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Actualizado: hace 2 horas 2 min

Calle de Elx

3 July, 2020 - 00:00

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Colombia y Haití: Militarismo, colonialismo y violencia sexual

2 July, 2020 - 00:00

Diana Carolina Alfonso

George Floyd fue asesinado el 25 de mayo en Minessota, Estados Unidos. Este suceso ha desatado una ola movilizaciones sociales contra el racismo y la brutalidad policial en todo el mundo.

La repuesta de Donald Trump, el presidente norteamericano, fue mostrarse públicamente con la policía y además sacar al ejército a la calle para reprimir las movilizaciones antirracistas. Es importante recordar que el gobierno norteamericano ha invadido militarmente toda la periferia mundial, con la excusa de la protección a la democracia y la paz social, incurriendo constantemente en actos racistas y todo tipo de violaciones contra los derechos humanos.

En Latinoamérica el dominio neocolonial de los Estados Unidos se ha perpetrado con atropellos constantes a las soberanías nacionales, por medio del asesinato selectivo y las violaciones a mujeres e infancias. México fue la primera víctima de la tristemente célebre doctrina Monroe (léase América para Estados Unidos). Entre 1846 y 1848 la nación del Tío Sam llevó a cabo una guerra contra el país latinoamericano, donde éste último perdió casi la mitad de su territorio (Texas y California). La herida colonial al sur del Río Bravo supura con la sangre de las mujeres asesinadas. Ciudad Juárez es hoy una de las metrópolis con mayores tasas de femicidio en toda Latinoamérica.

En la actualidad Haití y Colombia son dos casos paradigmáticos para entender el dominio norteamericano en sus prácticas coactivas, patriarcales y neoliberales. Lejos de defender la democracia, los abusos del patriarcado militar norteamericano han instituido formas concretas de dominación sobre los cuerpos de las mujeres de estos países.

Tras la firma del Plan Colombia, al menos 53 niñas colombianas fueron violadas por soldados y contratistas de EE.UU., quienes además grabaron los abusos y vendieron los videos como material pornográfico, según denuncia el «Informe de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas».

Los vínculos de impunidad entre el ejército colombiano y las fuerzas de seguridad norteamericanas han impulsado prácticas pederastas al interior de las comunidades. En los últimos días siete militares colombianos admitieron haber violado a una niña de 13 años de la comunidad embera.

Según Malka Orozco (militante de Colombia Humana, residente en Argentina) las instituciones del Estado Colombiano siguen perpetuando crímenes de lesa humanidad en un contexto de guerra. En Colombia, según datos del Centro Nacional de Memoria Histórica, se registran más de 24mil delitos contra la libertad e integridad sexuales en el marco del conflicto armado. Teniendo en cuenta que el conflicto se ha extendido por más de 70 años, las cifras oficiales tendrían que multiplicarse exponencialmente.

En Haití la intervención militar y económica norteamericana también ha generado un contexto propicio para la explotación sexual de mujeres e infancias. Los militares extranjeros de las tropas de la ONU y el ejército norteamericano, aún no han respondido por las violaciones masivas cometidas durante las casi dos décadas de su incursión en el país antillano. Mientras tanto la población haitiana les responsabiliza de fomentar la mercantilización de la niñez y las relaciones sexuales. El crecimiento de la prostitución forzada es consecuencia de la miseria impuesta por las naciones injerencistas de la MINUJUSTH. Desde entonces las enfermedades de transmisión sexual se suman a las plagas del contacto imperial, como lo fuera el brote de cólera en el 2010 cuando varones de las tropas nepalíes defecaron en las riberas del río Artibonito, la mayor fuente acuífera del país. En Haití la presencia norteamericana es responsable, por demás, de la insostenibilidad económica y la corrupción. Uno de los efectos de la escasez estructural en el país antillano es el llamado fenómeno restavek.

En las palabras de Daphnée Joseph (militante feminista haitiana residente en la ciudad de Buenos Aires) el fenómeno restavek es consecuencia de la pobreza de las clases rurales, quienes se ven obligadas a dar a sus hijos e hijas en adopción para el trabajo doméstico. Estos niños trabajan en condiciones de semiesclavitud y en muchas ocasiones son abusados sexualmente. Huelga recordar que Estados Unidos inhabilitó la soberanía alimentaria haitiana, obligándole a consumir artículos de sus redes comerciales. El cercenamiento de la capacidad de autoabastecimiento ha instaurado relaciones de extrema dependencia económica, generando la muerte por inanición de miles de familias campesinas.

Blog de la autora https://historiaygeopolitica.wordpr...

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Descoberta del riu Vinalopó

2 July, 2020 - 00:00

Descoberta del riu Vinalopó des del seu naixement, a la serra de Mariola, fins la seua desembocadura a les salines de Santa Pola. Un viatge aeri per tots els pobles, ciutats, partides, racons i paratges que travessa el riu.

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El giro del gobierno con la venta de armas a Arabia Saudí: De suspender los contratos en 2018 a multiplicarlos por 30 en 2019

1 July, 2020 - 00:13

Las autorizaciones para exportar armamento al régimen de Riad pasaron de 13,2 millones de euros en 2018 a 392 millones el año siguiente.

El destino de las armas españolas: la investigación de eldiario.es que desvela el lado más oscuro de una pujante industria.

Pol Pareja

Las buenas intenciones que mostró Pedro Sánchez al llegar a la Moncloa sobre limitar las exportaciones de armamento a regímenes que vulneran los derechos humanos duraron pocos meses. En verano de 2018, el Gobierno congeló de facto las exportaciones de armamento a Arabia Saudí y no autorizó ni un solo contrato de venta a este país durante el resto del año. Los datos de exportaciones de 2019, sin embargo, muestran como tras ese primer semestre el Ejecutivo multiplicó por 30 las autorizaciones para exportar a Riad: de los 13,2 millones autorizados en 2018 -todos durante el primer semestre, cuando el PSOE aún no estaba al frente del Ejecutivo- se pasó a más de 392 millones en 2019.

Así se muestra en las estadísticas españolas de exportación de material de defensa de los últimos dos años, que presentará este lunes por la tarde en el Congreso la secretaria de estado de comercio, Xiana Margarida Méndez. La documentación indica que entre 2018 y 2019 las autorizaciones de exportaciones de armas españolas a todo el mundo alcanzaron una cifra récord: 21.825 millones de euros. Las exportaciones realizadas en este periodo alcanzaron un valor de 7.880 millones, siendo 2019 el tercer año con más exportaciones de la historia.

La decisión del Gobierno de no autorizar nuevas exportaciones a Arabia Saudí se enmarcó en una tendencia que lideró Alemania tras el asesinato del columnista del Washington Post, Jamal Kashoggi, en el consulado saudí de Estambul (Turquía) en marzo de 2018. Durante ese año se siguió exportando armamento a ese régimen desde España, pero porque correspondía a contratos anteriores autorizados por el gabinete de Mariano Rajoy.

En octubre de 2018, Sánchez compareció en el Congreso para justificar la venta de 400 bombas de guiado láser a Arabia Saudí frente a las fuerzas y organizaciones que le pedían que se sumara al embargo anunciado por Alemania. El presidente defendió entonces que lo hacía para cumplir con un contrato firmado en 2015 cuando el PP estaba en el Gobierno y apeló a la obligación de velar por la seguridad jurídica.

En el turno de réplica, Sánchez se desmarcó del régimen de Riad. "El Gobierno no ha vendido armas a Arabia Saudí, no hay nada pendiente, en trámite, ni firmado", aseguró, aunque posteriormente desde el Ejecutivo se aclaró que se refería a ventas directas de material del Ministerio de Defensa y no a las operaciones comerciales de empresas privadas, que suelen suponer más del 90% de las ventas de armamento.

Los datos que se presentarán este lunes en el Congreso, analizados por la campaña Armas bajo control, muestran que la suspensión duró apenas unos meses. En 2019, el Ejecutivo autorizó 22 licencias para exportar armas a Riad por valor de 392,78 millones, divididos en 76,2 millones en munición, 1,3 millones en bombas y 315 millones en aeronaves. El 97% de estos contratos fueron para las Fuerzas Armadas saudíes y el resto para empresas privadas.

Sí que se desplomaron en 2019 las exportaciones que acabaron llegando al régimen saudí, debido a que el año anterior el Gobierno había congelado nuevas autorizaciones. España pasó de ser el sexto vendedor (235,3 millones) al decimoquinto en 2019 (35,4 millones), una tendencia que se revertirá en 2020 tras los nuevos contratos que se autorizaron el año pasado.

Arabia Saudí encabeza la coalición internacional -formada también por Emiratos Árabes, Kuwait, Bahrein, Egipto y Jordania- que interviene en Yemen desde 2015. Diversas organizaciones humanitarias han acusado a esta coalición de llevar a cabo bombardeos indiscriminados sobre la población civil y de violar los derechos humanos reiteradamente desde que se inició el conflicto.

Una investigación de eldiario.es de noviembre de 2019 probó como aviones de fabricación española o con componentes españoles se utilizan para bombardear Yemen o para reabastecer en el aire a aeronaves que después tiran bombas sobre el territorio.

La posición común de la Unión Europea, el Tratado sobre el Comercio de Armas y la ley española 53/2007 establecen que no se debe autorizar la venta de armas a otros regímenes que cometan atrocidades. Sin embargo, las reuniones en las que se toma la decisión sobre si se permite o no exportar, en la que participan representantes de varios ministerios, son secretas y sus actas inaccesibles para la ciudadanía.

El Ejecutivo apuesta por un mayor control

El Ejecutivo ha mostrado su intención de mejorar el control de las exportaciones de armamento español para evitar que se acaben utilizando para vulnerar derechos humanos o fuera del país de destino. El pasado 28 de abril se aprobó un Real Decreto que supone la adopción de un protocolo de verificación para poder controlar mejor el uso y destino de las armas españolas, aunque según el texto este protocolo de verificación no será obligatorio.

Las organizaciones internacionales de control de armamento consideran la medida del Gobierno como un paso positivo, pero señalan que todavía queda mucho margen de mejora e insisten en la necesidad de transparencia del JIMDDU, el organismo interministerial que autoriza las exportaciones cuyo secreto se ampara en la ley de secretos oficiales aprobada en 1968.

