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Actualizado: hace 7 min 52 seg

Cartel de la marcha a Bardenas

31 May, 2019 - 00:00

Categorías: Tortuga Antimilitar

La XXXII Marcha al polígono de tiro de las Bardenas o cómo mantener vivo un clásico del movimiento antimilitarista

31 May, 2019 - 00:00

Miguel M. Ariztegi

La Asamblea Antipolígono ha convocado para este domingo, 2 de junio, la XXXII Marcha al polígono de tiro de las Bardenas para reivindicar un año más el desmantelamiento de la única instalación militar donde se producen bombardeos con fuego real en Europa.

Milagros Rubio, una de las portavoces y de las caras más conocidas del movimiento, reconoce las “dificultades” a las que se enfrentan. Llevan más de tres décadas tratando de aunar voluntades por el desmantelamiento de las instalaciones militares, sin éxito. Inaugurado el 9 de junio de 1951 –“en plena dictadura franquista”, indican los convocantes-, el polígono de tiro ha sido rechazado con la boca pequeña por intereses económicos, pues el Ejército riega de millones a las poblaciones de alrededor del parque, los llamados entes congozantes, que componen la Junta de Bardenas. Son 22 entidades: 19 localidades, dos valles pirenaicos navarros y un monasterio, el de la Oliva, cuya media docena de monjes se reparten los dineros en igualdad de condiciones con, por ejemplo, los 35.000 habitantes de Tudela.

La última renovación del canon de uso entre la Junta de Bardenas y el Ministerio de Defensa fue en 2008 y por 20 años: cobraron 7 millones de euros anuales los 10 primeros -hasta 2018- y 14 millones los diez siguientes, hasta 2028.

El domingo, el acto comenzará con una concentración, a las 11.30 horas, en Los Aguilares, para emprender, a mediodía, una caminata de aproximadamente cuatro kilómetros hasta las inmediaciones del polígono de tiro, donde se leerá un comunicado. También se recordará a Gladys de Estal, cuando se cumple el 40 aniversario de su muerte por un disparo de la Guardia Civil.

La Asamblea Antipolígono ha hecho un llamamiento a las personas, colectivos, formaciones políticas y sindicatos "que aspiran a un mundo más humano y apuestan por una resolución dialogada y pacífica de los conflictos nacionales e internacionales", a apoyar esta convocatoria.

Entre las adhesiones a esta edición se encuentran formaciones políticas navarras como Geroa Bai, Podemos, Izquierda-Ezkerra y Equo, además de otras como Barcelona en Comú o Chunta Aragonesista. También se han sumado agrupaciones locales de diversas localidades de Navarra, los sindicatos CCOO, EHNE, ELA, ESK, Solidari, Steilas y Osta; y colectivos como Greenpeace, SEO/Birdlife o Iruñea Ciudad de Acogida.

En un comunicado, la Asamblea Antipolígono ha criticado que la instalación militar de las Bardenas "se puso en pie en plena dictadura franquista" pero, tras la llegada de la democracia, "no se cuestionó su existencia desde los diversos gobiernos que han venido ejerciendo hasta nuestros días".

"En la actualidad, el polígono de tiro se ubica como un agujero negro dentro de un Parque Natural, en medio de una Reserva Mundial de la Biosfera, e impide que Bardenas sea declarado Parque Nacional", han lamentado.

Asimismo, desde el colectivo han afirmado que el gasto militar en 2018 ha sido "el más elevado desde el final de la Guerra Fría" y han rechazado que "como resultado de esta carrera armamentística y política militarista, las guerras siguen extendiéndose por toda la geografía del planeta".

A los motivos medioambientales y antimilitaristas, la Asamblea Antipolígono suma los de seguridad: "Para las personas que habitamos en el entorno del polígono de tiro, como consecuencia de los cada vez más intensos y persistente bombardeos con fuego real que experimentan", y ha afirmado que "han sido numerosos los accidentes que han provocado a lo largo de tantos años".

