo civilizatorio y de clase media, por un movimiento de feminismos antirracistas y anticapitalistas?

Yo lo veo de forma distinta, creo que no hay un feminismo sino muchos. Creo que lo que está instalado en los gobiernos, partidos políticos y organismos internacionales a partir del uso confuso y neoliberal de la categoría de género es lo que he llamado una “tecnocracia de género” que se revuelca en un discurso de igualdad de derechos caduco.

Por supuesto que esa tecnocracia de género, que produce además la inflación de másters en género y programas de igualdad sin profundidad, invade todo desde universidades hasta gobiernos municipales y que está protagonizado por mujeres profesionales de clase media.

Sin embargo, con todas las críticas que tengo a esas tecnocracias de género y a las confusiones políticas que implican, creo que es un desgaste acabarse en esa polémica que sin duda ninguna no tiene proyección histórica.

Creo que el trabajo fundamental no esta ahí, sino en la construcción y discusión de las cuestiones del feminismo hacia la sociedad, hacia los sujetos sociales de forma directa. El desafío está en construir horizontes que se conviertan en lo que llamo “horizontes de sentido”. Por ponerte un ejemplo: el horizonte de sentido de la despatriarcalización y de la descolonización como un proceso unido intrínsecamente al de la despatriarcalización es un horizonte de sentido que hemos instalado contruido y debatido nosotras, las Mujeres Creando, en la sociedad boliviana y que desde ahí ha saltado al conjunto del movimiento a escala latinoamericana y más. Creo que ese trabajo es más interesante que gastarse en la polémica con las tecnócratas que solo quieren cuidar su pequeñísimo espacio de privilegio y de ficción de poder. No creo que la lucha más interesante sea por destituir a una tecnocracia de género, sino por abrir horizontes de sentido, construir utopías y prácticas políticas que empujen esas cuestiones.

Aterrizando en un ejemplo concreto lo que andamos conversando y referido a las putas, qué opinión te merece este tuit de la ministra actual de Igualdad, Irene Montero?

Sobre el twit de Irene Montero pienso que no tiene ni idea de lo que está diciendo, que la delata como una mujer ignorante del tema. El universo del trabajo sexual es complejísimo y no sólo hay que conocerlo sino que la única posible salida política a la persecución política que sufren las compañeras es buscar cualquier intervención con ellas, desde ellas y en diálogo profundo con el sujeto protagonista. Nada por nosotras sin nosotras, que es una tesis política válida para todo.

Todas las persecuciones contra “los proxenetas” han derivado en formas de persecución de las trabajadoras sexuales, y por otro lado no se puede entender el universo del trabajo de las mujeres sin la comprensión del trabajo sexual como ficha imprescindible de esclarecimiento.

La continuidad entre matrimonio y trabajo sexual es también muy importante de comprender. Podría decirte a lo suave que Irene montero está extraviada y probablemente valga la pena que ella misma se problematice sobre sí misma y las condiciones que la atraviesan como mujer heterosexual, madre parlamentaria y pareja del jefe de su partido. Creo que estas compañeras deben convertirse en su propio problema, es decir, pensarse a sí mismas es lo mínimo que les exigimos.

En la XVI Escuela Feminista Rosario Acuña celebrada en Gijón en julio del 2019, en una mesa titulada “El borrado de las mujeres y la apropiación lésbica”, las ponentes soltaron perlas como estas: “las activistas transgénero son tíos y digo tíos porque son tíos”, o “hay muchos problemas con esto del género que se sustentan con conocimiento de la moda”. ¿De dónde viene ese miedo a la disidencia de género? ¿Remar a favor de la reproducción del binarismo sexual no es hacerle el trabajo al patriarcado?

Considero que hay una concatenación antropológica e histórica que estudiar con nitidez sobre la relación entre diferencia sexual y binarismo de género y pluralismo de género o sistema sexogenérico complejo. En las sociedades andinas el binarismo de género ha sido instituido como parte del proyecto colonial y como parte de la extirpación de idolatrías; y la diferencia sexual como modelo de relacionamiento hombre/mujer ha descansado de forma posterior sobre esa primera “erradicación”, castigo y persecución. Por eso el estudio de la transfobia es el estudio de la memoria larga solo posible desde la descolonización y la despatriarcalización.