A pesar de las autorizaciones a Arabia Saudí descritas en este artículo, desde la llegada de Sánchez a la Moncloa el Ejecutivo sí ha rechazado autorizar algunos contratos para vender armamento e incluso llegó a cancelar algunos que ya habían sido autorizados debido a los riesgos de que se utilizaran contra la normativa internacional.

A finales de 2018 se denegó un acuerdo previo de exportación a la Fuerza Aérea de Emiratos Árabes de 16.000 cuerpos de bombas de aviación (por valor de 176,7 millones) y en octubre de 2019 se denegaron nuevas licencias de exportación a Turquía porque el material era susceptible de acabar siendo utilizado en Siria.

En 2019 también se denegaron exportaciones de grilletes a Israel y de granadas lacrimógenas a Tailandia. El Ejecutivo de Sánchez también rechazó ampliar una licencia de exportación de repuestos y partes de carros de combate para el Gobierno de Venezuela que había sido autorizada por el Ejecutivo de Rajoy durante el primer semestre de 2018.

El Gobierno también vetó la exportación a Nicaragua de 600.000 cartuchos de escopeta unos meses antes de que eldiario.es revelara que el régimen de Daniel Ortega utilizó este tipo de munición de una empresa española para reprimir las protestas estudiantiles de 2018.

El gobierno justifica las exportaciones de armas a Arabia Saudí por la ausencia de embargos internacionales

La secretaria de estado de comercio, Xiana Méndez, asegura que la guerra en Yemen es una "preocupación esencial" para el Ejecutivo.

Pol Pareja

La secretaria de estado de comercio, Xiana Méndez, ha defendido este lunes en la comisión de defensa del Congreso el giro realizado por el Gobierno de Pedro Sánchez respecto a las exportaciones de armas a Arabia Saudí. Según informó este periódico, el Ejecutivo pasó de suspender las autorizaciones para exportar armas a Riad en 2018 a multiplicarlas por 30 al año siguiente. Méndez ha justificado estas exportaciones alegando que no existe ningún embargo internacional que impida realizar ventas al régimen saudí, responsable de la vulneración sistemática de los derechos humanos en la guerra de Yemen.

"No nos consta ni en la Secretaría de Estado de Comercio ni en la JIMDDU [el organismo que aprueba las exportaciones] que haya indicios de utilización de material de empresas españolas fuera de Arabia Saudí", ha señalado Méndez, a pesar de que tanto investigaciones periodísticas como destacadas ONG han probado lo contrario, un aspecto que le han recordado los representantes de grupos como EH Bildu o ERC.

"La situación en Yemen es una preocupación esencial de la JIMDDU", ha proseguido la secretaria de estado de comercio. "La ONU estableció un embargo a las personas y entidades implicadas en el golpe de estado en Yemen, pero no estableció un embargo a los países citados [Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos]".

Méndez ha insistido en que, para el Ejecutivo, la principal prioridad a la hora de autorizar exportaciones de armamento es siempre la preservación de los derechos humanos. "No hay ningún otro elemento que tenga más peso que este, ni siquiera el interés económico o de preservar empleos", ha asegurado.

A pesar de que la comparecencia en el Congreso para detallar las exportaciones y autorizaciones de armamento español se debe realizar anualmente, hacía ya dos años que el comercio de armas no se sometía al control parlamentario por culpa de la repetición electoral y el periodo en funciones en el que estuvo el Ejecutivo durante 2019.

Los únicos grupos parlamentarios que han cuestionado las relaciones comerciales con Arabia Saudí han sido EH Bildu y ERC, mientras que el resto de fuerzas han apoyado al Ejecutivo en este aspecto y han centrado sus críticas en la falta de transparencia a la hora de informar sobre las exportaciones de armamento.

"¿Cuál ha sido el criterio para pasar de suspender autorizaciones a multiplicarlas por 30?", ha preguntado en varias ocasiones Jon Iñarritu (EH Bildu). "Siguen apareciendo armas españolas en conflictos de todo el mundo, ya sea Libia o Yemen", ha remachado el diputado. "Me preocupa que diga que no le consta".

Méndez ha reiterado que las exportaciones a estos países son objeto de un "análisis más reforzado" desde mediados de 2018 y ha señalado que las autorizaciones de 2019 se deben al interés del Gobierno en "mantener la competitividad y especialización de la industria española" en el sector.

Críticas a la falta de transparencia

Tanto los grupos de la derecha -PP, VOX y Cs- como Unidas Podemos y PSOE se han alineado con el Ejecutivo a la hora de defender las exportaciones de armas a países que están inmersos en conflictos, como el caso de Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos.

Las únicas críticas en las que han coincidido todos los grupos parlamentarios -con la excepción de los que están en el Gobierno- ha sido en la necesidad de que haya una mayor transparencia del Ejecutivo a la hora de informar sobre las exportaciones de armamento.

Las críticas se han dirigido al hecho de que hacía dos años que no se celebraba esta sesión en la comisión de defensa y también al hecho de que las actas de la Junta Interministerial de Material de Defensa y Doble Uso (JIMDDU) son secretas a día de hoy gracias a la ley de secretos oficiales.

Méndez ha respondido que la autorización de licencias para exportar son un "acto administrativo" y que el control parlamentario de estas licencias ya se realiza mediante la comparecencia anual ante la comisión de defensa. Ha destacado, además, las nuevas medidas tomadas por el Gobierno para reforzar el control del material español una vez se ha exportado a países donde hay riesgo de que se utilicen para vulnerar los derechos humanos.

El Diario

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El ministro del interior Marlaska reivindica una Guardia Civil neutral, militar y feminista

1 July, 2020 - 00:05

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reivindicado en la toma de posesión del nuevo director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, teniente general Pablo Salas, un proyecto para el Instituto Armado que mantenga su neutralidad desde el respeto al carácter militar, pero asumiendo también las políticas feministas que defiende el Gobierno.

"El Gobierno quiere una Guardia Civil eficaz y moderna, eso implica cambios y ajustes, pero no supone emprender viajes imaginarios o teorizar con reformas radicales como trastocar su carácter militar o desnaturalizarla", ha comentado, en la línea de lo que ya había sostenido públicamente después de que el vicepresidente Pablo Iglesias abogara por la desmilitarización.

Dicho esto, el ministro ha señalado que el Instituto Armado también perdería su sentido "desprovisto de su arraiga imparcialidad" o de su "lealtad a todas las instituciones del Estado y de su neutralidad". "Cualidades", ha continuado, "sobre las que se construye el aprecio y la confianza que despierta en los ciudadanos y que implican un necesario apartamiento de la contienda política y de los distintos posicionamientos partidistas".

En un acto marcado por el uso de mascarillas por las medidas para prevenir el coronavirus, Grande-Marlaska ha defendido la gestión de la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, tras las críticas internas por el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos, a la que siguió los cambios en la cúpula de mando con el nombramiento de Pablo Salas para la DAO y de Félix Blázquez como Mando de Operaciones.

"Conozco su energía y confío plenamente en su proyecto para la Guardia Civil", ha dicho Grande-Marlaska sobre la directora que llegó al cargo en enero, "un proyecto perfectamente alineado con las políticas de seguridad del Ministerio, feminista y basado en un liderazgo dialogante, que escucha a sus generales, a las asociaciones profesionales y también al resto de integrantes de la institución".

AUSENCIA DE MARGARITA ROBLES

Grande-Marlaska se ha mostrado convencido de que este proyecto "aflorará" tras la etapa "tan inusual" para hacer frente al coronavirus y que lo hará "con ambición, empuje y plena capacidad". Sus primeras palabras han sido para disculpar la ausencia por compromisos previos de la ministra de Defensa, Margarita Robles —que tampoco asistió a la toma de posesión de María Gámez—, y para destacar que ambos "aúnan voluntades y empeños" en lo referente a la Guardia Civil.

"Hemos vivido estos meses con mucha intensidad, con una incertidumbre inicial ante un fenómeno que nos obligó a adaptarnos con rapidez", ha sostenido el ministro en alusión a la crisis del covid-19, de la que ha sacado como aspecto positivo que ha servido "para aprender, tanto de los aciertos como de los errores, dejando espacio al ejercicio de la siempre necesaria autocrítica".

Grande-Marlaska ha elogiado a la cúpula saliente y también a los nuevos mandos, a los que ha dicho que conoce bien de su anterior etapa como juez en ejercicio. "Los cambios siempre generan incertidumbres que el tiempo y los resultados se encargan de desvanecer", ha sostenido subrayando que siente "profundamente su deber y responsabilidad para con la Guardia Civil". "Este ministro la conoce, la admira y la quiere", ha enfatizado antes de comentar que necesita "los mejores cuadros de mando".

El teniente general Pablo Salas ha prometido que será un "fiel colaborador" de la directora y ha reivindicado su orgullo de ser "solo guardia civil y militar". "Soy un guardia civil orgulloso de ser guardia civil y solo quiero ser guardia civil", ha dicho.

Tras jurar el cargo, el DAO ha comentado que afronta el futuro "sin pena ni miedo", en un guiño al libro de memorias del ministro del Interior, y también ha destacado el papel jugado por la Guardia Civil durante la etapa más dura del coronavirus, dando apoyo a los más necesitados en residencia de mayores o a personas vulnerables como las víctimas de violencia de género.

Pablo Salas ha tenido palabras de recuerdo para los guardias civiles fallecidos del Servicio de Información, su anterior empleo, y también para los nueve agentes víctimas de la Covid-19. En su discurso, ha coincidido con el ministro en la necesidad de "continuar con la modernización" respetando los valores, costumbres y tradiciones del Cuerpo, y destacando el papel de las asociaciones profesionales.

Félix Blázquez, teniente general al frente del Mando de Operaciones, ha reconocido que la situación actual "no es buena" por la crisis del covid-19, de la que espera salir "más pronto que tarde". Además, ha prometido lealtad a la cadena de mando y en especial al DAO, de quien han dicho que es un compañero de promoción desde la década de los 70.

Fuente: https://madridpress.com/art/273756/...