“Sabemos que está difícil, pero estamos muy satisfechos de nuestra labor, de haber mantenido la movilización durante estos 32 años”, apunta Milagros Rubio. “No nos van a hacer caso, pero por lo menos se cuestiona la existencia del polígono, y eso es importante”, sentencia.

El Diario

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Ordenan investigar por “posible delito de tortura” a policías del CIE de Madrid

31 May, 2019 - 00:00

La Jueza de control del CIE de Aluche ordena investigar hechos que podrían ser constitutivos de delito de tortura. Las pesquisas se centran en la actuación de policías del centro el pasado 18 de abril, cuando un grupo de internos fue cacheado en el patio bajo una intensa lluvia.

Pablo 'Pampa' Sainz

La titular del Juzgado en lo penal nº 19 que cumple funciones de control del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche, Inmaculada Iglesias Sánchez, ha ordenado investigar unos hechos sucedidos el pasado 18 de abril y denunciados por un grupo de 69 internos, por entender —tras el visionado de las cámaras de seguridad del Centro— que la actuación policial puede ser constitutiva “de delito de tortura”.

“Se ha incumplido el deber legal de velar por el respeto a la integridad física y salud de las personas internas, sin que puedan en ningún caso ser sometidos a tratos degradantes o vejatorios y a que sea preservada su dignidad e integridad”, afirma la magistrada, y agrega que el día de los hechos denunciados “se han adoptado medidas de seguridad desproporcionadas, con violación al respeto a la dignidad y demás derechos fundamentales de las personas internas, que por imperativo legal no deben tener más limitaciones que las derivadas de su situación de internamiento”.

El contundente auto, de fecha 27 de mayo, se pronuncia respecto una serie de quejas presentadas por las organizaciones acreditadas en el CIE y “por un número elevadísimo de internos (69 identificados y otros muchos que rubrican el escrito)”, aunque se centra especialmente en los hechos sucedidos en la mañana del jueves 18 de abril, cuando varios internos fueron sacados al patio por un grupo de policías antidisturbios en momentos de una intensa lluvia.

“Queremos poner en conocimiento que hoy día 18 de abril de 2019 a las 12:30hs, la policía del CIE de Madrid nos ha sacado al patio en una lluvia muy fuerte y nos ha obligado a poner la cabeza contra la pared para un cacheo inesperado en unas condiciones inhumanas, habiendo gente mayor y enferma. Tratándonos de manera ‘racista' y despreciable, obligándonos a pasar por un pantano de agua ocasionado por la fuerte lluvia que se presentaba en el momento”, dice el manuscrito firmado por los denunciantes, quienes alegan que han sido víctimas de acoso policial al recibir insultos del tipo: “vais a ir a tu puto país”, “moro de mierda”, “negros de mierda” o “vais a pudrirte en la puta cárcel”. “Estamos en constante preocupación con la guardia puesto que no sabemos cuándo van a atacarnos sin nosotros poder hacer nada”, aseguran.

A partir de estos hechos la jueza dio audiencia a varios internos que ratificaron su denuncia en sede judicial, requirió los informes respectivos al director del CIE, Antonio Montes Rodríguez, y copias de las cámaras de seguridad. Además de hacer dos visitas al Centro para investigar los hechos denunciados.

“Tras el visionado de los DVD remitidos se comprueba la existencia de indicios de comisión de delito por agentes de la Policía”, afirma la magistrada, y agrega que “han podido someterles a este tipo de trato degradantes poniendo en peligro su salud, violando su honor y dignidad”.

“Se lleva a cabo un cacheo de los internos en el patio un día de lluvia, apreciándose en las grabaciones unos charcos enormes de agua y si bien es cierto que la mayor parte del patio está techada, se observa a los internos en determinados momentos de la intervención policial, bajo la lluvia”, describe el auto firmado por Iglesias, a quien le llama la atención “el elevado número de efectivos policiales uniformados, con cascos y defensas, generando un evidente clima intimidatorio, sin que se haya apreciado causa para justificar dicha medida”.