Las compañeras que quieren trabarse en el estudio de la diferencia sexual como única estructura histórica que cuestionar van a tener un accionar de menor profundidad. Una no es excluyente y hay que comprenderlas como estructuras concatenadas. El problema de la escuela feminista a la que haces mención es la limitación filosófica del encuadre de su trabajo: entienden el feminismo desde una visión eurocéntrica como parte del proyecto de la modernidad. Esa comprensión ya no alcanza y sospecho que nunca alcanzó. Y esa frase de que son tíos, me da risa: en Bolivia yo también he sido expulsada del universo de las mujeres y soy denunciada como ¡hombre! Está claro: ser mujer es una cuestión política y no biológica.

Preciado es imprescindible no como necesariamente corriente político filosófica, sino como eslabón conceptual: el cuerpo es una construcción política histórica.

Así como es impensable la acumulación originaria del capitalismo sin el colonialismo, es impensable la construcción de la unidad productiva más eficiente de subvención del capitalismo y de contención emocional como es la familia sin la institucionalización del heteropatriarcado como régimen que construye un cuerpo que cumpla con tales fines. Ahí es precisamente donde se implanta la diferencia sexual como estructura dominante.

Algunas de estos posicionamientos, que se reclaman feministas, se comparten con discursos de la extrema derecha: en especial, la adhesión fanática al binarismo de género o la instrumentalización de los derechos de las mujeres a favor de políticas neoliberales (favoreciendo así, por ejemplo, la “liberación” de las mujeres de origen no occidental a través de su introducción en los trabajos precarizados del “sector de los cuidados”). ¿Por qué crees que se da esta confluencia?

Hay un resurgimiento del puritanismo, que no viene de pureza, sino de la ideología cristiana puritana sobre el cuerpo, el sexo y el placer. Esa ideología que está a la base de la familia tradicional blanca occidental.

Esa estructura está en una crisis terminal, sin embargo, la reemergencia de fuerzas conservadoras y fascistas que la defienden es parte de un fenómeno muy frecuente que es el coletazo final. Es decir, perciben su fin y quieren morir matando, lo que no se dan cuenta es que sus hijos e hijas son quienes están huyendo de esas estructuras opresivas.

Me preocupa que el cuestionamiento del acoso sexual y de todas las formas de violencia machista sea aprovechada por una ola “puritana” dentro del propio feminismo que condene la circulación del placer erótico, la libre exploración de su sexualidad por parte de la gente joven, etc. Me preocupa que el discurso de cuestionamiento de la cosificación de las mujeres se articule con formas de censura como, por ejemplo, está sucediendo con la película de la francesa de origen senegalés Maïmouna Doucouré.

Cambiando de tercio, en una entrevista de marzo de 2020, le dices a Carolina Meloni: “A mí las definiciones de izquierda y derecha no me sirven, no por neutralidad sino por caducidad y porque nos inducen a una lógica binaria simplista”, Esta frase se popularizó en el Estado español durante la revuelta del 15M del 2011, apuntando, también, al agotamiento de la democracia liberal parlamentaria. O eso creímos algunas. Sin embargo, apenas una década después, seguimos atrapados en la lógica de los partidos, de la política como demanda a las instituciones y el apego al Estado. ¿A qué desafíos nos enfrentamos hoy quienes aún creemos en que la política pasa, como diría Raquel Gutiérrez, “por producir común más allá de las políticas estado-céntricas”?

No creo de ninguna manera que sigamos ahí. Como dice Preciado la pandemia ha acelerado la crisis epistémica, las respuestas desde los estados neoliberales a la pandemia ha sido ridícula. Sus contradicciones son evidentes, trabajar es bioseguro pero bailar es peligroso. Darse un beso es peligroso pero es sano deshechar a l@s muert@s como si fueran basura en bolsas plásticas de forma higiénica e invisible en los países del norte y en el sur como fosas comunes de la más grande dictadura del siglo XXI, la dictadura del ecocidio y la concentración del capital, y las decisiones en poderes supraestatales como las grandes corporaciones.

Claro que estamos con las piernas abiertas saltando en medio de un abismo que nos exige la invención de nuevas utopías. Es un momento terminal e inaugural, trágico y eufórico, desgarrador y alucinante.