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Cuerpos indeseables

1 July, 2020 - 00:00

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La crisis de nuestras vidas (V y final). Con la boca tapada

30 June, 2020 - 00:01

9- Sin contestación

Acabando ya esta larga reflexión que me han encargado los amigos de Tortuga, creo que es pertinente hablar también de cómo han reaccionado los sujetos más o menos críticos o inconformistas con el sistema ante las medidas que se han decretado e implementado a lo largo de la crisis del covid. Para ello conviene diferenciar varias etapas, puesto que los sentires y las públicas expresiones del pensamiento de muchas personas, incluyéndome a mí también, han experimentado importantes evoluciones a lo largo de todos estos meses.

Cuando se decretó el estado de alarma con sus medidas de confinamiento general, allá por el mes de marzo, puede decirse que, haciendo buenas las tesis de Naomi Klein, la sociedad entera entró en estado de shock. Y con ella, la izquierda en pleno. Ante una situación inédita, ante una amenaza de potenciales consecuencias de carácter desconocido, ante la mayor de las incertidumbres acerca de lo que estaba por venir, el que más y el que menos, siquiera por prudencia elemental, se abstuvo de protestar y de disentir frente a las medidas de profilaxis social adoptadas. Ayudó mucho a ello, desde luego, como he comentado en epígrafes anteriores, la, también inusitada, propaganda institucional que, más que nunca, inyectó a diario dosis ingentes de miedo desde los medios de comunicación.

El contexto de ese momento, extendido aproximadamente durante dos meses, como también hemos dicho arriba y ustedes recordarán, supuso un recorte de derechos y una militarización social sin precedente alguno. La clase gobernante emitió decreto tras decreto con el fin de someter a la población a un férreo control, especialmente en cuanto a su libertad de movimiento. Tales medidas sumieron a la sociedad del estado español en un tipo de realidad política más comparable con las pesadillas distópicas de la ciencia ficción que, incluso, con las peores dictaduras del presente y el pasado. Especialmente dolorosa me resulta la memoria de aquellos días en los que las calles eran coto vedado para el continuo patrullar de policías y militares. Cuerpos violentos del Estado, enseñoreados ante el protagonismo y centralidad social que se les había otorgado y, a causa de ello, más propensos que nunca a la arbitrariedad y el abuso.

También hay que recordar una vez más que, ante un escenario no tan diferente en los diversos Estados, no todos los gobiernos actuaron de la misma forma. Tampoco olvidar, como asimismo hemos comentado, la permanente falta de transparencia o de cualquier asomo de concertación o proceso democrático a la hora de adoptar e implantar todas estas decisiones.

Ante un escenario de tal gravedad desde el punto de vista político, ante la adopción de medidas de carácter extremado que, pese a su prometido carácter provisional, cabía interpretar que forzosamente, como así ha ocurrido, habían de dejar secuelas en forma de derechos menguados o extinguidos, ¿dónde estaba la izquierda?, ¿dónde los movimientos sociales? ¿Qué decían los anarquistas?

Lo cierto es que a lo largo de esos meses en los que los hospitales estuvieron al límite, cuando no sobrepasados, y la lista de personas fallecidas a causa del virus no dejaba de aumentar día tras día, pocos se atrevieron a ejercer el menor reproche. Con alguna que otra excepción, ni siquiera resonaron, al menos con claridad crítica, las voces procedentes de esa tribu urbana que ve conspiraciones por todas partes y que hoy clama vigorosamente contra lo que interpreta como el "engaño" del covid. Tampoco se escuchó a los portavoces de la derecha cavernaria. Y mira que éstos no pierden ocasión para tratar de hacer leña del gobierno "progresista"; acción que, por otra parte, sí emprendieron más adelante, en el llamado "proceso de desescalada", aprovechando un nuevo estado de ánimo y una mayor relajación social. En ese momento del que hablamos, el del "quédate en casa", no hubo "cayetanos" ni "migueles bosé" que se atrevieran a nadar en contra de una corriente tan poderosa.

Barrio de San Lorenzo, Roma, 11 de abril de 2020. Un enorme despliegue policial bloquea las calles del barrio para identificar a los participantes del funeral de Salvatore Ricciardi.

A diferencia de lo ocurrido en otros países de cerca y de lejos en los que, si bien escasa y puntual, sí hubo cierta protesta, incluso desobediencia organizada, por parte de algunos grupos de la izquierda radical, en el estado español dicha confrontación brilló por su ausencia. No es que dejara de haber cualquier tipo de acto reivindicativo o de denuncia en la vía pública, es que ni siquiera se trasladó la posible contestación a ese mundo virtual cibernético en el que se hallaba obligadamente instalada toda dimensión social en dichos momentos. No recuerdo haber leído posicionamientos "oficiales" de ninguna organización comunista, anarquista... criticando el recorte de derechos civiles y la imposición indefinida de un estado de excepción de carácter dictatorial. Si acaso alguna, no muy estridente, voz de orientación sindical sugiriendo medidas de protección sanitaria para los trabajadores, o laboral en el caso de los afectados por los ERTE. Sobre precarias de la economía sumergida, inmigrantes sin papeles, personas presas..., sin duda las más perjudicadas por el confinamiento, entre media y ninguna palabra. No ayudó a ello, desde luego, que el ente encargado de aplicar estas medidas, como digo, de carácter fuertemente autoritario, fuese un gobierno "de izquierdas". Muchas nos preguntamos cuál habría sido la percepción, el sentir y el posicionamiento de mucha gente ante estas circunstancias vividas si la dirección del país hubiera estado en manos de la derecha oficial. Podría decirse que ha sido una enorme suerte para "el poder" que esta imprevista crisis, por otra parte bien aprovechada para aplicar una gran vuelta de tuerca a toda la serie de aspectos sociopolíticos que hemos ido desgranando en las entregas anteriores, encontrara gobernando a la facción menos rancia de las dos del PSOE y a Pablo Iglesias en el puesto de vicepresidente.

Ni siquiera desde el antimilitarismo, aprovecho para decirlo ahora que estamos en una página de dicha adscripción, tan abanderado siempre del concepto "desobediencia", surgieron voces denunciando la situación e invitando a resistirla: alguna tímida especulación teórica al respecto, alguna denuncia de abusos policiales puntuales, alguna crítica al despliegue de la UME y, eso sí, toneladas de quejas por el uso de una metáfora de carácter bélico por parte del gobierno a la hora de referirse a la lucha contra la pandemia.

No acaba ahí la cosa. Muchos izquierdistas, sobre todo aquellos a los que la situación no les causó ningún perjuicio laboral o económico, en lugar de indignarse, preocuparse y, tal vez, movilizarse ante lo que estaba sucediendo, prefirieron apostar por lo que interpretaron como "el lado bueno" de la crisis: Los cielos que se limpian, los animales que vuelven a las ciudades, las industrias detenidas... Frenazo al estrés, a las actividades y el consumo compulsivo... De esa manera "compraron" el discurso del pensamiento positivo intensamente promovido por la propaganda institucional ("esta crisis la superamos unidos", "todo irá bien"...) e, incluso, por la publicidad comercial (esos anuncios repletos de ternura y humanidad...). Para no pocos, el confinamiento fue la ocasión de encontrar tiempo para sí mismos; para leer, pensar, escribir, cocinar, cultivarse... Y también para recuperar el vínculo y el cuidado, eso sí, a distancia, de sus amistades y relaciones familiares. En definitiva, una crisis aprovechable para reflexionar, hacer propósito de enmienda y, así, poder ser mejores personas y mejor sociedad. En fin, qué quieren que les diga. Bueno, sí, dos cosas: Diría a toda esa gente que ha apostado por verlo así que: Uno: tal vez deberían pensar un poco en la, al parecer, insatisfactoria vida que llevaban y a la que probablemente estarán regresando en estos momentos, si no lo han hecho ya, a ver porqué tiene que ser como es y porqué no son capaces de cambiarla sin un confinamiento de carácter obligatorio. Y dos: deberían plantearse el atraco bancario como profesión. En el caso de no ser atrapados pueden amasar una gran fortuna dignamente obtenida robando a los más ladrones de todos, y en el caso contrario disfrutar de las ventajas de una larga reclusión en la prisión para poder acometer todos esos proyectos de autoconstrucción personal.

10. La nueva normalidad

Cuando, más o menos a mediados del mes de mayo, tras decaer la curva de la pandemia, se puso en marcha el llamado "proceso de desescalada" y, gradualmente, se fueron levantando muchas de las restricciones impuestas, el estado emocional de shock y pánico de la población se atemperó y ello dio pie a un escenario más propicio para expresar la disconformidad. Ahora es cuando surgen con fuerza los llamados "capitán aposteriori" y los "donde dije digo, digo diego". Las fuerzas conservadoras, como decía, reanudan su cansina y pertinaz labor de zapa del gobierno socialdemócrata (y los simpatizantes de éste último su, no menos cansina, defensa a ultranza del mismo), al tiempo que resurge con fuerza el movimiento "holístico-conspiracionista" (la verdad es que no sé cómo nombrarlo sin descender de lo descriptivo a lo peyorativo), vigorizado en este nuevo contexto tan propicio y abonado para quienes su forma de comprender el mundo es la sistemática sospecha y negación de toda forma oficial o mayoritaria de interpretar cada cosa. Pero, aunque, con cuentagotas, se leen artículos cuestionadores del aprovechamiento que el sistema ha hecho de la crisis para aumentar el control social, y comunicados en dicha línea de carácter libertario, sigue sin aparecer en internet (mucho menos en las calles) un posicionamiento crítico y opuesto, desde algún tipo de izquierda radical (hoy más ocupada, al parecer, en la revisión de la estatuaria urbana), al autoritarismo que hemos vivido y a los vestigios que de él han quedado y que denominan "nueva normalidad". Al menos a mi no me consta. Que tal cosa sea así, desde luego, no indica nada bueno con respecto a la salud y vigencia de dichos movimientos y colectivos.