Asimismo, la jueza indica que “no se alcanza a comprender cómo se decide hacer un cacheo en el patio un día lluvioso con bajas temperaturas”, y observa que una vez que se va realizando, los internos “se ven obligados a quedarse en dicho lugar hasta el final de la intervención, permaneciendo todos los internos más de media hora en dicho lugar”.

“Se ha podido observar a través de las grabaciones que miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, legalmente obligados a velar por la vida e integridad de las personas que se encuentren bajo su custodia, lejos de respetar su honor y dignidad han podido incurrir en un delito de torturas al extralimitarse en sus funciones, sometiendo a los internos del CIE a condiciones y procedimientos que por las circunstancias que concurren atentan contra su integridad moral”, concluye, no sin antes ratificar que “también se aprecia, cómo algunos de ellos realizan gestos y movimientos que parecen indicar que tal y como en su queja, pasaron frío debido a las bajas temperaturas y a la lluvia”.

El director del CIE de Aluche en el oficio remitido a requerimiento de la jueza, explica que el operativo policial se produjo a partir de percatarse que “algunos internos se encontraban manipulando la puerta situada en el comedor, y que da acceso a la cocina del Centro, mientras dos de ellos trataban de impedir el control de los agentes situándose frente a las cámaras para impedir su visualización”.

En tal sentido, y con la excusa de buscar elementos que pudieran servir para una fuga, Montes admite que se realizaron esos cacheos en el exterior pero por razones “puramente operativas” y “siempre respetando la dignidad de las personas”.

Las entidades piden la dimisión o cese del director

Antonio Montes Rodríguez lleva al menos una década en funciones de responsabilidad dentro del Centro. Era jefe de seguridad cuando la congoleña Samba Martine falleció tras treinta y nueve días encerrada sin recibir la asistencia médica adecuada para la dolencia que la llevo a la muerte.

Conocido por su carácter fuerte, los internos siempre han manifestado quejas cuando “Antonio” (así lo suelen nombrar) ocupaba el máximo cargo como responsable de seguridad. Incluso quien fuera titular del Juzgado de lo penal nº 6 en funciones de control CIE durante nueve años, Ramiro García de Dios, ha declarado en diferentes oportunidades que en el ambiente se lo conoce como “el sádico”.

Ya en 2009, el libro “Voces desde y contra los Centros de Internamiento de Extranjeros, editado por las organizaciones Médicos del Mundo, SOS Racismo Madrid y la Red de Apoyo Ferrocarril Clandestino, recuperaba una innumerable cantidad de testimonios en donde se inculpaba a las autoridades del CIE, director y jefe de seguridad, de vulneración de derechos humanos y hechos constitutivos de delito.

“…los policías están enfadados con lo que está saliendo a la luz y el jefe del CIE les ha llamado la atención y está haciendo esto último. Lo que me enteré: a las tres de la mañana les han sacado desnudos a trotar por la cancha de fútbol [en realidad de baloncesto, en el patio de hombres], que se ha vuelto costumbre, por ahí que salen a trotar, trote, trote todos”, refiere el testimonio de Diego, ciudadano boliviano, recogido en enero de 2009.

Con el nuevo auto dictado por la jueza Inmaculada Iglesias Sánchez, las entidades denunciantes exigen “la dimisión o cese del director del CIE de Aluche como último responsable de los hechos”.

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/cie-d...

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Reclaman que las instituciones dejen de prestigiar y apoyar a la industria armamentística vasca

30 May, 2019 - 00:00

Naiz|Gasteiz

Los convocantes han remarcado que en Euskal Herria «hay más de un centenar de empresas que dedican parte o toda su producción a fines militares», armas que «se utilizan, por una parte, en las operaciones de guerra de la OTAN, de la UE o de los ‘ejércitos pacificadores' y, por otra, se exportan a países en conflicto, como Arabia Saudí, Turquía, Israel, Egipto…».