Los Estados/nacionales o Plurinacionales son administradores secundarios de un orden colonial mundial basado en el ecocidio, el colonialismo, el patriarcalismo y la muerte.

Y lo que más nos habita en el cuerpo son las ganas de vivir, de enamorarnos y bailar. Empecemos entonces por ahí. Recuperemos la felicidad como estrategia, el ocio como forma de vivir el tiempo y el placer y el deseo como lo que no estamos dispuestas a perder: el grito no es el patria o muerte del che guevara. El grito es deseo, nuestra venganza es ser felices.

Los patriotas han muerto, pero de aburrimiento.

Y hablando de subversiones… Buena parte de las feministas y mujeres luchadoras que, a mi juicio, están aportando hoy muy fertilmente al pensamiento y la acción tanto despatriarcalizadora como emancipadora del mundo, son mujeres (feministas anticapitalistas y antirracistas) por encima de los 50 años. Mujeres mayores, esto es, esas que nos volvemos invisibles por obra y gracia del heteropatriarcado, y más precarizadas aún, si cabe, economía capitalista mediante. A tu juicio, ¿la madurez en las mujeres puede ser una herramienta más para la subversión?

Yo no me aferro a ninguna condición: ni la de lesbiana, ni la de gorda, ni la de boliviana, ni la de vieja, aunque todas esas junto a muchas más son condiciones que han ido marcando de muchas maneras mi lugar político y debería sumarle el de loca, bastarda, histérica, marimacho.

De ya he repensado el enfoque de la interseccionalidad de CLASE, RACIALIZACIÓN Y GÉNERO como un enfoque que constituyó una herramienta importante de los 70's, pero que actualmente hay que complejizar por todos los ángulos para abrir un auténtico caleidoscopio de intersecciones identitarias que configuran la identidad como fragmento siempre incompleto, como fragmento entre muchos fragmentos, que no admite maniqueísmo ni menos aún superficie lisa.

En ese contexto las edades se presentan como algo maravilloso y complejo. Yo sí creo que las chicas jóvenes están protagonizando rupturas que contemplo con éxtasis y no renunciaría jamás a ese lugar de menopáusica que me inventé hace algunos años y a ese lugar de vieja loca al que estoy acercándome poco a poco. En Mujeres Creando, y esto no es propaganda, la mujer más grande tiene alrededor de 80 años y la más joven debe estar en los 20 como mucho; a los encuentros que organizamos invitamos de 14 a 99 años pero siempre estamos rodeadas de niñas porque en Bolivia las mujeres cargan sus wawas con ellas siempre. Los conflictos existenciales de las edades me fascinan y no hallo privilegio en alguno, otra cosa es la gerontocracia que no permite la relectura radical de las nuevas generaciones de todo.

Uno de mis vicios es hacer retratos y tengo un retrato dedicado a la menopáusica en el que reivindico esa edad como una edad en la que dejas de soportar. Yo he soportado callada muchísimas humillaciones y me ha tomado mucho tiempo dejar de soportarlas. Eso me ha hecho más radical, más intransigente (como dicen las trans, porque en Mujeres Creando las mujeres trans se han autobautizado como intransigentes) y eso me gusta mucho. Aquí, para cerrar, te comparto un pedazo de ese retrato:

”Aparece en ese contexto la menopausia, anunciada como una catástrofe en la condición más importante de la “feminidad”, inclusive parece anunciar la expulsión del mundo erótico. Se la presenta como un decaimiento, como el principio del final; aparece representada como un desequilibro hormonal y como una pérdida de sensualidad, cuando podría representar justamente todo lo contrario.

Estamos frente a un juego de interpretaciones, donde el criterio parece que lo impone la sociedad patriarcal, con un libro de ciencia en la mano, escrito por hombres y para privilegio de ellos.

Lo que juega a favor de la menopáusica es que ella ya ha vomitado, superado y atravesado por todos y cada uno de los mitos con los que somos domesticadas las mujeres. Ya sabe que todas las culpas y amenazas no valieron ni las lágrimas, ni mucho menos el esfuerzo: sabe que todo es mentira”

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/palab...

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