Y hablando de nueva normalidad, aunque oficialmente ya no hay "alarma", como alguien ironizaba en internet, cabe mantenerse alarmados puesto que sigue el "Estado". Y éste es hoy más poderoso que ayer, siendo nuestros derechos y libertades menores que antes de la crisis, y estando nuestros hábitos y patrones vitales más sometidos a su control que nunca. Más allá de la verdadera peligrosidad actual del coronavirus, de si, desde un punto de vista puramente médico, resultan necesarias o son (interesadamente o no) exageradas las medidas de distanciamiento vigente, la pedagogía social que resulta de la imposición de la mascarilla, la distancia personal, todas esas normas para desenvolverse, esas líneas que compartimentan, que prohíben..., el hábito de vigilarse y denunciarse unos a otros... es verdaderamente atroz y de consecuencias tan incalculables como difícilmente reparables. Resulta más que triste comprobar como la inmensa mayoría de la población, supuestos izquierdistas incluidos, parece sentirse perfectamente adaptada, incluso cómoda, en la nueva situación. Pareciera por momentos que la gente haría sin rechistar cualquier cosa -andar de puntillas, dejar de cantar, usar solo prendas de licra...- que desde el gobierno se decretara bajo el paraguas discursivo de contener el virus covid. Ciertamente, permítaseme el pesimismo, si no hacemos algo para remediarlo, el futuro es inquietante. Y la culpa no es de ningún virus.

FIN

Ver también:

La crisis de nuestras vidas (I)

La crisis de nuestras vidas (II). Vivir y morir

La crisis de nuestras vidas (III). Todos a la cárcel

La crisis de nuestras vidas (IV). Un mundo virtual

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El submarino que vale su (sobre) peso en oro

30 June, 2020 - 00:00

Hoy El País publica un articulo de Miguel González que, bajo el título "La Armada del submarino único" nos cuenta como "la falta de inversión" deja a nuestra marina con un solo sumergible. Se refiere al programa S-80, el intento (hasta ahora no demasiado exitoso) de construir un sumergible en España, conocido por el gran público por los pequeños problemillas de sobrepeso que saltaron a los medios hace unos años.

Sin embargo, en las líneas finales, aparece un dato que llama la atención: el S-80 no solo va con varios años de retraso, sino que además lleva consumidos 3.685 millones de euros, con un incremento del 70% sobre el presupuesto original. Lo voy a repetir otra vez: 3.685 millones de euros, 70% de incremento. Y me quedo preocupado: ¿cómo se conjuga eso con "la falta de inversión" que, según el mismo artículo, ha condenado a nuestro país a tener solo un submarino? Es más... ¿cómo es posible que un país como Portugal tenga exactamente el doble, es decir dos? ¿Los portugueses invierten el doble en su Armada? Hago una regla de tres rápida: si por un submarino se pagan 3.685 millones y son insuficientes (porque entrará en servicio sin un elemento fundamental, el AIP que le permite una navegación silenciosa)... ¿cuánto se han gastado los vecinos en los suyos, ordenados en 2005, en servicio desde 2010 y además con AIP incorporada desde el minuto uno? . La respuesta: 880 millones de euros, 440 millones por submarino. Se han gastado un 12% de lo que nosotros llevamos tirado invertido en un sumergible que no entrará en servicio hasta, al menos, 2023 -trece años después de los portugueses, 22 años después de haber sido encargado- y, cuando lo haga, tendrá capacidades menores que los lusos.

En un país en el que gastarse 20.000 euros en vinilear unos buzones de correos supone una tormenta mediática con acusaciones de despilfarro, llama la atención que fundirse -lo voy a decir otra vez- 3.685 millones de euros en un submarino que aun no toca el agua no concite ningún interés. Que además se tenga todavía el cuajo de quejarse amargamente de que no se gasta lo suficiente es ya extraordinario. Tal vez habría que hablar de una pésima gestión del proyecto y de los fondos; de cómo -en lugar de seguir colaborando con países que tenían la experiencia en fabricar buques tan complejos, en este caso Francia- se decidió ir por libre sin ningún tipo de estudio o aval de capacidades técnicas; de la manera en la que han usado la bandera de la creación de empleo para convertir el S-80 en un sumidero de millones. De como nos han exigido recortes y ajustes y austeridades varias mientras ni dios planteaba la posibilidad de cancelar el teatro y comprar, como Portugal, sumergibles a Alemania; o a Francia; o a Japón. O no comprarlos, porque lo mismo resulta que nuestro país no puede permitirse -o no necesita- cierto tipo de sistemas de armas (aunque ese ya es otro debate).

En resumen: "falta de inversión" mis cojones morenos. La Armada ha incorporado las fragatas F-100, el buque anfibio portaaeronaves "Juan Carlos I" (otro día hablamos de que la unidad principal de la Armada esté dedicada a un señor que iba por Génova con una maleta de ruedas llena de billetes de 100 dólares) y, en los próximos años, las fragatas F-110. Lo que ha habido es falta de control, ausencia total de transparencia, irresponsabilidad y descontrol, pero la mayor culpa la tenemos nosotros, que damos por hecho que no hay que cuestionar los argumentos del lobby de Defensa y sus voceros, y soltamos los leuros alegremente porque, a fin de cuentas, es por España.

Fuente con links: https://www.meneame.net/story/subma...

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Condenamos el brutal asesinato de las compañeras Zehra Berkel, Emina Weys y Bediea Mele Xelil a manos del ejército turco

29 June, 2020 - 00:00

En la noche del 23 de junio, en la aldea de Helence, en las afueras de Kobane (Kurdistán oeste, Siria), drones del ejército turco lanzaron misiles contra una vivienda civil en la que se habían reunido varias mujeres. Como consecuencia de ese ataque murieron Zehra Berkel, miembro de la Coordinación de Kongra Star de la Región del Éufrates, la madre Emina Weys y nuestra camarada Bediea Mele Xelil.

Estas tres mujeres luchaban codo con codo con otras miles de camaradas kurdas, árabes, asirias, circasianas, yazidies, del noreste de Siria, para lograr vivir en una sociedad democrática, libre, igualitaria y sin patriarcado.

Al mismo tiempo, en Besre, en la región de Deir-ez-zor, al este de Siria, se ha llevado a cabo un brutal ataque a la Casa de las Mujeres (Mala Jin), donde las mujeres median en conflictos familiares, de violencia de género y dan apoyo a compañeras en situaciones vulnerables.

Los crímenes de guerra del Estado fascista turco contra el avance de la libertad de las mujeres se han intensificado.

La revolución iniciada en 2012, basada en la democracia radical, la ecología social y la liberación de las mujeres ha seguido avanzando a pesar de las presiones y ataques de las diversas fuerzas hegemónicas que intervienen en la región y el inmenso dolor de ver morir a más de 12.000 de sus compañeros y compañeras en la lucha contra Estado Islámico a lo largo de 5 años. Las mujeres del noreste de Siria están llevando a cabo una resistencia sin igual contra las fuerzas de ocupación del Estado turco y sus aliados yihadistas.

Todos los aliados del Estado turco son también responsables de estos ataques. La Coalición Internacional y el Estado ruso son responsables de la masacre de nuestras camaradas. Les exigimos responsabilidades y decimos claro que estos salvajes ataques del Estado turco deben cesar y que los Estados y las instituciones
internaciones no deben ser cómplices del feminicidio y genocidio del pueblo kurdo.
Los ataques militares contra la sociedad civil son crímenes de guerra. Apuntar a las mujeres que organizan su sociedad y que tienen un rol en política es un crimen contra el futuro de las mujeres.

Por ello, hacemos un llamamiento a las mujeres y a las organizaciones de mujeres de todo el mundo para que adopten una postura clara contra estos ataques y se solidaricen con la resistencia de las mujeres de Rojava. Además, llamamos al pueblo kurdo y a todos sus aliados a intensificar incesantemente la resistencia y a tomar medidas contra el fascismo y la traición.

El Estado fascista turco es un asesino de mujeres. El objetivo del fascismo turco y del carnicero Erdogan es la masacre de las mujeres que se organizan para crear una sociedad igualitaria.

Una vez más condenamos estos ataques bárbaros. Prometemos a nuestras compañeras Zehra, Bed ea y Madre Em ne que resistiremos en todas partes donde la mentalidad fascista y misógina se manifieste. Este ataque refuerza nuestro compromiso de buscar la libertad, y cada caída en la lucha ilumina nuestro camino y nuestra organización. Garantizaremos la libertad de las mujeres y de todos los pueblos con Zehra, Bediea y Madre Emine como nuestra vanguardia.

iResistencia es vida!

¡Viva la resistencia de las mujeres que se organizan, luchan y buscan la 1ibertad!
¡Alto a la ocupación y la masacre!

Women Defend Rojava Madrid 24 dejunio de 2020

El presente comunicado, así como la lista de organizaciones adheridas, será publicada en redes y presentada a instituciones y medios de comunicación. Manden sus adhesiones al mail de contacto womendefendrojava-madrid@riseup.net

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En EEUU se debate la abolición de la policía

29 June, 2020 - 00:00

Oscar Vargas
Foto de Bruno Federico

La petición de abolir la policía hasta hace poco tiempo parecía imposible, pero hoy se discute gracias a la presión popular. Las premisas de dicho movimiento pueden ser igual de válidas para todos aquellos territorios que se atrevan a soñar con otras formas de garantizar la seguridad de la gente.

El asesinato del afroamericano George Floyd ha visibilizado una discusión que hace décadas mantienen personas y grupos en Estados Unidos: la imposibilidad de la reforma a la brutalidad policial y, por lo tanto, la necesidad de acabar con la policía. Dichas discusiones se han dado ya hace varias décadas, reactivándose recientemente luego de motines populares provocados por sucesivos asesinatos de afroamericanos. Intentando apagar la rabia, el Estado ha construido un discurso de revisar la actuación de sus servidores, sin embargo, pasa el tiempo y las intenciones gubernamentales poco cambian la realidad.