Asimismo, han denunciado «la implicación e hipocresía» de administraciones públicas, instituciones educativas –universidades, centros de formación profesional o centros de investigación–, entidades bancarias y partidos políticos que «alaban, apoyan y prestigian socialmente a los empresarios que invierten e impulsan el sector militar».

Los colectivos han reclamado que se termine con esta postura, ya que la industria militar da «pingües beneficios para unos pocos mercaderes de la muerte» mientras que «tiene fatales consecuencias en las vidas de millones de personas».

«Nuestro derecho al trabajo no puede estar por encima del derecho a la vida y a la libertad de otras personas», remarcan, por lo que demandan «la reconversión de la industria militar vasca en producción para uso civil, atendiendo a criterios éticos, sostenibles y solidarios».

Además, exigen que las instituciones públicas ofrezcan «una acogida real para todas las personas que llegan a nuestras tierras. Si nuestras bombas son responsables de que miles de personas se vean obligadas a desplazarse de forma forzosa, tenemos el deber de construir ciudades y pueblos de acogida».

Fuente: https://www.naiz.eus/eu/actualidad/...

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Vidas gobernadas: La biopolítica según Foucault

30 May, 2019 - 00:00

La biopolítica es un concepto introducido por Foucault para describir las transformaciones de las formas de gobierno modernas, caracterizadas por el despliegue de todo un conjunto de tecnologías, prácticas, estrategias y racionalidades políticas que tienen como objetivo el gobierno de la vida.

Ester Jordana Lluch
Investigadora y docente

El uno de marzo hizo diez años de la muerte de Pepe Rubianes, el entrañable canalla cuyo corrosivo humor crítico salvó a más de una y más de uno de caer en manos de Paulo Coehlo. Si asomase la cabeza unos segundos para ver cómo ha ido la cosa en estos años, probablemente se sonreiría y diría algo así como “pues mira, qué queréis que os diga, viendo lo visto, igual mejor muerto que preso”. Durante una década, Rubianes llenó una y otra vez el Teatro Capitol de Barcelona con el monólogo “Rubianes solamente”, una ficción autobiográfica a través de la cual el actor efectuaba una hilarante crítica social (si no lo has visto aún, lo tienes en youtube). Uno de los momentos más desternillantes del monólogo era cuando, emulando un musical, teatralizaba a modo de coreografía colectiva la “alegría social” que se desencadena todas las mañanas de camino al trabajo. Rubianes evocaba a multitudes sonrientes y felices cantando y bailando juntas: “¡Vamos a trabajaaaar!, ¡a traaa-baaa-jaar!”. Una escena delirante que arrancaba una sonora carcajada en el público. “Semejante funcionamiento social”, decía para sí sonriéndose.

Quién sabe las derivas que hubiera tomado ese monólogo a lo largo de estos diez años. Sin embargo, no deja de tener sorna descubrir que las empresas de todo el mundo destinan hoy en día muchísimo dinero a generar, efectivamente, alegría social en el trabajo. No es ninguna broma cínica, parece que han demostrado que la felicidad incrementa la productividad y, desde entonces, multitud de coaches han hecho el agosto. De hecho, no me extrañaría que a alguno de ellos se le haya ocurrido que hacer coreografías conjuntas mejora la autoestima y la cohesión de grupo. Podría ser que, en alguna parte del mundo, un grupo de trabajadores dispuestos en fila con los brazos entrecruzados estén ahora mismo bailando al unísono y gritando motivacionalmente “¡vamos a trabajaaaar!, ¡a traaa-baaa-jaar!”. Sí, querido Pepe, sí... “semejante funcionamiento social”.

Objetivo: el gobierno de la vida

Más allá de lo liberador de un ejercicio de sátira como ese, la cuestión es preguntarnos cómo somos capaces de vernos inmersas en esas actividades sin soltar una carcajada ante lo aparentemente irrisorio de esas propuestas. La respuesta es que esas técnicas de gestión de nuestras conductas, afectos o pensamientos no son una mera colección de las estrategias de management empresarial de algún gurú de moda. Arraigan, mucho más profundamente, en aquello que Michel Foucault trataba de caracterizar como la transformación política que acompaña la constitución de las sociedades modernas: el despliegue de todo un conjunto de tecnologías, prácticas, estrategias y racionalidades políticas que tienen como objetivo el gobierno de la vida.