No extraña que sean justamente las y los afroamericanos quienes hayan liderado estas discusiones y que el legado de la esclavitud en el país del norte defina fuertemente la política actual; ya Angela Davis ha planteado que si la pena de muerte existe aún en el siglo XXI es por la naturalización del asesinato de esclavos que buscaron liberarse siglos atrás. Así mismo, las ideas abolicionistas vienen del movimiento que buscó acabar de raíz con esa condición de propiedad de hombres blancos sobre negros. Por eso, entre otras cosas, es que los y las descendientes del pueblo esclavizado recuperan la misma noción de abolir, porque ya saben que hay momentos de la humanidad en que hay que empezar de nuevo para respetar la vida.

Buena parte del movimiento abolicionista actual justifica sus ideas en que desde hace años se dieron una tras otra comisión de investigación con resultados insuficientes para frenar los asesinatos causados por policías; sucesivamente se determinó promover reeducación incluyendo políticas antisegregacionistas, incluir cámaras corporales en procedimientos, alentar al ingreso de afroamericanos a las unidades e integrar el cuerpo policial con las comunidades. Todo eso se intentó hace años en Minneapolis, donde asesinaron a Floyd, y a pesar de ello la impunidad se mantuvo. Los policías asesinos saben que en los juzgados tienen pocas opciones de perder, y en parte porque su figura de autoridad es respaldada por una opinión mayoritaria que justifica la necesidad de ellos, con el fin de garantizar la seguridad; gran sofisma sobre el que se justifica la violencia institucional.

Sin embargo, organizaciones como el proyecto NIA plantean dejar de usar a la policía para enfrentar la inseguridad, volviéndola obsoleta con otras medidas: trasladar los recursos que se pierden en ese cuerpo armado, reinvirtiéndolos en salud, educación, vivienda y en general bienestar social. De hacerse esto cada vez habrá menos necesidad de policía y por lo tanto a largo plazo será obsoleta. Pero no solo allí está la apuesta; muchos discuten la necesidad de contratar en cambio a trabajadores del cuidado que reciban los salarios que ahora tienen asesinos policiales, de tal forma que puedan no solo intervenir cuando sea necesario sino prevenir al identificar problemas dentro de las comunidades.

Resultado de este activismo por años ha logrado que en las manifestaciones de las recientes semanas se visibilice el lema “Defund the police” que justamente recoge una de las propuestas del movimiento abolicionista: desfinanciar a la policía. Parte de este llamado viene del interior del movimiento Black Lives Matter (Las vidas negras importan), quienes denuncian que el incremento del presupuesto a la policía lo único que ha garantizado es más represión y asesinatos por parte de este cuerpo armado. Solo para entender esto, hay que reconocer como en los Estados Unidos hay días que la policía mata a más personas que las que en un año son asesinadas por estos cuerpos en otros países; por ejemplo, en los primeros 24 días del 2015 la policía de ese país mató a más personas que las asesinadas por la policía en Inglaterra y Gales en 25 años.

El llamado a la desfinanciación también ha sido hecho por otras comunidades; la American Friends Service Committee (Comité de servicios de los amigos americanos), organización religiosa que promueve la no violencia en ese país, lideró una petición a la que se unieron más de 5000 personas con este propósito. Su secretaria general afirmó que: «Esta no es una cuestión política. Esta no es una pregunta presupuestaria. Esta es una pregunta moral… el alma de nuestra nación está profundamente herida, y este momento nos ruega que tomemos medidas valientes… Nuestra fe nos llama a decir la verdad al poder y desafiar a las instituciones culpables hasta que las vidas de nuestros hermanas y hermanos negros, marrones e indígenas sean igualmente valorados”.

Mientras cientos de activistas en las calles de Chicago, Seattle, Boston o Nueva York siguen proponiendo que el problema no es transformar la policía sino acabar con la idea de vigilancia, y con ello acabar la necesidad de policía, ya en Minneapolis el consejo de la ciudad tomó la decisión de desmantelar y abolir la policía a largo plazo. Aun no es nítido cuáles son los pasos que tomarán para seguir esta decisión, pero se asegura que buscarán un modelo de seguridad distinta y que esto se discutirá con la comunidad. Frente a esto, el presidente Trump twitteó: “La ley y el orden, no desfinanciar ni abolir la policía. Los radicales izquierdistas demócratas se han vuelto locos”.

El tiempo dirá si dicho desmantelamiento en Minneapolis se hace realidad; por ahora, es suficiente con documentar que una petición que hasta hace pocas décadas parecía imposible hoy se discute gracias a la presión popular. Las premisas de dicho movimiento pueden ser igual de válidas para aquellos territorios que se atrevan a soñar con otras formas de garantizar la seguridad: desarmar, desmontar, abolir… solidarizarse.

Publicado originalmente en el periódico argentino Virginia Bolten.

Tomado de Rebelión

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Sentada en Madrid

29 June, 2020 - 00:00

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Las activistas de La Tejita bajan de las grúas tras conseguir paralizar las obras del hotel

28 June, 2020 - 00:00

Las activistas que han permanecido varios días encaramadas a las grúas bajarán esta tarde tras dar por ganada la batalla para que el Gobierno cumpla la orden de paralizar las obras de un hotel en La Tejita.

Susana Albarrán

Dos activistas llevan desde el 16 de junio subidas a una de las grúas de la constructora bajarán esta tarde tras haber recibido este sábado una notificación del juez en el que les informaban de la paralización de la obra.

El grupo que ha venido apoyándoles y la Plataforma Salvar La Tejita explican que durante dos semanas han recibido información contradictoria por parte de las autoridades y de la propia empresa, lo que había despertado su desconfianza.

Pese a que barajaban dar por finalizada su acción el lunes, los ecologistas dan por ganada a batalla para hacer cumplir la orden del Ministerio de Transición y que obligaba detener las obras del hotel de lujo en La Tejita con la comunicación recibida hoy: “Tenemos constancia de la resolución ministerial y la orden que Costas estatal envía junto a planos ordenando a paralizar para su revisión”, contaron el jueves en rueda de prensa.

En su comunicación de hoy, consideran que “tanto la publicación de la empresa Viqueira, como la orden judicial y la resolución de Costas con los planos en los que ordenan a revisar los 100 metros de la obra son argumentos suficientes para dar por concluida esta acción y por lo tanto la victoria del pueblo y las activistas”.

Aún y con ello advierten que no bajarán la guardia y seguirán atentas a la ejecución de la paralización de la edificación del hotel. Contemplan seguir llevando a cabo “las acciones pertinentes para garantizar no sólo la paralización, sino la demolición de esta obra ilegal de La Tejita”.

“Esta victoria demuestra que la ilegalidad estaba en la obra del hotel y no en la acción de nuestras compañeras. Exigimos que no hayan consecuencias legales por hacer cumplir la ley”, concluye el comunicado.

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/islas...

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Venganza: La reinserción de instituciones penitenciarias

28 June, 2020 - 00:00

Hay costumbres que nunca desaparecen. Los maltratos continúan en Zuera y en el resto de cárceles del Estado

Quien esté familiarizadx con lo que sucede en las cárceles, sabrá que si hay algo que no se permite bajo ningún concepto es que lxs presxs denuncien abusos por parte de sus carcelerxs. Quien ignore cuanto sucede en estos oscuros lugares debería saber que los malos tratos físicos y psicológicos están a la orden del día, que la reinserción no existe como no existe la justicia y que las cárceles son negocios donde prevalecen la corrupción, la arbitrariedad y la venganza. A quien ose plantar cara al monstruo le harán la vida imposible, sobre todo si tiene el arrojo de difundir públicamente los casos de maltratos, abusos y/o suicidios encubiertos.

Félix Medina Torres, preso en el módulo de aislamiento de Zuera, publicó el año pasado por estas fechas una carta en la que narraba la brutal paliza de la que él y otros compañeros fueron testigos sobre la persona de Miguel Eda Santiago (1).

Miguel se encontraba entonces preso en Zuera y denunció el supuesto suicidio de un chaval en mayo del año pasado, quien fue provocado con golpes, amenazas y presiones durante dos días por parte de carcelerxs y que finalmente le llevaron a quitarse la vida. A Miguel lo dejaron en tal estado que tardó semanas en recuperarse. A Miguel le colocaron una soga al cuello invitándole así a “suicidarse”. Finalmente le trasladaron, práctica muy habitual cuando hay altercados de importancia.

Desde que Félix hizo público este comunicado no le han dejado en paz. La guardia que participo en esa paliza mantiene desde entonces una postura chulesca y desafiante y recibe con frecuencia amenazas, insultos y coacciones, le desaparece ropa y le están conduciendo a la desesperación y a la locura.

El pasado día 11 de junio y con la excusa de que unos presos estaban haciendo ruido y tocando el timbre en la galería de aislamiento de la cárcel de Zuera, cuatro o cinco funcionarios junto con el Jefe de Servicios a la cabeza y armados con cascos, porras y chalecos, se presentaron en su celda entre las 22 y 23 horas pidiéndole que sacara las manos por el cangrejo para, a continuación, esposarle, y conducirle por el pasillo de la galería D hacia la zona libre de cámaras de vigilancia. Le pusieron la zancadilla cayendo al suelo y empezaron los golpes en la cabeza, en las costillas mientras le pisaban las piernas. Uno, de pelo largo, le propino porrazos en piernas y glúteos hasta que el Jefe ordenó parar. No le llevaron al médico hasta el día siguiente, alegando que por la noche no hay personal sanitario. Esa noche la pasó en una celda de la galería A, sin mantas y con la luz encendida permanentemente y en un estado de impotencia y rabia tal que le llevo a arrancar la ducha y hacerse cortes en los brazos. El médico no le dio el parte de lesiones. Su abogada ha presentado denuncia solicitando al centro las grabaciones de las cámaras, el parte de lesiones, que sea reconocido por el forense y que se depuren las responsabilidades de los carceleros y Jefe de Servicios que hicieron guardia esa noche.

Quienes sabemos lo que sucede en las cárceles no esperamos gran cosa de las denuncias por malos tratos que formulan lxs presxs contra la institución, pero tenemos la obligación moral de sacar a la luz estas prácticas tan habituales como odiosas y denunciar la connivencia que existe entre carcelerxs, médicxs, Juzgados de Vigilancia Penitenciaria y demás instancias “democráticas”.

No más muertes encubiertas. No más maltratos sin respuesta.

Notas:
*.- Colectivo de Apoyo a Mujeres Presas en Aragón
1.- Grave denuncia desde la cárcel de Zuera: la muerte de un preso el 28 de mayo, y las palizas a un preso testigo

– Colonias penitenciarias – LoQueSomos loquesomos.org/tag/colonias-penitenciarias/

Fuente: http://loquesomos.org/venganza-la-r...

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Siete militares colombianos, acusados de violar a una niña indígena de 12 años

27 June, 2020 - 00:00

público

Las autoridades indígenas han denunciado que una menor de 12 años fue secuestrada el domingo y agredida "por un número indeterminado de soldados". La menor fue encontrada la noche del lunes cerca de un colegio de la zona y acto seguido la trasladaron al hospital. Según la Organización Nacional Indígena, que hizo público el caso, la pequeña fue retenida toda la noche.

La supuesta violación colectiva de una niña indígena de 12 años por un grupo de soldados del Ejército de Colombia ha conmocionado al país. La Fiscalía General ya investiga el suceso ocurrido este lunes en corregimiento de Santa Cecilia del municipio de Pueblo Rico, en el centro del país.

La investigación apunta a un grupo de soldados del batallón San Mateo, según comunicó el Ejército que aseguró que el hecho "deplorable" ya había sido comunicado al comandante de este batallón. La Fiscalía señaló concretamente a siete soldados como "presuntos autores", aunque el pelotón está compuesto por una treintena de uniformados. "Los responsables merecen una sanción severa", apuntó el ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo, que en sus redes sociales declaró que ha dado instrucciones de colaborar en la investigación.

Cadena perpetua

Hace una semana el Congreso aprobó la reforma constitucional que permite la cadena perpetua para los asesinos y violadores de niños. La medida ha sido muy aplaudida por diferentes sectores del país dados los constantes abusos de este tipo de denunciados. "La violación de los niños es un cáncer que corroe a la sociedad. Hemos tomado una decisión buena, una decisión que le sirve al país", manifestó el senador Jorge Guevara, del partido Alianza Verde.

Por su parte el presidente Iván Duque ha dicho que "si toca inaugurar la cadena perpetua" con estos soldados, se hará. "Frente a este caso que me duele y me conmueve le he pedido al ministro de Defensa que contribuya con todo los que se requiera a la Fiscalía General de la Nación para establecer responsabilidades."

Diversos usuarios de las redes sociales han aprovechado este suceso para denunciar las múltiples violaciones a menores que ocurren en el país y han pedido justicia para la menor indígena.

"Este país tiene que enfrentar, con contundencia y con drasticidad cualquier agresión a un menor. Cualquier asesinato o cualquier violación, sea quien sea. Y aquí no podemos ser tolerantes frente a ninguna de esas conductas. Tenemos que ser drásticos", declaró este miércoles tan pronto trascendió la noticia el presidente del país. "Seremos implacables en la investigación y tenemos que ser implacables en la sanción", concluyó el presidente.

Público

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Juristas gitanos luchan para que el caso de Daniel Jiménez no quede impune

27 June, 2020 - 00:00

Un colectivo de letrados gitanos puja ahora para que se sepa qué pasó en las últimas horas de este hombre gitano en los calabozos de Algeciras.

Sarah Babiker

Daniel Jiménez, un hombre gitano residente en Algeciras fue detenido y llevado a la comisaría el 31 de mayo, pocas horas después estaba muerto. Su familia lleva desde entonces intentando saber qué pasó. La jueza no ha considerado necesario admitir a trámite ninguna de las diligencias solicitadas por los abogados.

El padre de Daniel Jiménez habló con su hijo el mismo 31 de mayo. Le dijo que estaba bien y que pasaría al juzgado al día siguiente. Por la mañana, el hombre supo que su hijo había muerto, se había suicidado aquella madrugada. No les entregarían el cuerpo hasta cinco días después.

Mientras la familia iniciaba un proceso para esclarecer los hechos, en las redes sociales distintos colectivos gitanos daban visibilidad a este caso. La muerte de George Floyd como resultado de violencia policial estaba reciente y la denuncia de la violencia policial en el centro de debate. Muchos se preguntaban por qué la sociedad española ponía su mirada sobre lo ocurrido en EEUU y no sobre la realidad del pueblo gitano, concreta en casos como este. Recordaban también la impunidad con la que se responde a estos hechos. Una impunidad que la familia, de la mano de Juristas Gitanos, quiere evitar después de que la jueza archivara el caso tras denegar las principales peticiones de diligencias.

“Estamos hablando de diligencias como la toma de declaraciones de los policías que estaban en el momento del suceso a cargo de la custodia de Daniel. Identificación de otros detenidos en ese momento en el calabozo y, por supuesto, lo más importante: las grabaciones en los calabozos de ese día”, repasa el abogado Israel Cortés que estima que es de suma gravedad que se haya negado esta información. Gravedad a la que se suma la fórmula elegida por la jueza para desestimar las diligencias: “Lo hace a través de una providencia que es un tipo de resolución que está pensada para meros trámites y que no requiere siquiera de justificación. Algo así se debe justificar por auto y, además, fundamentándose, porque si no generas una indefensión que es absolutamente inadmisible”. Para Cortés, las implicaciones de este proceder son relevantes: se estaría vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva. Anuncia que también han recurrido esa providencia.

Esta resolución por providencia es una anomalía más de las que padece el caso, como la no entrega del cuerpo durante días y el hecho de que es la segunda muerte de un interno en iguales circunstancias. “Lo que me parece mas grave todavía es que ni siquiera se nos ha admitido a trámite la personación.” Un hecho que Cortés atribuye en cierta medida al parón generalizado derivado de la pandemia, pero que limita sus posibilidades de participar en el proceso.

“No solamente hemos pedido las prácticas de diligencia, sino también el aseguramiento de esos vídeos teniendo en cuenta que en treinta días esto se puede perder”. Las grabaciones permitirían ver qué pasó, pero “el tiempo corre en nuestra contra, lamenta el abogado. Cortés habla en plural, pues no está solo en este recurso. Pertenece a un colectivo de Juristas Gitanos. El caso Jiménez es su primera experiencia común.

Abogados gitanos

“Que haya un colectivo de abogados gitanos es una buena noticia, era necesario”, explica Iñaki Vázquez, director de la Plataforma Khetane, una entidad que reúne a colectivos gitanos por todo el estado. Vázquez cuenta que, en general, hasta el momento para el trato con la justicia se optaba a menudo por recurrir a abogados y abogadas gitanas o gente con sensibilidad hacia este tema. El hecho de que se haya articulado una red, piensa, facilitará esta labor de coordinación ante las dificultades de acceso a la justicia que padece el pueblo romaní.

“Si los gitanos y gitanas no acceden a la Justicia, es un tema estructural. Si tuviéramos que reducirlo a una frase, se trata de un tema de desconfianza en una parte del poder del estado que normalmente es culpabilizadora de los gitanos”. Vázquez lo compara hasta un cierto punto con lo que pueda pasar con la violencias machistas, y las reticencias de aquellas mujeres que al padecer violencias machista, sienten además “que no se las cree y encima se las culpabiliza”.

Cortés cuenta que en el caso de Jiménez “la familia está rota. Ahora mismo lo que quieren es saber lo que ha sucedido, buscan descansar. Asegurarnos de que se han cumplido todas las garantías con Daniel, ni más ni menos”. El abogado considera necesario traer luz al asunto, tanto si se corresponde con lo que dice la versión policial como si no. En el primer caso, apunta, si realmente Daniel Jiménez se suicidó bajo custodia policial, “tendremos que ver si en ese cometido de custodia se han cumplido todas las exigencias para evitar que eso sucediese”. Ver, en definitiva si hay responsabilidades y que se depuren, porque es evidente que no es normal que nadie muera de manera violenta en una comisaría”.

Y menos normal es, que como denunciaba la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) el pasado martes 23, que esto suceda por dos veces en menos de cinco meses. La organización registraba una una queja ante el Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura (MNPT) en la solicitaba que se realizase una visita a la Comisaría Local Algeciras con el fin de examinar las condiciones de detención y custodia, pues, a la muerte de Daniel Jiménez, se le suma la de Imad Eraffali hace menos de seis meses. Desde la delegación del Campo de Gibraltar, comunicaban en nota de prensa, se manifestaba preocupación “dado que las dos personas han muerto de la misma forma, por ahorcamiento con las tiras de una manta”.

En APDHA cuestionan que los protocolos de actuación policial durante la detención y custodia sean adecuados para evitar estos casos, así como, en términos de vigilancia, recuerdan que “la Instrucción 11/2015 de la Secretaría de Estado de Seguridad obliga a disponer de sistema de videovigilancia y videograbación de todas las dependencias en las que, por la razón que sea, permanezcan las personas detenidas conforme a los requisitos técnicos establecidos por el Ministerio del Interior tras distintas recomendaciones realizadas por el Defensor del Pueblo”.

El delegado de Algeciras, Andrés de la Peña, se reafirma en su extrañeza ya no solo ante el hecho de que se hayan dado dos casos de suicidio sino ante las circunstancias, casi idénticas y que en ambas circuntanscias el juez a cargo no haya visto nada extraño. Cuenta que en el caso de Eraffali, el joven marroquñi, que aparentemente había ido a la ciudad a ver a su novia, fue detenido por una cuestión de papeles. 72 horas después de entrar en los calabozos estaba muerto.

Cuenta que si el primer caso les pareció extraño pero entendieron que quizás entraba en lo pausible, la cuarentena, la posibilidad de que el chico se quitara la vida ante la angustia de una eventual expulsión, “en el segundo hecho dijimos, aquí pasa algo. En este caso además, al principio algunos medios dijeron que el chico ya había intentado suicidarse. De ser así, lo mínimo es tener un protocolo listo para que esta persona con estos indicios no lo volviera a intentar”.

Además de difundir diversas versiones de los hechos “rumorología” en los términos del letrado Israel Cortés, fueron varias la versiones de los motivos por los cuales la policía habría detenido a Jiménez, siendo finalmente una cuestión de violencia de género la determinante. Para este abogado, sin embargo, de lo que se acusase a Jiménez y la causa en torno a su muerte son dos cuestiones totalmente distintas.