En efecto, para que la economía capitalista funcione, no basta con instituir la propiedad privada y la división del trabajo; son necesarias todo un conjunto de tecnologías para hacer efectiva esa división del trabajo, es necesaria la selección y clasificación de las aptitudes y capacidades de la población, organizar esas formas de producción colectiva. No basta tampoco con que el trabajo dependa de las contingencias empresariales obligando a una enorme masa de gente a desplazarse irremediablemente de un lugar a otro. Además de eso, es necesario hacer que trabajen efectivamente, hay que supervisar las tareas a realizar, establecer mecanismos de rendición de cuentas, hacer rentable el tiempo de trabajo, etc.

Para que la economía capitalista funcione, no basta con instituir la propiedad privada, la división del trabajo y la organización social del mismo, son necesarias todo un conjunto de tecnologías para hacer efectiva esa división del trabajo, es necesaria la selección y clasificación de las aptitudes y capacidades de la población.

Las tecnologías que organizan ese gobierno de la vida fueron fundamentales para el despliegue del capitalismo. Sin embargo, esas estrategias de gobierno no tienen por finalidad última garantizar el adecuado funcionamiento del sistema productivo. El gobierno de la vida constituye un ámbito autónomo de actuación y regulación de la vida misma, sus formas y límites, sus amenazas y defensas. Para ello, la población se constituirá como una categoría que estará en la encrucijada de todo un conjunto de saberes y tecnologías de gobierno a través de la medicina, la sociología, la biología, la psicología, la psiquiatría y, cómo no, la estadística como aproximación transversal a todas ellas. La escala biopolítica permite, en efecto, conocer y gobernar fenómenos considerados hasta entonces como accidentales o azarosos a partir de poder determinar su frecuencia, incidencia o patrones de repetición a lo largo del tiempo. Se desplegarán así todo un conjunto de mecanismos destinados a gestionar la seguridad, detectar situaciones de riesgo o peligrosidad que permitan determinar el modo de intervención política necesaria. Peligrosidad en términos de enfermedad, a través de la higiene pública, el control y gestión de las enfermedades, prevención de las epidemias, políticas de salud tanto en casas y lugares de trabajo como en barrios y ciudades. Peligrosidad también en términos de criminalidad, necesidad de determinar qué riesgos de criminalidad son inherentes a determinados sujetos, lugares o situaciones, el control y vigilancia generalizados de la población como métodos que permitan intervenir en caso necesario.

Esas estrategias de gobierno se despliegan tanto en la escala concreta de los cuerpos (las relaciones que establecen, los espacios que habitan, sus capacidades, conductas o afectos) como de la población (sus movimientos, su volumen, sus afecciones y amenazas). En el seno de esa doble dimensión, la norma se erige el concepto vertebrador que articula la escala del cuerpo y la de la población. En la escala del cuerpo, todo un conjunto de tecnologías destinadas a producir cuerpos y capacidades normales; en la escala de la población, todo un conjunto de tecnologías destinadas a regular las relaciones de unos fenómenos con otros para mantenerlas dentro de los parámetros de la “normalidad”. La biopolítica va, pues, de la mano de la instauración de la norma como un mecanismo de orden y organización social cuya centralidad pone en crisis el orden social que pivotaba en torno a la ley. En efecto, si la ley era concebida como un mecanismo que prohíbe, impidiendo y limitando determinadas acciones, la norma actuará positivamente prescribiendo o regulando qué es lo que debe suceder y cómo. Eso no significa que la ley desaparezca o retroceda en favor de la norma, pero sí quedará resituada a partir de ese nuevo paradigma de gobierno.