Vázquez lo resume así: “Cuando hay un incidente racista se articula todo un sistema de culpabilización de la víctima porque algo habrá hecho, o de alguna manera incorrecta se habría comportado. Y lo que hace el movimiento, Black Lives Matter es decir, no me importa una leche lo que hiciera, este asesinato tiene un componente racista que hay que eliminar de la sociedad, hay que acabar con él”, argumenta desde una mirada más amplia en la que la culpabilización de la víctima “de alguna manera justifica la reacción recibida”.

Por ello, tanto Vázquez como Cortés consideran un gran paso la creación de este grupo de abogados y abogadas gitanos, sensibles al antigitanismo y al racismo institucional y control policial que forma parte de la realidad cotidiana del pueblo gitano. “Al final el derecho no es más que una expresión de la propia sociedad en la que vivimos”, argumenta Cortés. “Nosotros lo que no quisiéramos que suceda nunca es que la muerte de nadie y en este caso particular de un gitano se cierre con un archivo de mero trámite”.

Para Cortés, a pesar de lo doloroso del caso el hecho de que se haya creado este “brazo jurídico propio” es muy emocionante, pues “es evidente que la vía jurídica, la vía legal esa una herramienta indispensable que hoy por primera vez estamos utilizando de manera colegiada como gitanos.

El grupo, un proyecto con varios meses de recorrido que sin embargo empezó a articularse durante la pandemia a raíz de encuentros online cuenta hoy con personas en todo el territorio: “No tenemos todos una relación directa o no la hemos tenido hasta la fecha, pero yo creo que compensamos esa falta de cohesión ahora mismo con la sensación de que estamos haciendo historia de alguna manera y sabiendo además que toda esta experiencia la vamos a combinar a futuro porque desgraciadamente vamos a tener que lidiar en más de una ocasión en situaciones así”. Para facilitar su labor el grupo ofrecerá en los próximos días asesoría jurídica virtual.

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/puebl...

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Empatía con los inmigrantes

27 June, 2020 - 00:00

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Prisión para un policía antidisturbios de Benidorm detenido en una operación antidroga

26 June, 2020 - 00:00

informacion.es

Un agente de la Policía Nacional de Benidorm ha ingresado en prisión provisional tras ser detenido en una operación antidroga, según han informado a Efe fuentes policiales.

La operación ha sido llevada a cabo por miembros del Grupo 1 de Estupefacientes y Asuntos Internos y el arresto se produjo el pasado jueves mientras el policía, integrante de la Unidad de Prevención y Respuesta (UPR), se encontraba realizando su turno.

Fue llamado a las dependencias de la Policía Nacional de Benidorm, en donde se le detuvo en el marco de la citada operación, y después fue trasladado a la Comisaría Provincial de la ciudad de Alicante, en donde pasó la noche hasta ser puesto a disposición judicial.

El pasado sábado la juez titular del juzgado de Instrucción número 3, María Luz Jiménez, decretó su ingreso en prisión provisional después de tomarle declaración.

Las mismas fuentes han indicado que el agente también habría sido acusado de un delito de revelación de secretos.

Diario Información.

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Carta de una internacionalista en Rojava, en medio de la guerra contra las mujeres

26 June, 2020 - 00:00

Ayer el Estado turco golpeó de nuevo en esta guerra, y mostró que ésta es una guerra contra las mujeres. Asesinó a tres mujeres, miembros del movimiento de mujeres de Rojava, por medio de un dron que bombardeó la casa dónde se encontraban.

Aurora Picornell

Queridas compañeras,

os escribo des de Rojava, el corazón de la revolución de las mujeres, dónde llegué hará casi un año cómo internacionalista. Vine porque quería conocer una lucha, una revolución, que se estaba escribiendo en el presente, en medio de la desesperanza de este siglo en el cual nos habían dicho que ya no había futuro. Ellas rompieron estos pronósticos, llevando a la práctica este proyecto en que la población se autogobierna, en que la libertad de las mujeres es la base innegociable y el equilibrio con la naturaleza un camino imprescindible.

Manifestación en repulsa al asesinato de las mujeres kurdas Hebun Mele Xelîl, Zehra Berkel y Emine Veysî a manos de un dron del Ejército Turco

Os puedo asegurar que es cierto. Que lo que está pasando aquí es una auténtica revolución de las mujeres, en medio del Oriente Medio, en que desde las niñas hasta las abuelas, pasando por las madres y las no madres, jóvenes o mayores, participan de los pasos que se están haciendo en el largo camino de la liberación. Unos pasos que estamos haciendo todas, porque la lucha de las mujeres, como todas las otras, sólo puede ser internacionalista.

Hoy en Rojava estamos viviendo la guerra. De hecho, desde el principio de la revolución se luchó primero contra el Estado Islámico, que representa todo lo contrario a la libertad de las mujeres. Fueron más de 11.000 mártires, 11.000 vidas, las que se dieron para defender a la humanidad del fascismo islámico. Después, fue el Estado turco el que empezó una invasión del territorio liberado y tomó, el 2018, la región llamada Afrin. Ahora esta región está controlada por bandas de mercenarios apoyados por Turquía, que se dedican a asesinar, violar, secuestrar e infligir todo tipo de violencia contra las mujeres. Turquía no tuvo suficiente, y en octubre del último año siguió con la invasión. Tomaron otras dos zonas, llamadas Serekaniye y Gire Spi. Y de nuevo son las bandas de mercenarios quienes controlan este territorio, que se ha convertido en un foco de caos y violencia diaria, de represión y de muerte.

Ayer el Estado turco golpeó de nuevo en esta guerra, y mostró que ésta es una guerra contra las mujeres. Asesinó a tres mujeres, miembros del movimiento de mujeres de Rojava, por medio de un dron que bombardeó la casa dónde se encontraban. Los drones atacan selectivamente, de manera que no fue casualidad. Fue un ataque específico contra el movimiento de mujeres, igual que los ataques que reciben las mujeres de Afrin, Serekaniye o Gire Spi no son casuales, sino que buscan destruir la voluntad de libertad de las mujeres.

Mientras tanto, en Turquía, las mujeres que pertenecen al movimiento de mujeres son arrestadas, encarceladas y torturadas. En Iraq, el Estado turco bombardea campos de refugiadas, hospitales, pueblos y zonas liberadas por el movimiento kurdo, zonas de resistencia en las montañas. Desde Irán también han empezado a atacar la zona kurda de Iraq, mientras que dentro de su mismo Estado se aplica la pena de muerte a presos políticos kurdos y se mantiene en condiciones inhumanas a presas como Zeyneb Jalalian, que hace cinco días empezó una huelga de hambre para reclamar que la saquen de la cárcel donde la trasladaron y dónde fue infectada con el Covid-19.

Ésta es una revolución de las mujeres, y por ello los Estados imperialistas (Turquía, Rusia, los Estados Unidos y el resto de países de la OTAN), asesinan por acción o por omisión a las mujeres del Kurdistán. Porque tienen miedo de que esto se extienda. Tienen miedo de que hagamos dos, tres o mil Rojavas en todas partes. De que seamos conscientes de que es posible y esto nos llene de fuerza para hacer más fuertes nuestros vínculos y convertirlos en una revolución imparable.

Esta es una guerra contra las mujeres. El artefacto que el dron soltó ayer en Kobane fue lanzado contra cada una de nosotras, contra cada mujer que sabe que otro mundo es posible y que está dispuesta a defender la vida ante el fascismo.

Las mujeres de Rojava no sólo salvaron la humanidad del fascismo del Estado Islámico, también nos trajeron esperanza. Aunque esto es impagable, es hora de devolver todo lo dado. De no dejarlas solas frente a la brutalidad del Estado fascista turco. De entender que sus pasos son los nuestros y que los ataques que reciben impactan también en nosotras.

Para combatir al fascismo no hace falta venir aquí. Los Estados dónde nos encontramos, cada una de nosotras, tienen también responsabilidades sobre lo que pasa en el Oriente Medio en general, y en el Kurdistán en particular. No podemos quedarnos quietas ni calladas. Tenemos que continuar la lucha que las mujeres están impulsando aquí, porque sólo si nos defendemos desde cada pequeña trinchera de libertad vamos a parar los pies al fascismo y construiremos un mundo dónde seamos libres. Todas las mujeres del mundo. Porque defender Rojava, defender el Kurdistán, es defender la revolución mundial de las mujeres, es convertir nuestros sueños en realidad a través de la lucha, que es lo único que cómo mujeres nos llevará a la libertad.

¡Buen camino!

“Buen camino” es el lema que figuraba en las pancartas que el pueblo de Barcelona erigió en octubre de 1938 en las calles de la ciudad, para despedir a los y las brigadistas internacionales venidas a nuestra tierra para sumarse a la lucha contra el fascismo. Bajo este lema, hoy recogemos en este blog voces de internacionalistes que han decidido unirse a la revolución en Rojava, en el Noreste de Síria. Síguenos en Twitter: https://twitter.com/buencaminoblog

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/buen-...

Categorías: Tortuga Antimilitar

Blindados Dragón o cómo derrochar 2.100 millones en tiempos de crisis

25 June, 2020 - 00:00

El Ministerio de Defensa ha reactivado la adquisición de 348 vehículos de combate 8x8 Dragón. En un momento de crisis social y económica, se vuelve a apostar por la compra de unos blindados que, en el mejor de los casos, se quedarán cogiendo polvo en los hangares del ejército y, en el peor, se utilizarán para el control de la disidencia interna.

Quique Sánchez
Es investigador y técnico del Centre Delàs d'Estudis per la Pau

El Ministerio de Defensa decidía hace unos días reactivar el programa VCR 8x8 Dragón para el suministro de 348 vehículos de combate blindados para el Ejército de Tierra con un presupuesto de 2.100 millones de euros. A cargo de él estarán las compañías de armamento Santa Bárbara Sistemas, Indra, Sapa y Escribano, esta última incorporándose a última hora al consorcio, quién sabe si como compensación por sus inestimables servicios en la fabricación de respiradores durante la emergencia sanitaria del covid-19.

El Ministerio de Defensa decidía hace unos días reactivar el programa VCR 8x8 Dragón para el suministro de 348 vehículos de combate blindados para el Ejército de Tierra con un presupuesto de 2.100 millones de euros. A cargo de él estarán las compañías de armamento Santa Bárbara Sistemas, Indra, Sapa y Escribano, esta última incorporándose a última hora al consorcio, quién sabe si como compensación por sus inestimables servicios en la fabricación de respiradores durante la emergencia sanitaria del covid-19.

La justificación de esta milmillonaria compra está, desde su gestación en el 2007, en sustituir los blindados BMR de que dispone actualmente el ejército español dada su fragilidad ante ciertos ataques con artefactos explosivos, lo que ha costado la vida de varios militares en las guerras de Afganistán e Iraq. La solución para que esto no vuelva a ocurrir es, no obstante, mucho más sencilla que embarcarse en un programa para adquirir 348 vehículos nuevos: España no debe participar bajo ningún concepto en estas operaciones militares, ruinosas en términos morales y económicos, injustificables en clave política y humanitaria.

España participa siguiendo la estela de los EE UU y aliados de la OTAN, como son las guerras de Afganistán, Iraq o Libia, no llevan paz, estabilidad ni democracia a esos países (tampoco a los nuestros), sino más bien todo lo contrario. La contribución que hace España a estas misiones, simbólica en términos de efectivos y funciones, responde más a un triste intento de codearse con las grandes potencias occidentales en sus disputas geoestratégicas que a defender nuestros ‘intereses nacionales' y mucho menos aún a promover e impulsar derechos humanos y libertades. Vistas las progresivas polarización, desestabilización y militarización a las que nos abocan los liderazgos temperamentales y llenos de testosterona estilo Trump o Putin, mejor haría España en desmarcarse a tiempo de esas políticas del borde del abismo que sin duda llevarán a nuevas guerras en las que no debemos ni queremos estar.

El Ministerio de Defensa decidía hace unos días reactivar el programa VCR 8x8 Dragón para el suministro de 348 vehículos de combate blindados para el Ejército de Tierra con un presupuesto de 2.100 millones de euros. A cargo de él estarán las compañías de armamento Santa Bárbara Sistemas, Indra, Sapa y Escribano, esta última incorporándose a última hora al consorcio, quién sabe si como compensación por sus inestimables servicios en la fabricación de respiradores durante la emergencia sanitaria del covid-19.

La justificación de esta milmillonaria compra está, desde su gestación en el 2007, en sustituir los blindados BMR de que dispone actualmente el ejército español dada su fragilidad ante ciertos ataques con artefactos explosivos, lo que ha costado la vida de varios militares en las guerras de Afganistán e Iraq. La solución para que esto no vuelva a ocurrir es, no obstante, mucho más sencilla que embarcarse en un programa para adquirir 348 vehículos nuevos: España no debe participar bajo ningún concepto en estas operaciones militares, ruinosas en términos morales y económicos, injustificables en clave política y humanitaria.

Es evidente a estas alturas que las aventuras militares en las que España participa siguiendo la estela de los EE UU y aliados de la OTAN, como son las guerras de Afganistán, Iraq o Libia, no llevan paz, estabilidad ni democracia a esos países (tampoco a los nuestros), sino más bien todo lo contrario. La contribución que hace España a estas misiones, simbólica en términos de efectivos y funciones, responde más a un triste intento de codearse con las grandes potencias occidentales en sus disputas geoestratégicas que a defender nuestros ‘intereses nacionales' y mucho menos aún a promover e impulsar derechos humanos y libertades. Vistas las progresivas polarización, desestabilización y militarización a las que nos abocan los liderazgos temperamentales y llenos de testosterona estilo Trump o Putin, mejor haría España en desmarcarse a tiempo de esas políticas del borde del abismo que sin duda llevarán a nuevas guerras en las que no debemos ni queremos estar.

Para más inri, la aportación española a estas operaciones militares, pese a ser simbólica, nos cuesta más de 1.000 millones de euros al año, una partida a la que sin duda podríamos darle mejor uso en los próximos meses y años atendiendo a los sectores más perjudicados por la crisis. Hasta hace poco una gran parte del costo de estas misiones (hasta un 70%) se pagaba con cargo al Fondo de Contingencia, una estratagema bastante turbia que este año probablemente no podrán llevar a cabo en vista de que una verdadera contingencia, la pandemia del covid-19, ha azotado nuestro país. Esto supondrá inevitablemente “menos horas de vuelo, menos días de navegación y menos ejercicios en el campo”, según se lamentaba un alto mando en un artículo de El País del 14 de mayo.

Habrá también quien intente justificar la compra de estos blindados en la defensa del país frente a una eventual invasión. Este escenario es, sin duda, mucho más remoto que una pandemia o un desastre natural (siendo ambas emergencias a las que el cambio climático contribuye, por cierto), o que amenazas a la seguridad más al orden del día, como el terrorismo, los ciberataques o el crimen organizado. Ninguno de estos escenarios requiere de la utilización de los blindados VCR. Y aún en caso de que España continúe tomando parte en guerras en el exterior, la mayor parte de esos 348 blindados pasarán su vida útil aparcados en hangares, participando esporádicamente en alguna maniobra o desfile, como ocurre con la mayoría de armamentos del ejército español.

Es triste reconocerlo, pero quizás el escenario más factible en el que se les podría dar uso a estos blindados es el de la represión interna, una idea que en cualquier democracia mínimamente digna debería considerarse simplemente repugnante.

No necesitamos, por tanto, los vehículos de combate 8x8 Dragón. Del mismo modo, tampoco nos son útiles en estos momentos los cazas Eurofighter, que además están obsoletos antes de haber terminado su programa, valorado en casi 13.000 millones y para el que el anterior Gobierno de Pedro Sánchez aprobó un nuevo techo de gasto de 906 millones; ni el submarino S-80, que no flota, y al que Sánchez dio un nuevo techo de gasto de 1.772 millones; tampoco las fragatas F-110 (cinco unidades por 4.326 millones pedidas igualmente en 2018) o los 23 helicópteros Chinook (1.431 millones más aprobados por el ejecutivo socialista para completar un pedido anterior).

Estas decisiones, tomadas nada más llegar al gobierno tras la moción de censura, fueron difíciles de entender en su momento, pero aún lo son más ahora, cuando parece evidente que lo que necesitamos son más sanitarias, mejor protegidas y remuneradas, y más y mejores hospitales, centros de atención primaria y centros de investigación en salud, dotados todos ellos del personal, los recursos y el equipamiento necesarios para hacer frente a emergencias sanitarias como la del covid-19. La capacidad de sacrificio del personal sanitario y de otros servicios básicos ha evitado que esta tragedia haya sido aún mayor, pero no podemos pedirles que sigan haciendo ese esfuerzo titánico por mucho más tiempo, ni tampoco que lo vuelvan a hacer en estas condiciones en el futuro.

Pablo Iglesias, vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, parecía ser consciente de este sinsentido al afirmar unos días después de la puesta en marcha definitiva del programa de los blindados Dragón que “no toca gastar en tanques o aviones de combate”. No obstante, el dirigente de Podemos justificaba esta compra en que un gobierno debe cumplir “con lo que firmó el anterior”.

Esto viene a decirnos que los compromisos del gobierno del que es parte con el complejo militar-industrial son inquebrantables, aun cuando esa “mínima seguridad jurídica” que Iglesias reivindica va directamente en detrimento de la verdadera seguridad de las personas, así como de los derechos sociales y la agenda 2030 que él lleva inscritos en su cartera de ministro.

La ministra de Defensa Margarita Robles respondió a las dudas de Iglesias afirmando que “hay un cierto desconocimiento” y que “muchos hablamos de cosas que no sabemos”. Hace mal en recordárnoslo, porque es sin duda el desconocimiento generalizado lo único que permite seguir adelante con este despropósito.

Si, atendiendo a todo esto, el Gobierno de España decidiera que los 2.100 millones de este Programa Especial de Armamento (PEA) cumplen un mejor papel en la sanidad pública, podría dotar de presupuesto a más de 400 hospitales como el Clínico de Barcelona durante diez años. Si igualmente decidiera que con dinero público es mejor tener a Escribano haciendo respiradores y no torretas de ametralladoras para estos blindados, con esos 2.100 millones podría fabricar más de 290.000 respiradores.

Si, tal y como anticipaba la semana pasada Pedro Sánchez en el Congreso, su gobierno preparara una nueva doctrina de Seguridad Nacional y ésta pusiera en el centro las necesidades e intereses de las personas y no los del complejo militar-industrial, sin duda procedería a cancelar los PEAs que faltan por ejecutar, especialmente los siete aprobados en su Consejo de Ministros, tomando consciencia de que los más de 13.000 millones en que están valorados y que estaremos pagando hasta 2032 suponen el presupuesto de tres años del Ministerio de Sanidad.

Si, ya como sociedad, decidiéramos que la forma de hacer frente a las emergencias globales a las que nos enfrentamos (pandemias, cambio climático, desigualdad, migraciones) es con esfuerzos basados en cuidar y proteger la vida y no en quitarla, encontraríamos que los más de 20.050 millones del gasto militar español y los 1,92 billones a nivel mundial son un buen lugar para empezar una transición y una reconstrucción hacia sociedades y economías más justas y verdes.

Habrá quien considere estos argumentos demagógicos, o quizás idealistas, pero en vista del calado de la crisis económica y social que se nos echa encima y de lo limitado de los recursos de las administraciones públicas, lo que me parece difícil de sostener y poco realista es este modelo de defensa que no proporciona la seguridad que necesitamos y que hace el caldo gordo a quienes no entienden un mundo sin guerra. Considero por tanto oportuno y necesario hacer este tipo de comparativas. Al fin y al cabo, son un cálculo sencillo del coste de oportunidad que nos supone, en general, seguir preparándonos para la guerra mientras nuestra casa está en llamas. Y de lo que significa, en particular, gastar 2.100 millones en blindados cuando lo que amenaza nuestras vidas en este momento solo puede combatirse blindando la sanidad.

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/gasto...

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El caos

25 June, 2020 - 00:00

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