No se trata de un poder que se ejerce de modo jerárquico o vertical, se trata, por el contrario, de producir permanentemente determinados modos de vida apoyados en mecanismos que se deslizan hasta lo más íntimo de nuestra subjetividad, operando sobre nuestros cuerpos, nuestros pensamientos, nuestras conductas y nuestros afectos.

La “libertad” según el liberalismo

A nuestro juicio, y contra ciertas lecturas sobre el autor, una de las críticas políticas fundamentales que se derivan del análisis de la biopolítica como forma de gobierno es, justamente, cómo esta permite impugnar los principios de gobierno enunciados desde posturas liberales y neoliberales. Allí donde tanto el liberalismo como el neoliberalismo se presentan como formas de gobierno que tratan de defender las libertades de los individuos limitando lo máximo posible la acción gubernamental sobre ellos, Foucault muestra cómo, justamente, esa racionalidad de gobierno basada en el cálculo de cuánto es necesario gobernar necesita apoyarse en una multiplicidad de tecnologías y prácticas de observación, vigilancia, registro y monitorización constante de la vida. No se trata, en efecto, de un control coercitivo, de un poder que se ejerce de modo jerárquico o vertical, se trata, por el contrario, de producir permanentemente determinados modos de vida y de relación, intervenir sobre nuestras experiencias, operar movilizando nuestros deseos, inducirnos o disuadirnos de tomar determinadas decisiones. Ese gobierno de la población no deja de apoyarse en mecanismos que se deslizan hasta lo más íntimo de nuestra subjetividad, operando sobre nuestros cuerpos, nuestros pensamientos, nuestras conductas y nuestros afectos. Por tanto, resulta un tanto cínico escuchar a los liberales hablando de la necesidad de preservar la libertad individual de toda injerencia gubernamental mientras no tienen reparos en impulsar prácticas de gobierno que tienen como objetivo operar sobre la conducta, el pensamiento o los afectos de esos sacrosantos sujetos.

Foucault situaba el desarrollo de la crítica moderna como una de las formas de resistencia a esas formas de gobierno que, históricamente, han tratado de conducir la vida de la gente. Una crítica que, sin embargo, era necesario concebir y ejercer, a juicio del autor, como el modo de resistir, desafiar y cuestionar esas formas de ser gobernado: la crítica entendida como una actitud, una práctica y herramienta de lucha, no como un ejercicio intelectual.

Volviendo a las carcajadas que nos sonsacaba Pepe Rubianes al parodiar nuestras formas de organización social, podemos afirmar que, en efecto, una buena sátira encarna perfectamente esa actitud crítica. La sátira nos permite observar nuestras costumbres o hábitos sociales al tiempo que desautoriza de forma sacrílega e irreverente aquello que los legitima y los sostiene. Esa actitud crítica nos invita a que nos llevemos esa experiencia del teatro a la propia vida, nos invita a reconocernos en esa misma situación social que la sátira pretendía emular y ser capaces de sostener la carcajada ante esas formas de gobernar nuestra vida.

Ester Jordana Lluch es autora de Michel Foucault. Biopolítica i governamentalitat . Barcelona: Gedisa, 2019.

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/el-ru...

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FEINDEF (4): La feria internacional de la guerra se inaugura el 29 de mayo en Madrid

29 May, 2019 - 00:00

Josemi Lorenzo Arribas, Desarma Madrid, en El Salto.

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Felipe el facha

29 May, 2019 - 00:00

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Frontera Sur: Menos llegadas de inmigrantes, más militarización

29 May, 2019 - 00:00

Descienden desde enero un 85% las llegadas de embarcaciones irregulares a costas españolas mientras diferentes organizaciones hablan de “apagón informativo” y de mayor presencia de la Guardia Civil en el salvamento marítimo. Al mismo tiempo, las muertes y desapariciones no bajan pese al menor el tráfico.

Redacción El Salto

Bajan las llegadas irregulares de inmigrantes a las costas españolas en los tres primeros meses de 2019, según datos del Ministerio de Interior. Si en enero llegaron 4.104 personas, esa cifra se redujo hasta 588 en marzo, un 85,6% menos. En febrero, las llegadas (936) también fueron muy inferiores a las registradas en el primer mes del año.

Estas cifras, resalta Interior según recoge Europa Press, suponen un cambio de tendencia desde el año 2014, en el que se volvieron a registrar aumentos menuales en las llegadas por mar.

En los tres primeros meses de 2019, al menos 119 personas perdieron la vida o han desaparecido en su intento de llegar a las costas españolas, según la Organización Internacional de las Migraciones. El mes de marzo ha sido el que más desapariciones o muertes ha registrado en relación al número total de llegadas: las 53 muertes suponen un 179% más que las 19 del mes anterior, y tan solo 9 menos que las reportadas en enero, con un tráfico casi siete veces mayor.

Diferentes organizaciones sociales de defensa de los derechos humanos y de apoyo a las labores de salvamento marítimo y acogida vienen denunciando en los últimos meses una menor transparencia de las distintas agencias involucradas en la frontera sur, así como una creciente militarización de las labores de rescate y acogida a los náufragos.

Así lo denunciaron el viernes en un comunicado conjunto de prensa la Asociación ProDerechos Humanos de Andalucía (APdHA), el Sindicato de Periodistas de Andalucía y el centro Iridia. Estas organizaciones consideran que se está produciendo un “recorte de los medios de rescate de embarcaciones en el Estrecho y en el mar de Alborán, la militarización de estos recursos”, todo ello con el objetivo de presionar a Marruecos “para que sea este país quien realice las labores de salvamento y sea destino de las personas migrantes”.

En este sentido, las organizaciones denuncian de nuevo un “desmantelamiento paulatino” de Salvamento Marítimo y demandan que Marruecos no sea considerado un “puerto seguro” para la admisión de personas rescatadas en su viaje a la costa europea, y se remiten a informes de Amnistía Internacional o de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) en los que se destaca un marco legal menos garantista en dicho país y se recogen diferentes prácticas lesivas en el trato a las personas rescatadas (“violencia no justificada, agresiones de toda índole, robos, maltrato por las fuerzas de seguridad marroquíes”), irregularidades en los procedimientos de expulsión (“expulsiones sin garantías ni respeto a los derechos de las personas afectadas, entre ellas a mujeres y menores de edad, expulsiones en caliente sin ninguna garantía para aquellas personas que desean solicitar protección internacional, deportaciones a la frontera con Argelia o al sur del país”) o represión política a personas procedentes del Rif, entre otras.

Estos colectivos se reunieron el mes pasado con Benito Núñez, director general de la Marina Mercante, que les confirmó un “cambio de la filosofía operativa en el Sur”, que pasa por la dotación a Marruecos de salvamares (lanchas rápidas de rescate), con el objetivo de “proveer a Marruecos de medios marítimos propios”, y la formación de personal militar marroquí, todo ello bajo la supervisión tanto del Estado español y de FRONTEX (Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas).

Este mayor protagonismo de la Guardia Civil en el salvamento marítimo llega al extremo de haber incluido a tres agentes antidisturbios en el buque Clara Campoamor, que, según comunicó Núñez, es el único destacado ahora mismo en las aguas de Alborán y en el Estrecho, después de que otros tres buques fueran enviados a Cartagena, Alciante y Baleares. Las organizaciones cuestionan “la efectividad y seguridad de que un solo buque asuma una sección tan extensa de mar, antes cubierta por más embarcaciones”. Del lado civil, en enero fueron retirados los refuerzos de salvamento marítimo desplegados durante el pico de llegadas del pasado verano.

Por último, APDHA, Sindicato de Periodistas de Andalucía e Iridia demandan que se cierren los acuerdos de con Marruecos y con terceros países en materia de vigilancia y control de fronteras, y pidieron una mayor transparencia en todo caso a los Gobiernos, empezando por el español, en cuanto a los protocolos de actuación de las distintas agencias implicadas en estas tareas.

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/front...

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